La Junta ha instado al Ayuntamiento de Cádiz a que realice “de forma inminente” los trámites para solicitarle la declaración de la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de libertad de horarios comerciales; y coincide con asociaciones de comerciantes en la necesidad de limitarla de forma geográfica y temporal: al casco histórico y para los meses de mayo y septiembre, en los que se reciben más cruceristas. Si el Consistorio no interviene, se aplicará de forma general para toda la ciudad.
La delegación territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha instado al Ayuntamiento de Cádiz a que realice “de forma inminente” los trámites para solicitar a la administración autonómica la declaración de la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de libertad de horarios comerciales; y coincide con las asociaciones de comerciantes en la necesidad de limitarla de forma geográfica y temporal.
Economía anota que la Junta está obligada a declarar de oficio a la capital gaditana como Zona de Gran Afluencia Turística porque, según establece la normativa, es un municipio de más de 100.000 habitantes en el que durante el año 2015 se superó la cifra de los 400.000 cruceristas que llegaron a la ciudad (según los datos oficiales de Puertos del Estado).
El Gobierno andaluz apuesta por que esa declaración sea limitada a los meses de mayo y de septiembre, que son los dos en los que las estadísticas oficiales cuantifican el mayor número de viajeros; y solo para el casco antiguo, que es la zona de la ciudad con conexión con el puerto y que cumple con los criterios que establece la normativa de contener uno o varios bienes inmuebles declarados de interés cultural integrados en el patrimonio histórico artístico.
De esta forma, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Junta dice estar “en sintonía” con la opinión de los comerciantes locales integrados en Centro Comercial Abierto que no ven con buenos ojos una declaración general, sino solo una limitada, y que insisten en que la oferta comercial de la capital está suficientemente abastecida.
A este respecto, se recuerda al Consistorio –con el que ha habido contactos a nivel técnico- que el procedimiento solo se puede iniciar a solicitud del Ayuntamiento correspondiente, a la que se acompañarán informes de las organizaciones más representativas del sector empresarial, de las personas trabajadoras y de los consumidores y de la delegación territorial competente, y será sometido a dictamen del órgano asesor de la consejería con competencia en materia de comercio interior, el Consejo Andaluz de Comercio.
También se hace hincapié en que los plazos están a punto de finalizar ya que la declaración debe hacerse en el año posterior a las estadísticas que dan pie a este trámite, y que si en el periodo de seis meses (contando desde enero de 2016) no se ha solicitado una limitación la declaración “se aplicará de forma general”.
REUNIÓN CON EL CCA DE CÁDIZ
Esta misma semana, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, acompañado del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fran González, se ha reunido con los representantes del Centro Comercial Abierto de Cádiz -integrado por la Asociación de Comerciantes Cádiz XXI, Asodemer (mercado central) y la Asociación de Artesanos Erytheia-, para trasladarles la postura del Ejecutivo a este respecto y explicarles que con el objetivo de agilizar el proceso la Dirección General de Comercio cuenta ya con un borrador de propuesta de resolución para realizar la declaración en los términos planteados que solo está a la espera de que el Ayuntamiento realice los trámites administrativos.
En el encuentro, López Gil y González comprobaron que la opinión de los comerciantes coincide con los planteamientos de la Junta de Andalucía que apuesta por declarar la Zona de Gran Afluencia Turística, a afectos de horarios comerciales, en la zona correspondiente al casco antiguo de la ciudad; en los meses del 2 al 31 de mayo (ambos incluidos) y del 1 al 30 de septiembre (ambos incluidos); y por un periodo de vigencia de cuatro años desde 2017 a 2020.
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