La eternizada Ciudad de la Justicia de Cádiz, de la que se viene hablando y prometiendo desde hace más de dos décadas, ya es un proyecto “irreversible”. Así lo ha pregonado este jueves el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, que con la connivencia del Ayuntamiento, ha anunciado en un acto celebrado en la Casa de Iberoámerica la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del estudio de viabilidad realizado por empresas privadas.
Para el Gobierno andaluz del PP se trata de un paso “clave” para un ambicioso proyecto a acometer en suelos municipales en los antiguos depósitos de tabaco cedidos gratis desde hace unos años (con José María González ‘Kichi’ en la Alcaldía), “ya que recoge la planificación en cuanto a su construcción, gestión, explotación y financiación”, que se acerca ya a los 230 millones de euros, mucho más del presupuesto que se calculaba no hace mucho tiempo, cuando se hablaba de unos 70 millones (cifra que ha ido elevándose progresivamente desde los alrededor de 30 millones que se planteaban inicialmente).
Una “hoja de ruta” sin fechas concretas para una demorada macrosede que aglutine todas las sedes judiciales de la capital a levantarse “por colaboración público-privada”, que proyecta un edificio principal de nueva construcción de nueve plantas de 20.800 metros cuadrados en lugar de las tres torres previstas hace menos de un año; y que se completará con las instalaciones ya existentes (a rehabilitar) destinadas a los servicios comunes.
“Hoy 8 de mayo, hace justo 24 años que se presentó el Plan de Infraestructuras de 2001 en el que ya iba este proyecto”, cuando todavía gobernaba el PSOE en la Junta. “Por eso, para nosotros era tan importante volver a Cádiz con realidades y no con palabras que se volvieran a incumplir porque eso hace daño a la democracia”, ha añadido este consejero en nombre del Gobierno derechista de Moreno Bonilla.
A su vez, el alcalde Bruno García, también del PP, ha agradecido a Nieto su presencia en Cádiz para explicar a los operadores judiciales los “avances” que se han producido en un proyecto “que ya va a ser una realidad”. “Hasta ahora ha habido mucha literatura y poco ladrillo, pero a partir de este año van a cambiar las cosas, después de muchos años de promesas incumplidas”, ha remarcado.
Sin embargo, frente a tanto triunfalismo, el PSOE no ve “más que humo”. “No tiene sentido que el consejero se dedique a desgranar un documento que está en exposición pública, que es un trámite administrativo, como si se hubiese hecho algún avance en la Ciudad de la Justicia, cuando la realidad es que no hay ningún avance”. Para el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, “Nieto, con la ayuda de Bruno García, se ha especializado en hacer anuncios vacíos”, mientras “la única certeza” a día de hoy es que la Junta para esta promesa tiene tan solo una partida en sus presupuestos de 2025 de apenas 765.000 euros.
“LA CIUDAD DE LA JUSTICIA ESTÁ EN MARCHA TRAS 24 AÑOS DE VAIVENES”
El consejero de Justicia, junto con el alcalde, ha presentado los detalles de este estudio de viabilidad desarrollado por la UTE conformada por las empresas Iridium, Martín Casillas y Carmocon a autoridades judiciales y colegios profesionales. Y ha concretado que tras su publicación en el BOJA, se someterá a información pública durante un mes para recibir alegaciones antes de enviarlo a la Oficina de Evaluación Financiera.
En ese momento se recabarán los informes preceptivos (Comité Técnico de Control de Precios, Gabinete Jurídico, Consejo Consultivo de Contratación, Dirección General de Presupuestos) además de los informes de explotación y de estructura de coste, que ya se han encargado.
El objetivo es sacar a licitación, en el último trimestre de este año, el pliego de condiciones, que marcará un plazo de 32 meses para el diseño y construcción del edificio de nueve plantas. Dentro de ese período, los seis primeros meses corresponden a la redacción y aprobación del proyecto de ejecución y el resto para la ejecución de las obras y puesta en servicio. Siguiendo esos plazos orientativos, si se cumplieran, debería ser una realidad a mediados de 2028.
Con todo, para la Junta, “la Ciudad de la Justicia, que necesita Cádiz para el presente y para el futuro, ya está en marcha tras 24 años de vaivenes, promesas incumplidas, documentos presentados públicamente y metidos en un cajón por diferentes consejeros de Justicia desde 2001”, se apostilla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
EL PRESUPUESTO SE ELEVA HASTA LOS CASI 230 MILLONES
La fórmula de la colaboración público-privada avanzada el pasado junio supone que la Junta no comenzará a pagar el edificio de nueva construcción planteado hasta que entre en funcionamiento. A partir de ahí, durante 27 años (hasta 2055, más o menos) abonará a la empresa adjudicataria un canon de 6,7 millones anuales que incluye la redacción del proyecto, la construcción y la gestión del edificio. O lo que es lo mismo, esta pata del proyecto faraónico supondrá a todos los andaluces casi 181 millones de euros.
La consejería propone la concesión de obra pública únicamente para la construcción del edificio de nueva planta, ya que las naves, las casas de los ingenieros y el depósito cedidos por el Ayuntamiento en estos suelos de los antiguos depósitos de tabaco serían rehabilitados por la propia Junta (que confía en lograr fondos europeos para ello).
Dichos espacios del complejo albergarán todos los servicios complementarios. Su adecuación necesitará de una inversión de hasta 47 millones de euros. En este caso, la previsión es sacar la licitación de la rehabilitación de las casas norte y sur este verano para que las obras comiencen a final de 2025.
UN BLOQUE DE NUEVE PLANTAS “ACCESIBLE Y SOSTENIBLE”
Finalmente, la idea es construir un edificio principal de un bloque, en lugar de uno con tres torres como la propuesta planteaba en un principio, con nueve plantas en lugar de ocho, más la planta baja y un semisótano. La consejería ha solicitado a la iniciativa privada estos cambios para contar con más espacios diáfanos y versátiles que se adapten al nuevo modelo de tribunales de instancias y oficinas judiciales que establece la nueva Ley de Eficiencia.
El acceso principal será por la plaza que servirá de unión entre este edificio y los existentes. Todos los edificios del complejo estarán unidos por ese gran espacio público que será la plaza central que “se convertirá en un punto neurálgico de la capital gaditana, ya que conectará los barrios de La Laguna y Loreto-Puntales”.
En total, esta Ciudad de la Justicia tendrá más de 38.500 m2 entre el edificio principal (20.800 m2 incluida la planta bajo rasante), el antiguo depósito de tabacos (7.732 m2), las naves (8.095 m2) y las casas de los ingenieros (1.898 m2).
La distribución del edificio de nueva construcción (diseñada entre los técnicos de la Junta y de las empresas privadas) prevé que los servicios para la ciudadanía y las salas de vistas se ubiquen en las plantas más bajas, para que el acceso del público sea más fácil, mientras que las más altas se destinen a las oficinas y despachos de los profesionales, que tendrán así “mayor privacidad para trabajar y se evitará un flujo permanente de personas por todo el edificio”.
No obstante, esta distribución “no es fija hasta que no haya un acuerdo absoluto de todos los operadores jurídicos”, ha señalado el consejero en su exposición.
En principio, en el semisótano estará la zona de detenidos, las dependencias dedicadas a instalaciones y mantenimiento, así como los aseos, vestuarios para personal de limpieza y seguridad y la sala de descanso. En la planta baja estará el control de seguridad, el Juzgado de Guardia, zona específica para la Jurisdicción de Menores; el mostrador de atención al público del Registro Civil; aseos, vestuario y salas de descanso y lactancia para personal y también unos aseos públicos.
En la planta primera estarán la sección y la Fiscalía de Menores, la oficina de los profesionales del Registro Civil, los servicios de mediación (PIMA, SEMPA y el futuro SEMCA) y de atención a víctimas (SAVA), así como las instalaciones para los colegios profesionales.
Habrá un total de 20 salas de vista que se concentrarán en la segunda y la tercera planta. En la cuarta se ubicarán los órganos de lo Contencioso-administrativo y de lo Social; en la quinta la Fiscalía Provincial; en la sexta los tribunales de lo Penal y las secciones de lo Penal de la Audiencia; en la planta séptima los de Instrucción, los de Violencia sobre la Mujer y más secciones penales de la Audiencia. En la planta octava los órganos de Familia y de lo Mercantil junto con las secciones civiles de la Audiencia y en la última planta los tribunales de Primera Instancia y la presidencia de la Audiencia Provincial (órgano que en principio ha pedido quedarse donde está, en el edificio de la Cuesta de las Calesas).
Además, se remarca que este futuro edificio será “plenamente accesible y sostenible”, ya que se utilizarán materiales de construcción ecológicos y que aprovechen la luz natural y la energía solar para garantizar la eficiencia energética.
RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS YA EXISTENTES
En cuanto a los edificios existentes, en la casa norte estará el Servicio Común General (Junta Electoral), el Decanato, la Coordinación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la Biblioteca. En la casa sur tendrán sus dependencias la Gerencia de la sede judicial, las mutualidades, los traductores y peritos y los sindicatos. Y en el llamado Depósito 1961 estarán los servicios comunes Procesal y de Ejecución y la clínica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).
La rehabilitación y adecuación de estos edificios, con una inversión prevista de 47 millones (de ellos 5 millones para equipamiento del archivo con la última tecnología), se ejecutaría en paralelo al edificio de nueva planta, comenzando con las casas de los ingenieros para luego continuar con el Depósito 1961 y terminar con las naves, una de las cuales se destinará a archivos y la otra a un “gran salón de actos que además se pueda usar en casos de macrocausas y una sala de bodas”.
En definitiva, ya está en información pública el estudio de viabilidad de un proyecto al que le quedan todavía dimes y diretes. “Esperamos que la próxima vez que el consejero Nieto pase por Cádiz sea para anunciar licitaciones y avances concretos, no para leer un documento que está en exposición pública”, han cuestionado por su lado desde el PSOE local; que no pasa por alto una vez más la actitud de Bruno García, “actuando como fiel militante, sin ser capaz de exigir nada para Cádiz, porque sigue más centrado en su papel de presidente provincial del PP que en el de alcalde de la ciudad”.
