La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado alegaciones al Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Cádiz, aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio. Un instrumento que se entiende “imprescindible” para poder abordar los graves problemas de acceso a la vivienda digna de muchas familias de la ciudad, especialmente las más desfavorecidas.
En su momento, desde el Gobierno municipal de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común se dijo que tiene como principales ejes el acceso a la vivienda en alquiler de las personas más vulnerables, la modificación del Plan General y las ordenanzas municipales para aumentar el coeficiente de reserva en los suelos no consolidados para viviendas protegidas, el plan de renovación del parque público de viviendas municipales, y programas de información atención y participación.
Mientras, desde la Apdha, cuyos representantes han detallado sus alegaciones este martes a los periodistas, han resaltado el contexto en que se somete estas sugerencias al plan. Por un lado, se reconoce que aunque se han dado pasos positivos en este tema en el último período tanto por parte del Ayuntamiento como por la delegación territorial de Fomento y Vivienda de la Junta, “lo cierto es que han sido modestos comparados con la magnitud de emergencia habitacional que vivimos en nuestra ciudad. Hay que saludarlos desde luego y son positivas esas medidas, pero muy insuficientes”.
Algunos hechos conocidos son ilustrativos, se subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz: “la existencia de una bolsa de demandantes que alcanza las 7.185 familias; la continuidad de la lacra de la infravivienda que afecta entre 350 y 450 familias; la existencia de 4.928 viviendas deshabitadas; la creciente turistificación sobre todo del casco histórico que está disparando los precios de alquiler (una de las ciudades más caras de España); o los graves problemas de accesibilidad (ascensores) en una población crecientemente envejecida”.
La continuidad de estos problemas que hacen imposible el acceso a una vivienda digna de una buena parte de la población de la capital, “tiene su origen en la falta de consideración del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y garantizado pese a estar reconocido como tal en la Ley Andaluza de 2010”. Es por lo que los presupuestos autonómicos para vivienda “son absolutamente raquíticos y muy alejados de las necesidades”.
Pese a este contexto, la Apdha ha valorado positivamente la presentación del Plan de Vivienda y su contenido, especialmente si se compara con el anterior borrador de 2015 presentado por el equipo de Gobierno del PP. El aprobado meses atrás “mejora sensiblemente la concepción del mismo en cuanto a diagnóstico, objetivos y estrategia, abordándose de forma realista las actuaciones a partir de cuatro ejes estratégicos: social, vivienda, rehabilitación y gestión”.
También ha sido valorada positivamente el esfuerzo por fomentar la participación y recoger las opiniones de colectivos sociales por parte del Ayuntamiento y su empresa de vivienda Procasa, “contrastando con la cerrazón y la falta de interlocución del anterior Gobierno de Teófila Martínez”.
LAS ALEGACIONES
Sin embargo, pese a esa valoración positiva, este colectivo ha presentado alegaciones al documento con el objetivo de plantear modificaciones de mejora del mismo.
Básicamente, estas alegaciones giran en torno a ocho propuestas. Por un lado, la necesidad de actualizar el Registro de Demandantes, “ya que, aunque refleja en buena medida la situación social de nuestras familias, también es posible que existan disfunciones, sobre todo si comparamos con los municipios de nuestro entorno (Cádiz registra el 10,86% de toda la demanda de vivienda de Andalucía)”. Y en consecuencia de ello, se considera necesario “establecer una mejor priorización de los colectivos vulnerables”.
También se plantea aclarar los datos contradictorios existentes en cuanto al estado de la edificación, garantizar la inspección de viviendas con medios materiales y humanos necesarios, revisar la ordenanza de conservación y rehabilitación… Y elaborar la ordenanza de viviendas deshabitadas, que, en la línea de la Ley Vasca, combine adecuadamente las ayudas e incentivos con las medidas de carácter punitivo
Otra de las alegaciones de la Apdha va en la línea de actuar sobre la accesibilidad (ascensores), en la que prácticamente sólo se contempla el programa municipal de carácter asistencial ‘Salgamos a la calle’, presentado recientemente.
También, establecer una moratoria para la autorización de viviendas turísticas, al igual que en otras ciudades, en tanto se aprueba la compleja pero necesaria ordenanza.
Y finalmente, combinar este Plan de Vivienda y Suelo con la revisión global del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “que ha de hacerse con una óptica territorial de Bahía de Cádiz con el consenso de otros municipios”.
