La Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (Apdha) ha alertado de un nuevo desahucio en la capital gaditana, y por parte de una entidad pública, que “pone rostro al cada vez más angustioso problema de la vivienda” en la ciudad, como en tantos puntos del Estado español.
Se trata del caso de Laura y su familia, con un bebé de un mes, y dos niños de 3 y 12 años. Van a ser desalojados de un piso de la Junta (de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) que este vecina ocupó ilegalmente hace año y medio.
“Un piso por cierto que estaba vacío desde hace cinco años y se encontraban en lamentables condiciones, teniendo ellos que acometer desde sus posibilidades un mínimo adecentamiento del mismo”, expone la Apdha, que asegura que la familia ha intentado en varias ocasiones hablar con la Junta, “pero en su soberbia, ni siquiera han aceptado escucharla”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta entidad manifiesta su respaldo a Laura y sus hijos, y exige al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla que paralice en el juzgado el proceso de lanzamiento hasta tanto ofrezca una alternativa habitacional para esta familia vulnerable.
“ENTENDEMOS LAS DECISIONES DESESPERADAS… CUANDO HAY PISOS VACÍOS”
Ante esta situación, la Apdha precisa una vez más que no comparte la okupación de los pisos públicos, porque considera que la asignación de estos corresponde a la lista de municipal demandantes que manejan desde el Ayuntamiento. Pero “entendemos perfectamente que la situación por la que están pasando muchas familias les lleven a tomar decisiones desesperadas”.
Es más, añade, “se entiende aún mejor cuando nos consta que tanto la empresa municipal de Vivienda (Procasa) como AVRA (de la Junta) mantienen vacías un buen número de viviendas, exclusivamente porque no quieren gastarse nada en el parque público para rehabilitarlas y ponerlas al servicio de la ciudadanía, y que algunas familias puedan dignificar su vida accediendo a una vivienda”.
“ACTITUD INDECENTE DE LA JUNTA”
Además, como en casos anteriores de desahucios promovidos por el Ayuntamiento gaditano por la ocupación de varios de sus viviendas, esta asociación remarca tres agravantes en la “indecente actitud” de la Junta tratando de dejar en la calle a Laura y sus tres menores.
La primera es que existe un decreto, prorrogado hasta 31 de diciembre 2025, que suspende la ejecución de los desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional.
La segunda cuestión, “aún más sangrante”, es que esta familia, al igual que en otros casos anteriores, hay menores: “¿cómo se atreve la Junta a echar a la calle a tres niños sin ofrecer una alternativa habitacional para que no duerman bajo un cartón?”, se pregunta la Apdha.
Finalmente, un tercer elemento se suma a este procedimiento de desahucio, que, al igual que ha hecho el Gobierno local de Bruno García meses atrás, se ha iniciado mediante proceso penal, “lo que supone un agravante para las familias, ya que supone que lleguen a tener antecedentes penales, cuyas consecuencias son evidentes”.
“NO ES UNA PLAGA BÍBLICA…”
La Apdha reitera que el problema de la vivienda en España, que ya es la principal preocupación para muchos ciudadanos, y que especialmente se ceba en las personas con menos recursos, “no es un drama bíblico, ni una plaga: es la consecuencia de muchos años de abandono de las políticas de vivienda por parte de las distintas administraciones competentes”, en el caso de Cádiz el Ayuntamiento, la Junta y el Estado.
“Han sido décadas de incurias y negligencias, en favor de la iniciativa y de la especulación privada de la vivienda y el suelo”, se apostilla.
Además, se dan cifras: “en la provincia gaditana sólo en el primer trimestre de 2025 se han producido 27 desahucios, la inmensa mayoría por impagos de alquiler”.
