“Que los gaditanos no se beneficien de la limitación de los precios de los alquileres por la negativa del PP a nivel andaluz, con el silencio cómplice de Bruno García, le convierte en responsable de la situación”. Así lo entiende Izquierda Unida (parte integrante de la coalición Adelante Izquierda Gaditana), que también reclama que la capital gaditana sea declarada como zona tensionada tal y como recoge la nueva Ley de Vivienda Estatal “para impedir que siga aumentando el precio de los alquileres”.
Sin embargo, el PSOE ya presentó al pleno municipal de marzo una moción al respecto, instando a exigir a la Junta a retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra dicha ley, y a declarar Cádiz como zona tensionada, pero el PP tumbó la moción; para los socialistas, el primer edil gaditano se ponía de este modo “del lado de la especulación y no del derecho a la vivienda”. “Por mucho que sonría mientras dice ser el alcalde más social, la realidad es que ha rechazado pedir la regulación del precio del alquiler para no molestar a la Junta, por lo que no podrá decir nunca que hace todo lo posible por solucionar el problema de la vivienda”, sostienen desde el principal partido de la oposición.
Pese a ello, desde IU se abunda en la necesidad e idoneidad para la capital gaditana de esta declaración de zona tensionada, ya que “permite intervenir para establecer un límite de máximos y mínimos en el precio”, teniendo en cuenta que “uno de los grandes problemas que tenemos es el coste de los alquileres residenciales”. Medidas como estas “sí que son las efectivas y necesarias para que los gaditanos puedan seguir viviendo aquí, y por tanto, evitar la pérdida de población y de empadronamientos”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la portavoz local de IU, Marga Forné, evidencia “que la ciudad lleva años sufriendo una escalada considerable en el importe de los alquileres de viviendas motivada, entre otros factores, por el auge de las viviendas turísticas”, por lo que medidas como la modificación puntual del Plan General para limitar estos pisos turísticos, como se aprobó en el pasado mandato (a iniciativa del gobierno local izquierdista), “han sido eficaces para frenar su proliferación”, pero “hay que ir más allá e intervenir sobre el precio de alquiler, como permite la citada ley, ya que las administraciones no pueden permanecer impasibles, como hace el alcalde Bruno García, mientras hay familias que destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar el alquiler”.
“De este modo sí que se permitiría mejorar la vida de muchos vecinos, con especial incidencia en las personas jóvenes y en las familias con rentas bajas, para que puedan permanecer en la ciudad, manteniendo de esta manera el padrón por encima de los 100.000 habitantes”, insiste Forné; pero, para ello “es fundamental que el Ayuntamiento se implique, y exija a la Junta que solicite la declaración de zona tensionada”.
“EL ‘GOLDEN EMPADRONAMIENTO’ ES UNA BURDA OPERACIÓN DE MAQUILLAJE”
En este punto, IU reclama al popular Bruno García que “deje la confrontación partidista” contra el Gobierno de España de PSOE y Sumar, “y anteponga los intereses y derechos de los vecinos”, exigiendo a su partido a nivel andaluz que no le ponga obstáculos a la ley estatal.
Y por último, se pide al alcalde de derechas que “deje atrás ideas peregrinas y caducas” como el llamado ‘golden empadronamiento’, buscando que turistas y visitantes con segunda residencia en Cádiz se empadronen ya que “es una burda operación de maquillaje” frente a la sangría poblacional que no cesa año tras año, y además, “fomenta aún más la turistificación y no proporciona medidas reales para ayudar a los vecinos para que puedan seguir viviendo en la ciudad”.
