La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha instado al Ayuntamiento de Cádiz a que el solar de las Casitas Bajas, en el barrio de San Severiano, donde el propio Consistorio posee el 70% del aprovechamiento del suelo, se reserve a la construcción de viviendas en régimen de alquiler.
Propuesta que choca con la pretensión del nuevo alcalde del PP, Bruno García, que tiene claro que se destinará a viviendas en régimen de venta como se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, de tiempos de Teófila Martínez, bajo el argumento de que “en Cádiz tiene que caber todo”, vivienda social pero también de renta libre.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Apdha defiende que según datos del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, en la capital gaditana figuraban el pasado junio inscritos 4.364 solicitantes de viviendas protegidas en régimen alquiler: “ante esta necesidad, presentamos hace unos días una relación de propuestas al Ayuntamiento para contribuir en la búsqueda de soluciones al gran problema que es el acceso a una vivienda para buena parte de nuestra ciudadanía”. Es más, hace apenas unas semanas se ha celebrado un pleno monográfico extraordinario promovido por el PSOE.
No obstante, esta entidad lamenta que el destino que pretende dar el actual Gobierno de derechas al suelo público que queda en la ciudad “es en régimen de venta, bloqueando por lo tanto el crecimiento del parque público de vivienda municipal, e imposibilitando cualquier alternativa para buena parte de esos más de 4.000 demandantes, que solo pueden acceder a un régimen de alquiler social”.
SE DEMANDAN VIVIENDAS SOCIALES PARA JÓVENES, FAMILIAS CON RECURSOS LIMITADOS Y SINTECHOS
En esta línea, desde la Apdha se insiste en que este solar en San Severiano en situación de abandono y sin ningún uso desde 2008 sea dedicado a levantar viviendas destinadas al alquiler para gente joven, para familias con dificultades de acceso a una vivienda en régimen de alquiler, o para el programa ‘primero vivienda’ para personas sin hogar. Al respecto, se pide al Consistorio a que se lleven a cabo “las actuaciones urbanísticas que sean necesarias, como pueden ser la reparcelación y la modificación del PGOU”.
Sobre este terreno, el Ayuntamiento posee el 70% del aprovechamiento del suelo, “lo que podría dar lugar a la obtención de al menos 50 viviendas que sumar al parque público de viviendas municipales”. “Casas que -se reitera- deberían destinarse a alquiler asequible de la población joven que se ve abocada a abandonar nuestra ciudad para iniciar un proyecto de vida; a alquiler social de familias con recursos limitados cuyos ingresos no les permiten acceder a una vivienda en régimen de compra, ni alquilar a los precios prohibitivos del alquiler en Cádiz y que ostentan los primeros puestos en el registro de demandantes de vivienda; y también contribuirían a disminuir el número de sintechos”.
La asociación termina recordando que precisamente estas 50 viviendas fueron construidas tras la Explosión de 1947, “como respuesta social al complicado problema habitacional surgido en la ciudad”.
