El personal interino y laboral “en abuso de temporalidad” del Ayuntamiento de Cádiz se concentraba el pasado viernes en la plaza de San Juan de Dios, a las puertas del Consistorio, en señal de protesta por “el incumplimiento de los compromisos adoptados” por el alcalde, José María González ‘Kichi’, y su concejal de Personal, Demetrio Quirós.
Algo más de 150 trabajadores, de los casi 200 en abuso de temporalidad de la plantilla municipal, secundaban esta primera acción en el marco del calendario de movilizaciones planteado por la Plataforma de Personal en Abuso de Temporalidad en el Ayuntamiento de Cádiz (Patac).
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este colectivo se queja de la “pasividad” del equipo de Gobierno para dar una respuesta a la situación sufrida por los trabajadores municipales en abuso de temporalidad cuyas plazas han sido convocadas (en su mayoría sin agotar el plazo administrativo para ello), y cuya extracción de las convocatorias se ha solicitado por escrito, para que puedan acogerse a la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre.
Las plazas del personal en abuso de temporalidad deben incluirse en una convocatoria extraordinaria de estabilización y publicarse antes del 1 de junio de este año, según la nueva ley, “por lo que el tiempo apremia, y, sin embargo, desde Personal, se sigue sin dar respuesta”, denuncian los afectados.
“Esta situación y la publicación de dicha convocatoria, sin conocer si incluirá a todo el personal abusado, en su mayoría mujeres con una media de edad de 50 años, están provocando una clara inseguridad jurídica entre los trabajadores afectados que ya en su día superaron sus correspondientes procesos selectivos”, se apostilla.
Esta plataforma demanda a González Santos y a Quirós que tomen en consideración las medidas adoptadas en otras administraciones de ámbito local, “que han resuelto esta situación excluyendo de las plazas convocadas las que afectan al personal en abuso, con la anulación de las convocatorias de procesos selectivos ya publicadas, incluso procediendo a la devolución de las correspondientes tasas en concepto de derecho de examen a los afectados”. Medida que, por tanto, “entra dentro de la legalidad, y a partir de la cual se deberían negociar nuevas bases para los futuros procesos selectivos, acorde con lo que recoge la ley recientemente aprobada”.
En la actualidad, existe en el Ayuntamiento de Cádiz un centenar de plazas ocupadas por personal interino o contratado de larga duración (algunas de estas personas acumulan décadas de experiencia), que fueron convocadas a tenor del anterior Real Decreto-Ley impulsador por el ministro Miquel Iceta, y que cumplen los requisitos para ser estabilizadas a través de la ley vigente, que vino a sustituir a la anterior legislación.
