El PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz va a presentar una moción al pleno de mayo instando a la redacción de una ordenanza que tenga como objeto regular las bases para la tramitación y concesión de las distintas prestaciones en materia de Servicios Sociales.
“Es necesario clarificar cuáles son los derechos que tienen las personas y familias respecto a las ayudas y prestaciones que se tramitan, el procedimiento que se sigue y los criterios que se utilizan en cada caso y, de esta manera, garantizar una mayor transparencia”, entiende la portavoz municipal socialista, Mara Rodríguez; e insiste que esta ordenanza es una “herramienta fundamental” para garantizar la igualdad de las familias más vulnerables “atendiendo a la cobertura de sus necesidades sociales”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta edil de la oposición hace alusión a la actual situación socioeconómica derivada de la pandemia del coronavirus, “un escenario en el que la protección social ha tomado especial relevancia debido a muchas familias carecen de recursos con los que afrontar sus gastos más básicos”. “La ciudad –insiste- debe contar con una ordenanza municipal justa, clara y eficiente para que los técnicos puedan realizar su trabajo con la mayor garantía y para que los usuarios conozcan perfectamente los procedimientos y recursos a los que tienen acceso”.
Los socialistas aseguran que siempre han abogado por la creación de esta ordenanza, de hecho la iniciativa ya fue presentada y aprobada en el mandato anterior, “pero la falta de ejecución de este acuerdo por parte del equipo de Gobierno deja claro una vez más su compromiso con la ciudad y con quienes peor lo están pasando; pero no cejaremos en nuestro empeño hasta conseguir esta regulación tan necesaria”.
Rodríguez recuerda además que en varias ocasiones ha insistido también al Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ en la necesidad de poner en marcha la ‘ayuda única’, un proyecto incluido en el Plan Director de la concejalía de Asuntos Sociales que fue aprobado en 2018, y cuya finalidad es dotar a los usuarios de una ayuda global para cubrir las necesidades de luz, agua o alquiler, que sería gestionada directamente por el beneficiario: “es una propuesta demandada por los profesionales por ser una manera de configurar un modelo de organización que avance hacia la intervención comunitaria frente a las prácticas asistencialistas”, ha reiterado.
