Los comités de empresa del servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz, desde hace décadas explotado por Itelymp SL, advierten de que van a continuar con sus reivindicaciones por la dignificación de las condiciones de la plantilla, aunque haya salido el nuevo pliego de condiciones (tras tumbar el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía el anterior) y pudiera ser adjudicado.
En un comunicado conjunto remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, CCOO y Autonomía Obrera denuncian la “absoluta falta de responsabilidad institucional” de la UCA al sacar a licitación este nuevo pliego “sin haber negociado previamente con el colectivo de trabajadores; promoviendo y provocando un escenario conflictivo, e ignorando deliberadamente las consecuencias que ello conlleva”.
Al respecto, el rector Casimiro Mantell dejaba claro en un reciente escrito interno para ofrecer su particular versión sobre esta problemática a la comunidad universitaria, que “la elaboración de cualquier pliego en el ámbito de la contratación pública corresponde en exclusiva al órgano de contratación, sin que sea admisible la participación de ninguna empresa y/o colectivo ajeno en su redacción”.
Y añadía que la Universidad no puede atender reivindicaciones laborales que, a su juicio, “competen exclusivamente al contratista”, como el incremento salarial de 200 euros mensuales reclamado por las trabajadoras, que están movilizadas desde el verano hartas de su precariedad y sueldos que en la mayoría de los casos no supera los 1.000 euros.
“EL PLIEGO SÓLO PIENSA EN LA EMPRESA, SIN MEJORAS PARA LA PLANTILLA”
Tras consultar ese nuevo pliego de limpieza, el comité de empresa entresaca, como ya advirtió, que “aparece diseñado exclusivamente para restaurar y garantizar el margen de beneficio empresarial, sin contemplar mejoras reales para el colectivo. Su única finalidad es cubrir las obligaciones de sustitución que la adjudicataria ha incumplido durante años, provocando un deterioro grave y sostenido en la salud laboral de la plantilla”.
Y reitera que la “actuación mafiosa” de la UCA “ha facilitado la destrucción encubierta de puestos de trabajo mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no declarado, ejecutado con la complacencia activa de Itelymp y bajo la mirada cómplice de la propia institución en una injustificada falta de fiscalización del responsable técnico de la Universidad”.
“INTERVENCIONISMO CONTINUO DE QUIEN DEBE FISCALIZAR”
En este contexto de “opacidad y falta de ética”, Autonomía Obrera y CCOO instan a las posibles empresas licitadoras de este nuevo concurso a solicitar toda información y documentación: “solo así podrán evaluar con rigor el riesgo jurídico que supone convertirse en adjudicatario de un servicio marcado por la irregularidad, la destrucción de empleo y la judicialización del conflicto”.
“Existe riesgo de responsabilidad jurídica derivado de la demanda interpuesta por las trabajadoras contra la actual adjudicataria y contra la UCA, por una destrucción de empleo irregular y sistemática. Las empresas que decidan participar en este servicio serán cómplices de ello”, se asevera.
Y se vuelve a señalar a “las prácticas de apariencia mafiosa del responsable técnico del contrato”. De hecho, el anterior pliego cayó porque “no quedó garantizada la imparcialidad y objetividad en el proceso”, tras detectarse una modificación arbitraria de criterios de valoración de este responsable técnico “con el supuesto objetivo de favorecer a Itelymp”.
En paralelo, se avanza que se interpondrá un procedimiento contencioso-administrativo solicitando la anulación de la modificación contractual publicada por la UCA dos años después de que se produjera otro incumplimiento de Itelymp, “que durante dos años ha sido favorecida con un enriquecimiento ilícito tal como definía el pliego en cuanto a la falta de prestación de la bolsa de horas y su falta de descuento en la facturación”.
“Este funcionario -relatan CCOO y AO- promovió un acuerdo orientado a acallar al colectivo imponiendo el paso de una jornada laboral de 38 horas semanales a 35 horas, presentado como una mejora social, cuando en realidad se trataba de una maniobra encubierta para entregar a la empresa las bolsas de horas comprometidas en el pliego, y proceder de forma oculta a la destrucción adicional de más de 35.000 horas de empleo estructural”.
Para el comité, “esta es la realidad de la Universidad de Cádiz que debe asumir su responsabilidad institucional y jurídica y poner fin al descredito institucional, queriendo mantener una situación vergonzosa que se lleva produciendo treinta años, respaldando a un responsable técnico del cual hemos solicitado un proceso de investigación por las innumerables evidencias de maltrato, coacciones y chantajes que ha realizado a nuestro colectivo”.
“LA LICITACIÓN DEBE QUEDAR DESIERTA”
Los representantes de la plantilla entienden que “por responsabilidad empresarial” esta nueva licitación debe quedar desierta “hasta que se restablezca un escenario sin riesgos jurídicos para la nueva adjudicataria, así como procurando un escenario donde el colectivo sienta restituida sus lícitas reivindicaciones que han pagado con el deterioro de su salud laboral que el propio responsable técnico del servicio reconoce”.
“Las empresas licitadoras deben saber que este contrato no solo está contaminado por la falta de ética, sino que puede arrastrarlas a un conflicto judicial de gran envergadura. Las trabajadoras van a continuar con las legítimas reivindicaciones aunque haya salido el pliego de condiciones y pudiera ser adjudicado”, se apostilla.
