El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha acudido este miércoles a los Juzgados de San José para declarar en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 sobre el llamado caso de los chiringuitos, a raíz de la denuncia presentada en verano por Ciudadanos; la formación naranja le acusa de presunta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de estos establecimientos playeros por la supuesta trasmisión de la concesión de las explotaciones a los propios empresarios, algo que el Gobierno local rechaza que se haya llevado a cabo, aunque la Junta de Andalucía da por hecho que sí.
Esta citación se fechó inicialmente para el 8 de noviembre, pero fue aplazada hasta ahora debido a que entonces el primer edil debía atender a “importantes responsabilidades” programadas en su agenda (como el acto de hermanamiento de la ciudad con Quito). Sin embargo, en esta ocasión, el tener que declarar en sede judicial le ha hecho ausentarse, como diputado provincial, del pleno ordinario de la Diputación.
A la entrada y salida del juzgado, el primer edil de Por Cádiz sí se puede ha manifestado a los periodistas un expresivo “no sé muy bien qué hago yo aquí”. Y ha dejado caer que “igual lo que existe es un complot entre Cs y PSOE para intentar sentar el alcalde todas las veces posibles”. Asegura haber declarado en este “juicio absolutamente político” con “toda la tranquilidad del mundo y sin nada que ocultar”.
José María González lleva defendiendo semanas que en este tema la administración municipal “ha actuado en todo momento con la ley de nuestro lado” y pensando “en el interés general”.
El alcalde, que subraya el “compromiso” del Ayuntamiento con la desestacionalización de la actividad de los chiringuitos y con la estabilidad del empleo pero, al mismo tiempo, con la sostenibilidad de las playas; considera que “hay una solución” para este asunto que ha estado en todo momento encima de la mesa y que, desde luego, “no es mentir ni llevarlo a los tribunales”. Dicha opción pasa por “redactar un nuevo pliego que contemple la posibilidad de que los chiringuitos permanezcan todo el año, pero previamente los concesionarios tienen que renunciar a su concesión”. Al respecto, “si todo el mundo tiene a bien reescribir las reglas del juego volvemos a iniciar la partida, pero lo que no se nos puede exigir a nosotros es que cambiemos las reglas del juego en mitad de una partida que está en marcha”.
“HA HABIDO UN ERROR DE INTERPRETACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA”
En una nota remitida semanas atrás a DIARIO Bahía de Cádiz, el regidor volvía a plasmar su versión, y a explicar la situación que su Ejecutivo se encontró en junio de 2015, “heredando un pliego de chiringuitos mal hecho por el PP y que no contentaba a nadie”, y a la vez un cambio en la normativa de la Ley de Costas que “transformaba las condiciones en las que se había firmado el contrato entre el Ayuntamiento y los concesionarios”. También estaban sobre la mesa las peticiones de los empresarios demandando que los chiringuitos permanecieran durante todo el año, aunque cuando se presentaron al concurso público aceptaban el pliego de condiciones, que exigía su desmontaje en invierno.
Ante ello, el Gobierno local decidió hacer “lo más sensato”, que era iniciar un expediente “en base a la transparencia, no a ‘sotto voce’ y con la luz medio apagada”, para ver qué podía hacer la administración municipal para dar solución al problema y atender a las demandas planteadas. Así, se solicitaron los correspondientes informes a todas las partes implicadas, es decir, al propio Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y a Costas.
Dichos informes incluían cuestiones que “nos inquietan” en la medida de que “ponen el peligro el futuro de las playas”, como es la posibilidad de que “se amplíen las concesiones hasta 30 años, las ocupaciones hasta 300 metros cuadrados y que haya chiringuitos cada 150 metros”. Por ello, “el Ayuntamiento decidió no seguir adelante con el procedimiento”.
Enfatiza el alcalde gaditano que desde el Consistorio “se han hecho únicamente dos movimientos: ver si se podía hacer la transmisión de la titularidad y qué implicaba y, viendo en base a dichos informes que contravenía el interés público, se decide no hacerlo”.
A juicio del primer edil, ha habido “un error de interpretación grave” por parte de la Junta que es en lo que se fundamenta Cs para interponer su denuncia “de una forma malintencionada”. E insiste en que lo que se hizo fue consultarle a la Junta de Andalucía si se podía hacer la transmisión de la titularidad, pero “eso no implica que se haya producido”.
Por todo ello, apostilla el alcalde de Cádiz, la denuncia del partido naranja “responde a otro interés que no tiene que ver con las playas, con la estabilidad del empleo o con el interés público”, sino que únicamente busca “judicializar la vida política e intentar sentar al alcalde de forma sistemática en los juzgados”, como ya lo hizo el PP meses atrás con el llamado caso Loreto, aunque el juez no le dio la razón a la derecha.
LA JUNTA VE MÁS LÓGICO SOLVENTAR LA CUESTIÓN POR LA VÍA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
Por su lado, el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña, viene reiterando que “no es cierto lo que dice el Ayuntamiento de que no hubo una intención de transmitir la titularidad a los hosteleros”. Este socialista afirma que a finales del pasado año se celebraron reuniones con técnicos y hosteleros “y en ella se manifestó su intención de transmitir la titularidad de las concesiones y solicitar dicha transmisión”.
Y tiene claro que “se produce como consecuencia del decreto de Alcaldía de 3 de noviembre de 2017. La Junta, posteriormente, solicitó subsanación de la documentación y el Ayuntamiento subsanó”. Nueve meses después, en agosto, el mismo Consistorio gaditano “solicita a la Junta tenerse por desistido de un procedimiento que había finalizado el 30 de noviembre de 2017 e inició voluntariamente el Ayuntamiento”.
Así, el todavía delegado territorial apostilla que la administración autonómica ya dio por cerrados los procedimientos de la cesión de la titularidad de los chiringuitos al Ayuntamiento, por lo que la decisión municipal de “dar marcha atrás” debería dirimirse por la vía contenciosa-administrativa, ya que, entiende, “es excesivo” que se recurra a la vía penal.
