El pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz tenía previsto celebrar el juicio contra los detenidos a finales de 2021 principalmente en la barriada puertorrealeña del Río San Pedro, encausados por su participación en los disturbios producidos en noviembre de ese año durante la larga huelga del metal en la Bahía de Cádiz.
Sin embargo, se suspendía al considerarse que la competencia de este caso le correspondía a la Audiencia Provincial por la tipificación y la calificación del delito (desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños).
La nueva fecha para ese juicio ya en la Audiencia era este jueves 19 de septiembre, y como entonces, un nutrido grupo de personas, colectivos y sindicatos alternativos ha arropado a las puertas a las siete personas llamadas a sentarse en el banquillo, respondiendo a la llamada de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz.
De partida, la petición de la Fiscalía era de dos años por desorden público y un año por atentado a la autoridad para cada uno de los detenidos; mientras la defensa ha sostenido que en ningún momento deberían haber sido encausados ya que son trabajadores “que estaban ejerciendo un derecho constitucional”, reivindicando un convenio colectivo justo.
“Los enfrentamientos que posteriormente se produjeron tuvieron su origen en una concentración pacífica de los trabajadores por la protección de sus derechos laborales y fue la respuesta ante la innecesaria represión desplegada, pues la Policía Nacional ejecutó una injustificada carga con disparos de pelotas de goma y botes de humo”, argumenta la defensa de cinco de los siete trabajadores procesados.
UN ACUERDO EVITA LA POSIBILIDAD DE PRISIÓN
Y finalmente, según el relato de la CTM recogido por DIARIO Bahía de Cádiz, no habrá juicio al llegarse a un acuerdo previo con la Fiscalía, que evita que estas personas puedan verse en la cárcel. Tanto la Coordinadora del Metal como su abogado (del gabinete jurídico de Gestea) se han mostrado disconformes con el mismo “y hubiéramos continuado con el juicio porque todos son inocentes” pero “ante el gran riesgo que podía haber que tuvieran que cumplir cuatro años de condena algunos de ellos, entendemos y respetamos la decisión de los acusados que eran los que tenían que decidir y así lo han hecho”.
Es más, este sindicato alternativo revela que este mismo jueves han conocido que la Fiscalía había aumentado la petición de cárcel de tres a cuatro años, “entendemos que como una medida de presión para presentar el posterior acuerdo”. No sé acepto la primera propuesta, pero sí la segunda.
En definitiva, de los trabajadores que defendía el abogado de CTM, tres han sido absueltos (dos con anterioridad a este acuerdo). Además, a otro más se le ha rebajado la pena a seis meses. Y a otros tres se la ha recortado a un año y medio la condena. Además, a dos de estos tres procesados se les impone una multa de 900 euros a cada uno, que el propio sindicato se ha responsabilizado a asumir. Ninguno deberá entrar en prisión al ser la pena inferior a dos años y no tener antecedentes.
En cuanto a los otros dos encausados defendidos por otro abogado, uno se salva de la cárcel al aceptar una condena de año y medio, pero el segundo (también con la misma rebaja de pena) no podrá evitarla al tener antecedentes.
“Estamos totalmente en desacuerdo con la Justicia que ataca constantemente a los trabajadores y no a quien debiera y que, en este caso, se ha aprovechado de la situación personal de algunos de los acusados”, apostillan desde la CTM, que espera hacer un análisis “más profundo” de este caso próximamente. Del mismo modo, agradece públicamente “a todos los que os habéis preocupado y solidarizado con nuestros compañeros y a los que os habéis acercado a la puerta de la Audiencia Provincial”.
