El Ayuntamiento de Cádiz ha ofrecido una alternativa a las tres mujeres, dos de ellas con menores a su cargo, desalojadas este lunes día 28 de la finca que ocupaban de forma irregular en la calle San Juan. El desalojo ha sido efectuado por la Policía Nacional tras la orden dictada por la autoridad judicial y la denuncia del propietario. Se ha realojado a los afectados en una pensión mientras los trabajadores de Asuntos Sociales continúan valorando la situación.
El Ayuntamiento de Cádiz ha ofrecido una solución a las tres personas, dos de ellas con menores a su cargo, desalojadas en la mañana de este lunes día 28 de la finca de propiedad privada sita en la calle San Juan número 37, cuyas dependencias ocupaban de forma irregular.
A la zona, acordonada por la Policía Nacional desde temprano, acudían varios concejales del equipo de Gobierno para ofrecer apoyo a los desalojados e informarles de los trámites que desde el Consistorio se están llevando a cabo para mejorar su situación, objetivo en el que trabajaba el área de Asuntos Sociales y de Vivienda desde hacía varios días.
El desalojo ha sido efectuado por la Policía tras la orden dictada por la autoridad judicial. Se ha producido por la denuncia del propietario de esta finca que mantiene vacía. Dos de las familias tienen menores a su cargo, y llevaban más de un año y medio ocupando la finca. En la otra vivienda residía una mujer sola desde hace unos cuatro meses. Tras el desalojo, se ha procedido a tapiar las entradas para que no vuelva a ser ocupada.
En concreto, la solución municipal consiste, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, en el realojo de los afectados en una pensión de la capital mientras los trabajadores de Asuntos Sociales continúan valorando su situación, apoyándolos y asesorándolos en la búsqueda de una alternativa habitacional. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de estas personas un vehículo municipal para transportar las bolsas en las que han guardado sus pertenencias
La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha insistido en “la necesidad de que los ayuntamientos y la autoridad judicial estemos coordinados para intentar evitar situaciones como las vividas hoy, ante las que se pueden buscar alternativas. En ello estamos, en la elaboración de un protocolo para mejorar la actuación de las instituciones en estos casos”.
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