Cuatro de las cinco familias inquilinas en la problemática finca de la calle Javier de Burgos, en el centro histórico de Cádiz, han aceptado y firmado la última propuesta de la propiedad de este edificio semi en ruinas con ratas y cucarachas, “tras la intervención de Sumar”, que se hace eco de este avance. Una sola familia sigue rechazando las alternativas habitacionales ofrecidas, pero se continúa trabajando para encontrar una “solución adecuada” para ese caso concreto.
“Desde Movimiento Sumar no llevamos por bandera la mentira ni el humo, sino el compromiso firme con la ciudadanía. Este es el resultado de un trabajo institucional constante, discreto y riguroso que no busca protagonismos, sino soluciones reales para las familias afectadas, como se ha visto relejado con la firma de los contratos”, sostiene en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz la diputada nacional por la provincia Esther Gil de Reboleño.
Dicha propietaria del inmueble (la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o más conocido como banco malo, con importante participación del Estado), que hasta que el caso no trascendía meses atrás a la luz pública (con denuncias de la Apdha y del Sindicato de Inquilinas) ha ignorado incluso los requerimientos de Urbanismo, ha garantizado “por escrito” a los actuales residentes que, una vez rehabilitada la finca, “podrán regresar a sus viviendas con contratos de alquiler social”.
De este modo, según Sumar, los contratos suscritos permiten a las cuatro familias que han aceptado una reubicación temporal (en propiedades de la propia Sareb), dos de ellas en la capital, y otras dos en la vecina San Fernando. De momento se están “adaptando” las casas de Cádiz, a las que estos inquilinos podrán trasladarse “en breve”.
“ERA COMPRENSIBLE QUE EXISTIESE DESCONFIANZA”
Gil de Reboleño celebra el realojo de los residentes de dicha finca inhabitable, remarcando que “desde Sumar tenemos un compromiso firme por el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables”, y alardeando de su trabajo institucional “constante, discreto y riguroso”.
Según la diputada de Sumar por Cádiz, era “comprensible que existiese desconfianza tras meses de incertidumbre”, pero considera que “el compromiso de Movimiento Sumar con este problema enorme, como es la vivienda, no puede ponerse en cuestión y la firma de los contratos es un ejemplo de que trabajamos como hormiguitas para encontrar poco a poco una salida”.
De hecho, el Sindicato de Inquilinas advertía el pasado julio, ante el primer anuncio de acuerdo hecho público por Sumar, que este partido estaba entorpeciendo las negociaciones: “responde a un intento de proteger a la Sareb, la cual actúa como un fondo buitre más”.
“Tenemos diferencias con la Sareb -terminan matizando desde Sumar, en el Gobierno de España junto al PSOE-, y creemos en un modelo de vivienda pública, social, digna, asequible y diferente al de la especulación, fuera de las dinámicas del mercado libre que expulsa a las personas de sus ciudades, que no permite a los jóvenes emanciparse o que arruina a las familias”. Para Gil de Reboleño, “eso solo puede conseguirse desde la presión conjunta: la institucional y la ciudadana”.
