CSIF exige al Ayuntamiento de Cádiz que asuma de una vez “un papel activo y firme, ejerciendo sus competencias de control y supervisión” del contrato del servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, explotado por Valoriza, y que inicie las actuaciones oportunas, incluidas medidas sancionadoras, “que obliguen a la empresa a cumplir de manera efectiva con la normativa en materia de seguridad y salud laboral, garantizando así unas condiciones dignas para toda la plantilla”.
Lo remarca esta sección sindical una vez que, tras sus denuncias, la Inspección de Trabajo ha constatado las “graves y muy graves” deficiencias que presentan los cuatro centros gestionados en la capital por la contrata de basuras.
En estas instalaciones, hay falta de ventilación (la propia inspectora señaló que es imprescindible que circule el aire en condiciones ya que los trabajadores están expuestos a agentes biológicos), falta limpieza en aseos y vestuarios, el estado de los suelos ya ha provocado accidentes (y sancionados ya por Inspección), la tensión eléctrica no cumple con los requisitos, los techos presentan peligro de derrumbamiento, las salidas de emergencias están fuera de la legalidad (apertura hacia dentro en vez de hacia fuera, falta de tiradores de apertura homologados) y dificultarían la evacuación en caso de emergencia.
Sin embargo, “la empresa, lejos de arreglar los problemas y asumir sus responsabilidades, mantiene su política de represalias y sanciones a trabajadores”, aseguran desde CSIF en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“MAXIMIZANDO BENEFICIOS A COSTA DEL SERVICIO Y LA PLANTILLA”
Este sindicato lamenta además que Valoriza haya superado ya más de una cuarta parte del contrato (valorado en unos 170 millones de euros durante una década), sabiéndose, incluso por parte del Ayuntamiento, “que es quien la contrata”, que “se están produciendo prácticas orientadas a maximizar beneficios a costa del servicio y de las condiciones laborales de la plantilla”.
“La seguridad y la salud de los trabajadores no pueden quedar al margen de la ejecución de un contrato público ni depender de la voluntad de la adjudicataria”, se insiste.
Por todo ello, se reclama a la contrata la subsanación inmediata de todas las deficiencias detectadas, la adopción de medidas reales que garanticen condiciones seguras en todos sus centros de trabajo, el cese de cualquier actuación que pueda suponer represalias contra trabajadores o representantes sindicales, que se asuma responsabilidades por parte de la empresa ante los hechos constatados, y una intervención efectiva del Gobierno local del PP.
