El Juzgado de Guardia se traslada a los bajos del estadio, y en el resto de órganos se implantará de momento el teletrabajo. La consejería de Justicia baraja varias opciones para resolver el problemón ocasionado a los cuatro juzgados de Primera Instancia y cuatro de Instrucción de la ciudad de Cádiz ubicados en este edificio.
Hasta conocer los daños reales y realizar las obras necesarias para resolverlos, la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha decidido clausurar en la capital gaditana el edificio San José, que alberga ocho juzgados.
En este sentido, desde el lunes 21 de noviembre, el Juzgado de Guardia estará operativo en los bajos del estadio Nuevo Mirandilla, mientras que se están preparando los medios materiales y técnicos para que el personal del resto de órganos teletrabaje mientras se barajan opciones para habilitar un espacio adecuado donde prestar el servicio en las mejores condiciones.
La Junta asegura haber informado de todas estas medidas al presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella; al juez decano, Antonio Rodríguez; al secretario coordinador provincial, José Manuel Seoane; al fiscal jefe, Ángel Núñez; al presidente de la Junta de personal de Justicia, y a los decanos de los colegios profesionales para planificar las distintas actuaciones y traslados previstos.
DE ACUERDO CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
La estructura del edificio San José, en extramuros, se ha visto dañada por los continuos baldeos de agua provenientes de los puestos del mercado que durante años ocuparon la galería comercial. La administración autonómica ya procedió en su día a apuntalar el sótano en la parte ocupada por los juzgados (de su propiedad) y requirió sin éxito a la entidad que gestiona el inmueble que acometiera los trabajos necesarios en el resto del edificio.
Ante estos hechos y de acuerdo con la Inspección de Trabajo, se ha decidido desocupar el edificio mientras se ha encargado un estudio de afección, en colaboración con la Universidad de Cádiz, para conocer el estado real del inmueble.
Al mismo tiempo, la consejería de Justicia baraja varias opciones para resolver el importante problema ocasionado a los órganos judiciales ubicados en este espacio (cuatro juzgados de Primera Instancia y cuatro de Instrucción).
Por un lado, se ha habilitado en los bajos del estadio Nuevo Mirandilla, donde ya funcionan otros órganos de la capital, un espacio para el Juzgado de Guardia. Asimismo, la toma de declaraciones y vistas programadas serán reubicadas en las distintas sedes judiciales de la ciudad de conformidad con los operadores jurídicos y conforme a las necesidades que vayan surgiendo.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se incide en que la consejería “está dotando de los medios materiales y técnicos necesarios” a los funcionarios de los juzgados afectados para teletrabajar, siguiendo la experiencia acumulada durante la pandemia del Covid-19, mientras se decide la solución definitiva una vez conocido el estudio de afección del edificio San José.
“AHORA NOS ACORDAMOS DE TODO EL TIEMPO PERDIDO”
Tras conocer este cierra del edifico de San José por el deterioro, el equipo de Gobierno gaditano ha lamentado la “discriminación” a la que, dice, está sometida Cádiz, con respecto a otras ciudades: “la prueba más evidente es que, a pesar del estado de este, hemos tenido que arrancarle el compromiso de la Ciudad de la Justicia”.
“Ahora nos acordamos de todo el tiempo perdido, las discusiones banales y todo el proceso que se ha ido dilatando en el tiempo. Si la Junta hubiera apostado desde que el Ayuntamiento pidió esta necesidad, hoy ya sería una realidad y no se habría llegado a esta situación”, argumentan desde el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’.
Los problemas del edificio no son nuevos: “hace casi un año que está apuntalado y que tienen dos niveles en el suelo, así como averías que denotan una falta clara de mantenimiento”. “Los propios sindicatos han denunciado este asunto, que han visto como las ratas y las cucarachas campan a sus anchas por el estado de algunas plantas, con los problemas de salubridad que ello acarrea”, se reitera.
“FALTA DE PREVISIÓN Y PRISAS”
Por su lado, CSIF lamenta “la escasa información, la falta de previsión, la tardanza y finalmente las prisas” con las que la consejería ha acometido el desalojo de esta sede judicial. Entiende que, dado el mal estado del edificio, esta decisión era necesaria tomarla para garantizar la seguridad del personal. Sin embargo, “se ha hecho de forma precipitada, de un día para otro; tanto, que ni la propia delegación territorial de Justicia tenían conocimiento de esta actuación”.
“todo ello, unido a la falta de medios personales y materiales existentes, va a ocasionar un nuevo colapso a los órganos judiciales implicados”
Además, este sindicato asegura que esta decisión de desalojo “se ha tomado sin un informe técnico que la avale”. No hay que olvidar que una vez desalojado es cuando van a realizar el estudio del edificio, “cuando CSIF lleva años reclamándolo mientras denunciaba las malas condiciones que presentan los juzgados”.
Solamente se traslada al Nuevo Mirandilla el juzgado de Guardia y el servicio común. Este último irá en unas dependencias donde no caben todos sus integrantes por ser demasiado pequeña, y para el resto de juzgados, el 4 de Instrucción, el 4 de Primera Instancia y las Consultas de los forenses “lamentablemente no se ha previsto su ubicación, con el grave perjuicio que ello va a causar al servicio público”, señala Manuel Lobato, responsable de Justicia de CSIF Cádiz.
Y sobre el teletrabajo, se recuerda que, como ya ocurrió en la pandemia, no todos los funcionaros pueden teletrabajar por las características de sus funciones y puestos de trabajos. Y los que pueden, necesitan una autorización, que viene demorándose varias semanas en ser concedida, y luego comprobar que tiene los medios informáticos adecuados en su domicilio (porque la Administración no se los facilita).
Todo ello, unido a la falta de medios personales y materiales existentes, “va a ocasionar un nuevo colapso a los órganos judiciales implicados, con la suspensión de vistas ya señaladas y en general, la paralización y retraso de procedimientos con el consiguiente perjuicio al servicio público y al interés general”, se vaticina.
