Apenas días después de la manifestación del 29 de junio que sacó a miles de gaditanos a las calles hartos del “turismo invasivo y especulador”, en una convocatoria promovida por la nueva plataforma Cádiz Resiste, en el llamado debate del estado de la ciudad el alcalde Bruno García se ganaba titulares anunciando que suspendería temporalmente la tramitación de nuevas licencias de viviendas turísticas en el casco histórico.
Una medida que, como le recordaron desde la oposición PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, ya contempla la normativa municipal vigente; o lo que es lo mismo, la derecha simplemente se compromete a cumplir con lo que el mismo PP votó en contra en el pasado mandato, ante la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) promovida por el anterior gobierno izquierdista para que no se puedan habilitar más pisos turísticos en la mayoría de fincas de intramuros y en determinados casos en extramuros.
Pero el problema de las viviendas turísticas legales, las VUT, viviendas con usos turísticos (generan que cada vez haya menos oferta de alquileres residenciales, y los que hay, sean poco a poco más inasumibles), es todavía más grave por la proliferación de pisos turísticos ilegales.
Y al respecto, el primer edil gaditano acaba de firmar un bando para evitar el aumento de estas VUT fuera de la legalidad, en el que se recogen tres medidas con dicho objetivo, según se apunta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
LAS MULTAS PUEDEN LLEGAR A LOS 30.000 EUROS
Así, se activa un buzón de denuncias al objeto de que los vecinos se chiven: pongan en conocimiento de la concejalía de Urbanismo el uso o utilización de viviendas con fines turísticos en la ciudad con posterioridad a noviembre de 2022, fecha de entrada en vigor de la modificación del PGOU (a la que se opuso el PP cuando estaba en la oposición, y que incluso impugnó la Junta del mismo partido) que deja fuera de ordenación estos pisos en el casco histórico y en las plantas superiores a la segunda en extramuros; dichas denuncias se puede presentar a través del correo denunciaspisosturisticos@cadiz.es
Ello se complementa con una campaña de inspección municipal que, una vez comprobado el incumplimiento de la normativa, además de trasladar los hechos a la Junta de Andalucía (que ostenta la competencia en materia turística), activarán los expedientes sancionadores en materia urbanística por el uso distinto al permitido, como una infracción grave, oscilando la multa entre 3.000 y 29.999 euros.
Y en paralelo, se ratifica la “coordinación” con la administración autonómica para la inadmisión de nuevas inscripciones de VUT legales en el casco histórico de la capital gaditana, impidiendo la presentación de la declaración responsable necesaria para habilitar el alta de nuevos pisos turísticos. “Y se va a mantener hasta contar con los datos del estudio de presión turística”, aseveró el alcalde en aquel pleno extraordinario de principios de mes.
