El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz tiene previsto elevar a la Fiscalía el informe técnico que se acaba de presentar sobre la actuación de la empresa Aguas de Cádiz en el incidente que llevó al corte de suministro durante casi dos semanas en Loreto en octubre de 2014, con la finalidad de que se determine la posible responsabilidad penal de los anteriores gestores. Un estudio que deja caer que se permitió que se distribuyera agua contaminada durante 14 días. Facua ha mostrado su “indignación” por las nuevas conclusiones y no descarta personarse en la posible causa judicial. Paralelamente, el PP rechaza que “ni a sabiendas ni sin saber” se suministrara agua no potable, y amenaza con llevar al alcalde a los tribunales. Y el PSOE pide “rigor y seriedad” con el asunto.
El presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, acompañado de un grupo de afectados por el corte de suministro de agua en el barrio de Loreto en octubre de 2014, entregará este miércoles en la Fiscalía Provincial de Cádiz el informe técnico sobre la actuación de la empresa municipal en el incidente, con la finalidad de que se determine la posible responsabilidad penal de los anteriores gestores políticos y técnicos. Estudio encargado por el actual equipo de Gobierno que se daba a conocer el lunes, tanto en la comisión informativa de Sostenibilidad, con presencia de todos los partidos, como ante los vecinos interesados.
El agua estuvo cortada para la barriada afectada del 13 al 25 de octubre de 2014 ante la presencia de bacterias coliformes en el agua, si bien los primeros avisos por el mal olor del agua se recibieron a finales de septiembre. La explicación que dio el Ayuntamiento entonces fue que la contaminación partía de una tubería en mal estado sita en una finca privada de la calle Hermanos Ortiz Echagüe. Sin embargo, el nuevo informe -para conocer las causas de este incidente así como la gestión del mismo- contradice esta versión e incide en que los análisis que alertaban del crecimiento bacteriano en el agua desde el día 29 de septiembre “debían haber constituido un motivo de actuación”. Por ello, se deja caer que los residentes pudieron estar consumiendo agua contaminada desde 14 días antes del corte de suministro.
Facua, una vez conocido el informe, ha mostrado su “indignación” ya que en base a estos datos “los anteriores responsables técnicos y políticos mintieron y ocultaron datos tanto a la ciudadanía como a la consejería de Salud, de forma que, con conocimiento de ello, permitieron la distribución de agua no apta para el consumo”.
Esta asociación de consumidores considera “extremadamente graves” las conclusiones presentadas en el informe, a cuyo estudio y valoración va a proceder, dado que “podría haberse producido un delito o falta contra la salud pública”, por lo que no descarta personarse en la posible causa judicial que se inicie como consecuencia de la denuncia que formule el Ayuntamiento.
Con independencia de las responsabilidades penales que puedan derivarse de dicha denuncia, Facua espera que se depuren responsabilidades tanto en el ámbito político como técnico, a todos los niveles, así como que, a la luz de los nuevos datos que aporta el informe, la consejería de Salud de la Junta inicie actuaciones contra la empresa. A colación, recuerda que denunció en su momento la “falta de transparencia” respecto de este asunto tanto por parte del Consistorio como de la propia consejería, que tardaron semanas en responder a las peticiones de información planteadas desde esta organización.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la asociación insiste en señalar en el “fracaso” de todos los sistemas basados exclusivamente en el autocontrol por parte de las propias empresas, tal y como, actualmente, se establece para el nivel de calidad del agua por parte de las suministradoras, sobre las que recaen la obligación de, en caso de detectar que el agua no cumple con los parámetros de calidad establecidos, notificarlo a la delegación de Salud de la Junta, a quien corresponde evaluar el posible riesgo sanitario y, en su caso, emitir una resolución que señala si el agua es no apta para el consumo o que, además de no apta para ello, ésta supone un riesgo para la salud.
Finalmente, Facua Cádiz felicita “efusivamente” a los vecinos de Loreto por la “lucha” que durante meses han mantenido reivindicando que se investigara este suceso, siendo artífices de que, finalmente, se haya elaborado y emitido este informe.
EL PP ESTUDIA LLEVAR AL ALCALDE A LOS TRIBUNALES
Paralelamente, el PP en el Ayuntamiento, que ya el lunes se mostró muy molesto con el informe y lo cuestionó por venir firmado “por dos técnicos que no participaron directamente en las labores que realizó la empresa en el barrio durante esos días, y avalado por un gerente que llegó a la empresa un año y tres meses después, nombrado a dedo por Podemos”, y que incluso llegó a comparar los cero afectados por el agua de Loreto y el centenar de enfermos por salmonelosis por las tortillas del bar Grimaldi durante los últimos carnavales; en la jornada del martes convocaba rueda de prensa en la que el portavoz municipal y presidente de Aguas de Cádiz durante el famoso corte, Ignacio Romaní, ha negado que “ni a sabiendas ni sin saber” se suministrara agua contaminada.
Del mismo modo, este edil popular ha amenazado con acudir a los tribunales por las manifestaciones del alcalde, José María González ‘Kichi’: “qué tipo de persona hay que ser para llegar a pensar que un responsable público puede hacer algo como suministrar agua contaminada a sabiendas a sus vecinos. Cómo funciona su mente para llegar a una conclusión tan miserable”.
Mientras, el PSOE ha manifestado que tras conocer los resultados del informe “será la Fiscalía quien tome una determinación, en la que deseamos que se conozcan con certeza los motivos que provocaron la contaminación y los posibles responsables. Los vecinos merecen saber la verdad”. Además, la edil María José Rodríguez confía en que “se siga convocando la comisión informativa para la total transparencia y esclarecimiento de los hechos”.
“Como hicimos entonces, volvemos a ponernos a disposición de los vecinos porque sabemos cuánto sufrieron por la desorganización y el desconocimiento en aquellos días”, remarcan los socialistas, que además hacen un llamamiento a los demás grupos políticos “para que traten este tema con rigor y seriedad”.
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