El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María “no puede seguir gestionándose como un feudo particular”. Lo afirma Izquierda Unida (como ejemplo de la reacción de toda la oposición) a raíz del auto judicial de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz que suspende de forma cautelar las 35 comisiones de servicio aprobadas en el verano de 2025, junto a los diferentes nombramientos de los afectados.
Dicho auto de finales de julio responde a una denuncia presentada por CCOO ante la falta de criterios claros para la designación de estos puestos, creados por el Gobierno local del PP con el pretexto de la designación como municipio de Gran Población.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el portavoz municipal izquierdista José Luis Bueno entiende que este varapalo “no es más que el reflejo de un nuevo despropósito del alcalde Germán Beardo y de su equipo. Un juzgado ha tenido que parar los pies a un Gobierno que, en pleno verano de 2025, repartió decenas de puestos de responsabilidad sin publicar bases, sin baremos objetivos y sin respetar los criterios de mérito y capacidad”.
Las comisiones de servicio son una figura legal pensada para funcionarios de carrera, “no una vía para el reparto a dedo”. La denuncia de CCOO, para Bueno, ha puesto al descubierto “una práctica propia de quien confunde la gestión pública con el reparto de favores”.
El resultado es “un caos” que afecta a partir de septiembre a prácticamente todas las áreas municipales: Medio Ambiente, Urbanismo, Tesorería, Igualdad, Bienestar Social, Contratación... hasta sumar 35 puestos, entre jefaturas de servicio, adjuntías y jefaturas de sección.
Pero “el desastre no acaba ahí”, añaden desde IU. Y es que del centenar de puestos vacantes que generó el cambio a municipio de Gran Población, el Ejecutivo del PP solo fue capaz de cubrir menos de 40 por comisión de servicio. Los otros 60 siguen vacantes porque ningún funcionario los solicitó: “no es solo que hayan repartido los puestos sin criterio: es que ni siquiera han sido capaces de cubrir la estructura que ellos mismos diseñaron”.
“PERO LA CULPA ES DE CCOO…”
José Luis Bueno no deja de reparar tampoco en la reacción de Gobierno municipal derechista, una vez que el concejal de Personal, Javier Bello, haya lamentado la “mala intencionalidad de la sección sindical” denunciante.
“Ellos incumplen la legalidad, designan puestos sin criterio técnico, generan parálisis en los servicios públicos... y la culpa es de quienes denuncian el abuso”, subraya este concejal de la oposición; que recuerda que el PP “empezó hace años queriendo desmontar los chiringuitos de la izquierda, pero lo que quería en realidad era convertir la ciudad y el Ayuntamiento en el cortijo del Beardismo. Y encima lo hace mal”.
La suspensión cautelar entra en vigor el 1 de septiembre y deja al Ayuntamiento portuense sin estructura de dirección funcional en casi todos sus servicios. “¿Y cuál es la solución que baraja el Gobierno local?: otra chapuza más, una posible atribución temporal de funciones para saltarse la propia suspensión judicial”, recalca Bueno.
Es decir, “en lugar de rectificar y convocar procedimientos limpios, la intención de Beardo y Bello es burlar la resolución del juzgado con artificios jurídicos que sólo prolongarán la inestabilidad y el desgobierno”.
“Decimos basta: exigimos a Germán Beardo que asuma la responsabilidad política de este bochorno y que convoque de inmediato procedimientos de provisión de puestos con criterios objetivos, públicos y transparentes”, apostilla la formación izquierdista.
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María “no puede seguir gestionándose como un feudo particular”. Lo afirma Izquierda Unida (como ejemplo de la reacción de toda la oposición) a raíz del auto judicial de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz que suspende de forma cautelar las 35 comisiones de servicio aprobadas en el verano de 2025, junto a los diferentes nombramientos de los afectados.
Dicho auto de finales de julio responde a una denuncia presentada por CCOO ante la falta de criterios claros para la designación de estos puestos, creados por el Gobierno local del PP con el pretexto de la designación como municipio de Gran Población.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el portavoz municipal izquierdista José Luis Bueno entiende que este varapalo “no es más que el reflejo de un nuevo despropósito del alcalde Germán Beardo y de su equipo. Un juzgado ha tenido que parar los pies a un Gobierno que, en pleno verano de 2025, repartió decenas de puestos de responsabilidad sin publicar bases, sin baremos objetivos y sin respetar los criterios de mérito y capacidad”.
Las comisiones de servicio son una figura legal pensada para funcionarios de carrera, “no una vía para el reparto a dedo”. La denuncia de CCOO, para Bueno, ha puesto al descubierto “una práctica propia de quien confunde la gestión pública con el reparto de favores”.
El resultado es “un caos” que afecta a partir de septiembre a prácticamente todas las áreas municipales: Medio Ambiente, Urbanismo, Tesorería, Igualdad, Bienestar Social, Contratación... hasta sumar 35 puestos, entre jefaturas de servicio, adjuntías y jefaturas de sección.
Pero “el desastre no acaba ahí”, añaden desde IU. Y es que del centenar de puestos vacantes que generó el cambio a municipio de Gran Población, el Ejecutivo del PP solo fue capaz de cubrir menos de 40 por comisión de servicio. Los otros 60 siguen vacantes porque ningún funcionario los solicitó: “no es solo que hayan repartido los puestos sin criterio: es que ni siquiera han sido capaces de cubrir la estructura que ellos mismos diseñaron”.
“PERO LA CULPA ES DE CCOO…”
José Luis Bueno no deja de reparar tampoco en la reacción de Gobierno municipal derechista, una vez que el concejal de Personal, Javier Bello, haya lamentado la “mala intencionalidad de la sección sindical” denunciante.
“Ellos incumplen la legalidad, designan puestos sin criterio técnico, generan parálisis en los servicios públicos... y la culpa es de quienes denuncian el abuso”, subraya este concejal de la oposición; que recuerda que el PP “empezó hace años queriendo desmontar los chiringuitos de la izquierda, pero lo que quería en realidad era convertir la ciudad y el Ayuntamiento en el cortijo del Beardismo. Y encima lo hace mal”.
La suspensión cautelar entra en vigor el 1 de septiembre y deja al Ayuntamiento portuense sin estructura de dirección funcional en casi todos sus servicios. “¿Y cuál es la solución que baraja el Gobierno local?: otra chapuza más, una posible atribución temporal de funciones para saltarse la propia suspensión judicial”, recalca Bueno.
Es decir, “en lugar de rectificar y convocar procedimientos limpios, la intención de Beardo y Bello es burlar la resolución del juzgado con artificios jurídicos que sólo prolongarán la inestabilidad y el desgobierno”.
“Decimos basta: exigimos a Germán Beardo que asuma la responsabilidad política de este bochorno y que convoque de inmediato procedimientos de provisión de puestos con criterios objetivos, públicos y transparentes”, apostilla la formación izquierdista.
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