Junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Adelante Izquierda Gaditana eleva al pleno ordinario de mayo una moción por vía de urgencia para exigir una actuación ante la “situación límite” que atraviesa la finca situada en la calle Suárez de Salazar número 5, donde residen varias familias, entre ellas menores de edad, en unas condiciones que “generan una creciente preocupación por su seguridad y bienestar”.
Aunque se reconoce que la responsabilidad principal sobre dicho inmueble en el casco antiguo corresponde a la propiedad privada, este partido de la oposición recuerda que el Ayuntamiento dispone de competencias en materia de inspección, disciplina urbanística y protección de la seguridad y la salubridad pública.
La situación de la finca en el barrio de Santa María lleva años siendo alertada por el vecindario debido a su progresivo deterioro. Algunas viviendas permanecen cerradas y apuntaladas y, recientemente, la situación se ha visto agravada tras detectarse una importante infestación de xilófagos (termitas), circunstancia confirmada por informes de la concejalía de Salud.
A ello se suman numerosas denuncias y solicitudes de intervención dirigidas a distintas administraciones, así como la inquietud por posibles daños estructurales “cuyo alcance aún no ha sido evaluado de forma exhaustiva”, se subraya desde AIG en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Además, la Adpha y AIG remarcan su especial preocupación por la situación de una madre y su hija menor de tres años, quienes residen en el edificio y sufren unas condiciones de habitabilidad que “ya estarían teniendo consecuencias sobre la salud y el bienestar de la pequeña”.
“NO PODEMOS MIRAR HACIA OTRO LADO”
“Cuando hablamos de menores viviendo en un entorno con problemas estructurales y condiciones insalubres, hablamos de una cuestión que exige actuar de inmediato. La prevención y la protección de las personas deben estar por encima de cualquier demora administrativa”, entiende la portavoz adjunta de la coalición izquierdista, Helena Fernández.
Por ello, la moción a pleno municipal propone cuatro medidas concretas: requerir de forma inmediata a la propiedad las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y habitabilidad del edificio; que el Ayuntamiento actúe mediante ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento; valorar con carácter urgente una posible declaración de inhabitabilidad si los informes técnicos así lo aconsejan; y garantizar de manera inmediata una alternativa habitacional transitoria y digna para esta familia con una pequeña.
A decir de Fernández, “las instituciones tienen la obligación de actuar cuando los derechos básicos de las personas están en juego. No podemos mirar hacia otro lado mientras familias enteras viven con incertidumbre y miedo dentro de sus propias casas”.
