El consejo de administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha autorizado la resolución del contrato vigente (de hace más de una década) de ejecución de las obras para la construcción de la conexión ferroviaria de las instalaciones portuarias del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real, con la línea Sevilla-Cádiz.
Esta decisión fue solicitada por parte de la UTE adjudicataria de las obras en primera instancia, que presentó su petición para que se procediese a incoar el correspondiente expediente de resolución del contrato por mutuo acuerdo. Dicha resolución, autorizada previamente en Consejo de Ministros, es una condición indispensable para una nueva licitación de las obras, prometidas desde hace años.
La antigua Dirección General de Ferrocarriles licitó en su momento estos trabajos y los adjudicó en junio de 2009 a la UTE Cabezuela, formada por Ploder Uicesa y Vialobra, por unos 20 millones de euros. Las obras quedaron paralizadas porque la empresa Ploder Uicesa entró en concurso de acreedores. Para poder recuperar la ejecución de los trabajos y volver a adjudicarlos era necesario rescindir el contrato con la UTE adjudicataria, paso que se da por fin. Sin prisas, por lo que se ve.
De esta forma, se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, Adif continúa con los trámites necesarios para la construcción de la vía de este ramal ferroviario, de una longitud aproximada de 4,5 kilómetros.
Esta actuación, en la teoría, tiene por objeto impulsar tanto el desarrollo operativo del Puerto de la Bahía de Cádiz (y su ansiada conexión por tren) como el desarrollo socioeconómico de su área geográfica de influencia, “potenciando la máxima intermodalidad en el transporte de mercancías”.
La inversión prevista de alrededor de 20 millones de euros (más IVA) será costeada por Puertos del Estado con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, así como por fondos europeos Feder, y ejecutada por Adif, que se ha encargado de adaptar el proyecto a las condiciones y requisitos funcionales actuales de máxima interoperabilidad y operatividad de la infraestructura.
Se trata de una infraestructura estratégica reclamada desde hace más de 25 años por la comunidad portuaria de la Bahía de Cádiz y por instituciones públicas, partidos políticos, y agentes económicos y sociales.
