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El alcalde de Rota ha firmado un convenio con Jove Consulting, para la puesta en marcha de una promoción de vivienda protegida pública, que levantará Felipe Castellano junto a la avenida de La Pepa, bajo el nombre de Residencial Parque Norte.

El Ayuntamiento de Cádiz reclama a la Junta un convenio en materia de vivienda, competencia de la administración regional. Se urge a establecer programas específicos “para aplicar soluciones inmediatas, sin perjuicio de otras que puedan establecerse a medio o largo plazo”.

Las actuaciones de rehabilitación de mayor envergadura proyectadas en este entorno de San Mateo y San Miguel, zona declarada ARRU, que se ejecutarán en fincas de las calles Ramón de Cala 17 y Cazón 20, se esperan licitar a principios de 2017.

La consejería de Vivienda ha adjudicado por 705.000 euros la rehabilitación integral de la finca ubicada en los números 1 y 3 de la calle Troilo, en el barrio de Santa María de Cádiz, que se iniciará en enero y permitirá recuperar once viviendas en régimen de alquiler

De los casos resueltos por la Oficina Municipal de la Vivienda de Cádiz, la mayoría llegaron con demanda del Juzgado por falta de pago del alquiler: en 28 de ellos los afectados han podido quedarse en la misma casa y en 44 se ha buscado otra alternativa habitacional.

El bipartito lamenta estas acusaciones y aclara que los desahucios “sólo se ejecutarían en el caso de inquilinos que tienen demostrada capacidad de pagar y se niegan a hacerlo o hacen caso omiso de los intentos por parte de la empresa de ofrecerles asesoramiento”.

Se le ha trasladado a Maeztu la “preocupación” por la falta de medidas para abordar el problema que padece la ciudadanía de la capital gaditana en cuanto al derecho a la vivienda: “debe alcanzar el mismo grado de garantía que el derecho a la salud, educación o justicia”.

Se están realizando obras en varias fincas por valor de más de 585.000 euros. López Gil y Araujo han recorrido alguno de los inmuebles objeto de intervención. La actuación más ambiciosa es la de Corralón de los Carros 48-50, donde se levantan seis viviendas de nueva construcción.

La empresa municipal de Suelo y Vivienda, lastrada desde hace años, tiene ahora que hacer frente a varias sentencias judiciales que le pueden suponer entorno a los 500.000 euros. El bipartito portuense dice buscar vías de solución a una sociedad que hay que liquidar.

Este acto promovido por la Apdha, que no pudo completarse por la lluvia, buscaba revindicar que se elimine de una vez la “lacra social” de la infravivienda que sigue existiendo en la capital. Se denuncia que la Junta “ha abandonado a la ciudad a su suerte”.