Número 5.617 – Año XXIII 5 de octubre de 2026

Últimas noticias de vivienda

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Frente al aumento de la temporalidad del alquiler en la capital y la provincia, y el incremento de los precios, este colectivo apuesta por recopilar datos “fiables” de los propios gaditanos afectados, sin intervención de portales inmobiliarios.

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En los últimos meses ha aprobado medidas para sanear sus cuentas, ordenar su estructura de personal y definir un nuevo marco de actuación junto al Ayuntamiento. De momento, ya trabaja para la futura construcción de 220 viviendas públicas y reforzar la oferta de alquiler asequible.

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A partir de un caso concreto, la “situación límite” de 62 familias de Puntales que viven con sus casas apuntaladas, los socialistas piden salir del casco antiguo de Cádiz y exigen a Junta y Ayuntamiento ayudas para obras en edificios de titularidad privada con problemas estructurales, inasumibles para muchos de sus residentes.

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Los tres suelos en los que el Gobierno gaditano quiere más vivienda de alquiler están en la barriada de la Paz, Puntales y plaza de la Merced. Mientras, desde la oposición recuerdan que el Gobierno de España acaba de permitir el uso del superávit presupuestario de 2024 a, por ejemplo, nuevas promociones públicas.

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Tras tres semanas denunciando el caso, y pese a una Ayuntamiento que “no ha movido un dedo”, el BBVA y su fondo buitre “se han visto obligados a paralizar temporalmente el proceso”, avanzan desde el Sindicato de Inquilinas. Y se seguirá peleando para que este matrimonio se quede en su casa con un alquiler asumible.

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Estas primeras obras de uno de los desarrollos residenciales “más ambiciosos” de la ciudad, se prolongarán durante dos años. En paralelo, comenzarán a levantarse las primeras promociones. Para el alcalde Germán Beardo, “la colaboración público-privada es la clave para seguir avanzando”.

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La empresa municipal acaba de adquirir una parcela en la calle San Juan para construir en el futuro vivienda protegida en alquiler. Tiene entre manos otra promoción similar en Cielos 26, y una más para venta en Jardín de Cano.

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Tras 22 años en su piso de la calle Matrona Modesta Calvo, el banco y Divarian se niegan a ofrecer un alquiler asumible y han ordenado ejecutar el desahucio, fijado para el 26 de noviembre. La familia se ha organizado con el Sindicato de Inquilinas para luchar por quedarse en su barrio, y por quienes atraviesan su misma situación.

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Una vez que se ha aprobado el Plan de Reforma Interior para acelerar los plazos para desarrollar este nuevo barrio, se pide al Ministerio que incluya la operación en la estrategia del Plan Estatal de Vivienda, como parque público. Entiende que promover VPO en venta supondrá que los precios sigan siendo inalcanzables para la mayoría.

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Laura ocupa de forma ilegal un piso público desde hace año y medio, que se encontró vacío y medio abandonado. En este tiempo ha intentado trasladar su situación a la AVRA, pero nadie le ha escuchado. Ahora se enfrenta a la amenaza de un inminente desahucio sin alternativa habitacional.

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Desde el Gobierno roteño se asegura que es el resultado de sus gestiones y trabajo para facilitar el acceso a una casa en la ciudad. Estas futuras 1.000 nuevas viviendas las engloba en cinco actuaciones. Además, ofrece suelo gratis a la Junta en el centro para que construya vivienda pública.

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El concejal de Urbanismo ha celebrado que se haya logrado frenar la proliferación de viviendas turísticas. Para IU, este conformismo refleja que para la derecha “la turistificación no es un problema” ya que, sin contar los VUT ilegales, hay barrios del casco antiguo con hasta un 12% de sus casas dedicadas a este negocio.

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La derecha defiende que su futura ley “facilitará el acceso a una vivienda digna y adecuada”. El Sindicato de Inquilinas de Cádiz (y el de Sevilla) ha analizado el texto y ve que “es ineficaz para bajar los alquileres, sólo supondrá mayor especulación y negocio”, al plantear que el problema “se soluciona solo construyendo”.

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El promotor que se haga con esta parcela ahora municipal se compromete a que la mitad de esas viviendas serán sociales en alquiler y VPOs. Para el Gobierno local, “supone una oportunidad para mitigar los problemas habitacionales de la Villa”.

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La Apdha considera que esta idea de Bruno García es una “excusa” para poner patrimonio público en manos privadas y renunciar a la posibilidad de construir más de 50 viviendas públicas en este solar de Cádiz. Al tiempo que se insta a que se busque financiación ajena para la remodelación de la barriada Manuel de Falla.