Número 5.620 – Año XXIII 7 de octubre de 2026

Últimas noticias de vivienda

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El Ayuntamiento de Cádiz reclama a la Junta un convenio en materia de vivienda, competencia de la administración regional. Se urge a establecer programas específicos “para aplicar soluciones inmediatas, sin perjuicio de otras que puedan establecerse a medio o largo plazo”.

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De los casos resueltos por la Oficina Municipal de la Vivienda de Cádiz, la mayoría llegaron con demanda del Juzgado por falta de pago del alquiler: en 28 de ellos los afectados han podido quedarse en la misma casa y en 44 se ha buscado otra alternativa habitacional.

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El bipartito lamenta estas acusaciones y aclara que los desahucios “sólo se ejecutarían en el caso de inquilinos que tienen demostrada capacidad de pagar y se niegan a hacerlo o hacen caso omiso de los intentos por parte de la empresa de ofrecerles asesoramiento”.

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Se le ha trasladado a Maeztu la “preocupación” por la falta de medidas para abordar el problema que padece la ciudadanía de la capital gaditana en cuanto al derecho a la vivienda: “debe alcanzar el mismo grado de garantía que el derecho a la salud, educación o justicia”.

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Se están realizando obras en varias fincas por valor de más de 585.000 euros. López Gil y Araujo han recorrido alguno de los inmuebles objeto de intervención. La actuación más ambiciosa es la de Corralón de los Carros 48-50, donde se levantan seis viviendas de nueva construcción.

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El Ayuntamiento ponía en marcha hace un año una Oficina de Intermediación sobre Desahucios, en Bienestar Social, contando con la colaboración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con el reto de evitar los desahucios en la ciudad. Ahora hace balance.

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Dos familias que ocupaban ilegalmente sendos pisos en Chiclana, han sido desalojadas. Se da la circunstancia de que estas casas están gestionadas por la empresa municipal tras el acuerdo adoptado meses atrás con un banco; pero Emsisa admite que no podía hacer nada.

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La consejería de Fomento procede ahora a revisar solicitudes para comprobar si cumplen con los requisitos; unas ayudas que supondrán el 35% del coste total salvo casos extraordinarios. En la anterior convocatoria se pudieron beneficiar 33 comunidades gaditanas.

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Este socialista, que ha servido a la derecha para atacar una y otra vez al Gobierno chiclanero –incidiendo una y otra vez en los 70.000 euros que supuestamente suponía su contrato- aclara que se marcha porque “ya he cumplido con el cometido que el alcalde me encargó”.

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La normativa persigue revitalizar el mercado de alquiler de viviendas en Cádiz al mismo tiempo que facilitar el acceso a las mismas por parte de colectivos más vulnerables. El alcalde destaca la colaboración de partidos, propietarios y colectivos en la elaboración del documento.