Número 5.617 – Año XXIII 5 de octubre de 2026

Últimas noticias de vivienda

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A los 450.000 euros dedicados a solventar incidencias, se han sumado 300.000 para reformas de casas recuperadas y un millón del plan de rehabilitación interior, que tendrá una segunda edición. Se busca “dignificar” las condiciones de los inquilinos.

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Los inquilinos, algunos ancianos, llevan meses conviviendo con puntales en el patio y con unas escaleras precarias. La propiedad, una fundación vinculada al Obispado, continúa sin llevar a cabo las obras comprometidas. Tanto AIG como el PSOE reclaman al Ayuntamiento que deje de mirar a otro lado.

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PP, PSOE, Por Andalucía y Adelante podrán este lunes 11 exponer sus medidas y escuchar a la ciudadanía que sufre precios estratosféricos, turistificación descontrolada y desahucios. El balance de la Apdha de los últimos cuatro años de Moreno Bonilla es que “antepone intereses privados a la emergencia habitacional”.

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A raíz del desalojo por seguridad de varias viviendas y la nueva denuncia del PSOE cuestionando la inacción del Gobierno local del PP, el concejal de Urbanismo ha aclarado qué está haciendo el Consistorio gaditano en este caso: “no hemos dejado tirados a los vecinos, ni hacemos electoralismo con el sufrimiento”.

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Sin sorpresas, las derechas de la mano han tumbado en el Congreso de los Diputados el decreto de vivienda que buscaba aliviar la presión del alquiler frente a la subida de precios. “Mucha gente en Cádiz esperaba medidas como estas. Incluso votantes del PP saben que hay que poner límites”, afirman desde Sumar.

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El PSOE ha repasado los precios de estas 200 “supuestas viviendas protegidas” que Grupo Q construye en el solar comprado a la Junta en Cádiz, calificándolos de “abusivos y totalmente alejados de la realidad salarial de la ciudad”. Y culpa a Bruno García de callar y acatar.

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El PSOE ha vuelto a reunirse con las familias afectadas de las calles Explanada y Dársena para constatar que ni Ayuntamiento ni Junta han activado ningún mecanismo de ayuda para estos vecinos propietarios de casas con problemas estructurales, que en su día fueron municipales.

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Ante las quejas de la izquierda por los precios de las viviendas protegidas que se levantan en Los Chinchorros, permitidos por la Junta, la concejala de Vivienda precisa que esta promoción del Grupo Q “no está en suelo municipal” y que dicha operación se cerró con José María González en la Alcaldía.

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Desde diciembre, las zonas comunes, incluido el ascensor, de estas viviendas de Cádiz gestionadas por la empresa municipal, tienen cortada la luz debido al impago de la comunidad. Ello impide que este vecino pueda salir de su piso. Para la izquierda, la actuación ya del Ayuntamiento “es una obligación legal y moral”.

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La empresa municipal ha solicitado licencia de obras para esta nueva promoción en San Fernando, aunque le quedan meses, pues todavía ni se ha licitado. Pero el Ayuntamiento ya empieza a vender esta “oportunidad real de acceso a la vivienda para muchas familias”; eso sí, que demuestren que pueden pagar la hipoteca.

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Este decreto-ley ofrece medidas transitorias en el alquiler de vivienda, “un paso importante en la protección de la parte débil en el arrendamiento”. La Apdha y el resto de entidades desde Cádiz piden a las derechas que valoren las consecuencias que su rechazo podría acarrear sobre cientos de miles de personas en todo el país.

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Es uno de los titulares del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, que revela que Cádiz afronta una situación de exclusión marcada por tres grandes factores: una inestabilidad laboral que no garantiza la inclusión, no poder seguir tratamientos médicos y el acceso cada vez más complicado a la vivienda.

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Adelante Andalucía considera que esta iniciativa del Gobierno local del PP “regala dinero público a los grandes rentistas”; “se socializan los riesgos” de los propietarios en el centro que ‘cedan’ sus viviendas, “mientras se privatizan los beneficios”.