Número 5.619 – Año XXIII 7 de octubre de 2026

Últimas noticias de vivienda

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GICA reclama otra ley (pese a que la vigente apenas se aplica en Andalucía) con “un enfoque integral y adaptado a la realidad local, que equilibre las necesidades de inquilinos y propietarios”. Mientras, el colectivo Calle Viva convoca una asamblea abierta para “buscar soluciones al turismo masivo y crisis de vivienda” en la capital.

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La coalición izquierdista en el Ayuntamiento se pregunta cómo está siendo la selección de inquilinos y qué criterios se están utilizando para adjudicar los pisos de esta promoción de la Junta, para que estén renunciando familias que buscan casa.

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En esta finca en el barrio del Pópulo, donde ya funcionan diferentes VFT, una anciana que lleva años viviendo como inquilina en una de las casas se enfrenta a un desahucio ya que la propiedad ha apostado también por convertir este hogar en un negocio mucho más lucrativo.

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“Pese a que hace años se descartó la construcción en dichos terrenos de la Ciudad de la Justicia, se desconoce qué intenciones tiene para dichos suelos”, denuncia este colectivo, que ha iniciado una campaña en defensa del derecho a una vivienda digna.

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Medidas como la declaración de la ciudad como zona tensionada, como permite la ley estatal que la Junta del PP se niega a aplicar, “sí son soluciones efectivas para facilitar el acceso a la vivienda y mantener el empadronamiento”, se considera.

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Así lo entienden PSOE y AIG, que han forzado al PP en el último consejo de Procasa, que “no es una inmobiliaria privada”, a retirar su propuesta respecto a promociones en régimen de alquiler con opción a compra levantadas en tiempos de Teófila.

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El consejo de administración de Hemsa (antes Esisa) acaba de aprobar el pliego para la contratación de las obras, que se confía en tener adjudicadas en junio, para que puedan comenzar en septiembre. El proyecto ronda los 10 millones de euros.

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AIG celebra la confirmación de que también habrá dinero para las 53 viviendas en avenida de Marconi, “que finalmente serán para alquiler social por obligación europea y en contra de la intención del alcalde del PP que quería ponerlas en venta”.