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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la licencia de obra y la calificación ambiental favorable para la construcción de una estación de servicio junto a la estación de autobuses. Esta operación “forma parte del comienzo de la reordenación” de la zona.

El objetivo de esta iniciativa del IMPI es ofrecer la formación completa en riesgos laborales y gestión medioambiental con el fin de facilitar el acceso al mercado laboral. Las solicitudes se deben presentar hasta el 22 de agosto.

El Ejecutivo de Mamen Sánchez va a emprender acciones legales contra el SIP por injurias, calumnias y lesiones del derecho al honor, después se su denuncia en los medios: “hay líneas que no se deben rebasar de quien no da una información veraz”.

Las concejalías del Ayuntamiento de Cádiz se aglutinarán tras el verano en torno a cuatro áreas: Justicia Social, Ciudad Sostenible, Desarrollo Municipal y Empleo y Desarrollo Local, con María Romay, Martín Vila, David Navarro y Laura Jiménez al frente de cada una.

El fuego se apagó, sin mucha resistencia. En la noche del sábado al domingo se celebró la última barbacoa del Trofeo Carranza. Pese al molesto viento, unas 17.000 personas han dejado casi 13 toneladas de basura. Pasadas las 8 de la mañana, la zona acotada ya estaba adecentada.

“No tenemos otro tipo de acceso a la financiación”, reconoce el concejal de Hacienda. El PP resalta el “cambio de criterio” de PSOE, Podemos e IU que “criticaban las medidas de ayuda a los ayuntamientos de Rajoy y ahora se han convertido en ‘devotos de Montoro’”.

El Campeonato Pokemon Go recorrerá los monumentos más emblemáticos y los puntos más importantes del centro de la ciudad el 31 de agosto, “con la intención de ir capturando pokémon”, al tiempo que se aprende sobre el patrimonio histórico y cultural local.

El principal partido de la oposición entiende que, mirando las señales, se ha instaurado “con nocturnidad y alevosía” la obligación de pagar en Las Redes. El alcalde no aclara la cuestión y lamenta el “intento burdo de crear alarma” por parte de quien impuso la zona naranja.

Jurídica y económicamente el Ayuntamiento está obligado a su disolución por el Ministerio de Hacienda, al acumular dos años de pérdidas económicas. La misma Intervención Municipal deja claro que ya no existe un fin que justifique su mantenimiento.

El Ayuntamiento de San Fernando no ha esperado a la Junta y ha invertido 1.900 euros para llevar a cabo los trabajos demandados por la comunidad educativa. En La Isla, también se ha alertado de la presencia de uralita, material peligroso para la salud, en el IES Botánico.