Trabajadores de la concesionaria del aeropuerto de la Base Naval de Rota, la empresa Louis Berger Aircraft Services (LBAS), continúan su encierro indefinido en el Palacio Municipal Castillo de Luna, sede del Ayuntamiento, para “denunciar las represalias” y los despidos acometidos por dicha firma estadounidense, que parece hacer caso omiso a la legalidad laboral española. Esta medida de presión se iniciaba en la jornada del pasado 23 de diciembre, y ya ha encontrado el apoyo y aliento del Gobierno local, de todos los partidos locales con y sin representación municipal, y de diferentes formaciones con representantes provinciales, regionales y nacionales, como son el PSOE, Podemos, IU, Ciudadanos y hasta el PP.
Dichas “persecuciones” y “represalias”, relatan desde el comité de empresa, se reflejan en 23 despidos, 12 de ellos el pasado enero, por causas de naturaleza productiva y organizativa, y que “en los cuatro primeros juicios de junio fueron declarados improcedentes”. Pese a ello, “se ha vuelto a despedir por causas idénticas” a seis trabajadores el pasado 30 de noviembre. Pero hay más: hasta cincos despidos disciplinarios desde octubre. A ello se suma una docena de sancionados.
En la tarde del viernes 29 se desarrollaba en la Plaza Bartolomé Pérez una concurrida concentración para respaldar a estos trabajadores. En la misma, el comité dio lectura al acta de la asamblea celebrada minutos antes, en la que se decidió dar continuidad al encierro. Igualmente intervinieron, entre otros representantes sindicales, el propio alcalde, Javier Ruiz Arana.
En la misma jornada, el mismo primer edil del PSOE y los portavoz de los distintos partidos políticos de la localidad, con y sin representación municipal, junto a representantes del comité de empresa de Louis Berger, procedieron a firmar las cartas que serán remitidas a la Ministra de Defensa, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, tal y como se acordó en la reunión mantenida un día antes, reclamando su intervención en este conflicto; que el PP y ciertos voceros –como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz-, opinan que es una cuestión meramente laboral, en la que el Gobierno central no tiene nada que decir, pasando la pelota a la Junta.
En dicho encuentro, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, quedaba patente que todos los partidos roteños se siguen manteniendo unidos en defensa de estos trabajadores; y se llegaba al acuerdo unánime de que el Gobierno de Rajoy intervenga e inste al Gobierno de EEUU a que obligue a la empresa Louis Berger a sentarse a negociar con la plantilla, “ya que es el Gobierno de España el que tiene competencias en relaciones internacionales”.
Del mismo modo, se planteó por unanimidad la conveniencia de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, conozca de primera mano el conflicto, con la intención de que continúe poniendo los sistemas de mediación a disposición de ese conflicto, como ha venido haciendo; y con el objetivo de que sirva de altavoz ante el Gobierno de España.
Por todo ello, los representantes municipales, políticos, sindicales y del comité de empresa acordaron enviar una carta a la Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y una segunda misiva a la presidenta andaluza.
