La concejalía de Inclusión y Políticas Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, de cara a la futura entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, está trabajando en adaptar sus programas municipales (el de ayudas para suministros vitales y prestaciones de urgencia social, el de emergencia social y el de ayudas económicas familiares) a la “realidad social” de la ciudad. Se persigue flexibilizar los trámites, agilizar los procesos y evitar desplazamientos a otra ciudad para gestionar las ayudas.
La concejalía de Inclusión y Políticas Sociales del Ayuntamiento de San Fernando está diseñando los nuevos programas municipales (el programa de ayudas para suministros vitales y prestaciones de urgencia social, el de emergencia social y el de ayudas económicas familiares) a la “realidad social” de la ciudad, con el objetivo de que ningún vecino que reúna los requisitos deje de percibir las ayudas que les pertenecen y puedan contar con suministro mínimos vitales, tales como electricidad, agua, o alquiler de vivienda.
Tal y como ya se viene realizando en otras delegaciones municipales como la de Urbanismo, desde Servicios Sociales se trabaja en una nueva instrucción para adaptarse al Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, ya aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en enero, que “responderá a la aparición de nuevas y crecientes necesidades permitiendo al sistema adaptarse mejor a las circunstancias actuales y a las previsiones futuras”.
Entre otras cuestiones, esta Ley, que “está plenamente orientada a la ciudadanía”, es también “integradora de los derechos de la persona, desarrollando posibilidades de participación e implicación”.
Como ocurre con los profesionales y usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Ley reconocerá entre los derechos de los usuarios de los Servicios Sociales municipales a la libre elección del profesional de referencia y a un segundo diagnóstico de su situación.
De esta forma, desde esta concejalía se está trabajando “con mucha antelación” para que, una vez que entre en vigor la nueva ley andaluza, “estemos preparados para afrontar los nuevos cambios legislativos y no perder tiempo en adaptarnos a posteriori”, asegura en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo.
“Se busca flexibilizar trámites, agilizar procesos y evitar, por ejemplo, desplazamientos a otras ciudades para obtener algún documento o informe que se solicite, de forma que podamos tramitar las ayudas con mucho más rapidez que hasta ahora y ningún usuario o usuaria quede sin las ayudas que le corresponden”, incide la edil socialista.
Lorenzo detalla asimismo que en el diseño de los nuevos programas se amplia el periodo temporal de disfrute de las ayudas económicas, así como el incremento de alguna de las cuantías y la compatibilidad entre alguna de ellas.
En esta misma línea de actuación, se enmarca la firma del convenio con Endesa (que está concretando con muchos otros ayuntamientos), para que a ninguna persona en situación o riesgo de exclusión social se le suspenda el suministro de energía eléctrica (la compañía en ningún momento pierde, ya que es el Consistorio el que asume las facturas impagadas de los usuarios de Servicios Sociales), y se continua apostando por el convenio con Hidralia para evitar la suspensión en el suministro del agua.
Además, sentencia la concejala responsable, se está permanentemente en contacto con otras administraciones públicas “para agilizar trámites en la medida en que se pueda” y evitar que la ciudadanía “resulte perjudicada en sus derechos y obtengan las ayudas económicas con mayor rapidez”.
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