El equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Fernando ha decidido prorrogar el contrato del servicio de ayuda a domicilio con la empresa Claros, a pesar de su compromiso hace unos meses a la oposición y a las trabajadoras de no hacerlo. Lo denuncian estos días tanto Podemos como AxSí y el PP. Un servicio municipal pero privatizado que hoy día emplea a 156 profesionales, en su mayoría mujeres (y que no descartan iniciar una huelga indefinida), que prestan atención a 317 personas en situación de dependencia.
Y es que en el pasado pleno de noviembre, ante las protestas y presiones de la plantilla y la oposición, el concejal de Desarrollo Social, Jaime Armario, llegaba a manifestar que el Gobierno local no prorrogaría el contrato, y que incluso ya había comunicado dicha decisión a la adjudicataria durante el verano, algo que reconocieron desconocer las propias trabajadoras entonces.
Claros se adjudicó en la primavera de 2019 este contrato durante tres años, por algo más de 4,3 millones de euros. Aunque el mismo se ha ido engordando con diferentes modificaciones aprobadas ante el aumento de usuarios atendidos, con lo que el coste “alcanzará los 10,6 millones en cinco años” (según AxSí). La concesión debería acabar en marzo de 2022, pero se ha llegado a este punto sin un nuevo pliego redactado ni, claro, licitado. Y menos todavía intenciones de remunicipalizar la gestión, como ha demandado IU desde fuera de la Corporación.
Pero es que además, como se ha evidenciado en los últimos meses, Claros incumple “de manera sistemática” con las condiciones del contrato y de la plantilla, como la no remuneración de la formación, la falta de material técnico y de servicios como enfermería o fisioterapia, la no ejecución de la bolsa de horas adicionales y de limpieza, el desconocimiento del plan de conciliación por parte de las trabajadoras o la falta de uniformes, entre otras carencias.
En este punto, la portavoz municipal de Podemos, Ana Rojas ha criticado además que esta prórroga se justifica en un expediente “que muestra fallos, inexactitudes y que no refleja para nada cuál es la realidad que viven las trabajadoras y cuál es la realidad de incumplimientos sistemáticos que esta empresa viene llevando a cabo”.
Este expediente, añade, deja claro el “escaso” seguimiento y control que el bipartito hace del cumplimiento de las prestaciones del servicio y del contrato, y señala la ausencia de mecanismos para corregir estas faltas de la concesionaria. Por ello, Podemos plantea la constitución de una comisión de seguimiento que fiscalice el cumplimiento del contrato junto a las propias trabajadoras y los grupos municipales de la oposición.
El comité de empresa recrimina además que desconoce la resolución de sus denuncias presentadas hace meses precisamente por el incumplimiento de sus condiciones laborales y a quien aún no le han hecho llegar los expedientes a los que tiene derecho como denunciante.
Esta confirmación de la prórroga del contrato llega justo en la semana en la que se conmemora el 8-M, día de reivindicación de los derechos de las mujeres, “volviendo el Gobierno de Patricia Cavada a confiar un servicio tan importante como son los cuidados a una compañía que incumple con los derechos laborales con sus trabajadoras”, reitera Rojas.
“CAVADA Y ARMARIO MINTIERON A LA CARA A ESTAS AUXILIARES”
De la misma forma, el portavoz municipal andalucista, Fran Romero, que días atrás se reunía con el comité de empresa de Claros, lamenta que “Armario mintió a la cara de estas auxiliares”, y con esta prórroga de la concesión “permanecerán las condiciones que han hecho insoportable esta situación”.
“Hablamos de una empresa que, con el beneplácito de un Gobierno que ha mirado para otro lado y nunca ha fiscalizado la labor de la misma, ha incumplido de forma sistemática sus obligaciones. Una empresa que ofrece contratos precarios que apenas alcanzan los 500 euros mensuales; que en lo más duro de la pandemia no aportó los medios necesarios de protección a los trabajadores; que se gastaba una media en vestuario por cada trabajador de 42 euros cuando está obligada a gastarse 186; y que en el mejor de los casos pagó a cada trabajador 20 horas de formación de las 102 que se impartieron como parte del plan anual de formación”, repasan desde AxSí.
“Estas auxiliares -entiende Romero- no merecen este trato por parte del Gobierno local, pero no es nada nuevo ya que la actitud para con ellas ha oscilado entre el silencio y la indiferencia”. Por otro lado, a este concejal que en el pasado mandato cogobernaba junto al PSOE que ahora critica, le preocupa que “la mentira hacia el ciudadano ejercida con total impunidad se haya convertido ya en una práctica habitual de Cavada”.
Asimismo, el PP, principal partido de la oposición, ha denunciado también este paso dado por el Ejecutivo: “nuevamente, el Gobierno de Cavada ha quedado retratado ante la plantilla y la ciudadanía” tras cambiar de criterio y prorrogar por dos años más el servicio de ayuda a domicilio a la actual empresa “pese a los graves incumplimientos de la plica” por la cual se le adjudicó el contrato.
