El PP gaditano ha trasladado en los últimos días su preocupación por los “cientos de expedientes” de los cursos de formación (que se impartieron a exDelphis en el Centro de Técnicas Industriales, CTI), que han permanecido “abandonados” en un calabozo de la jefatura de la Policía Local de San Fernando durante estos años. “Nos preocupa que documentos de subvenciones entregados al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, para los cursos de Delphi e investigados judicialmente, hayan estado olvidados más de tres años en este calabazo, una documentación que es clave en la investigación del fraude de la formación profesional para el empleo”, ha dejado caer la parlamentaria andaluza, Teresa Ruiz-Sillero.
Pero hay más, la derecha opina que la alcaldesa de La Isla, Patricia Cavada, “debería comunicar con carácter urgente al juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el fraude de la formación, de la existencia de esta abundante documentación, de tal manera que si tuviera interés en solucionar y desbloquear el problema del CTI ya hubiera comunicado desde hace algún tiempo a la justicia que había guardado miles de folios relacionados con la formación profesional para el empleo”.
Ante esta denuncia, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez, ha precisado que esta documentación se encuentra “a disposición de la autoridad judicial” en el mencionado lugar “en cumplimiento de un mandato judicial, cuya acta fue firmada por el entonces teniente de alcalde Ángel Martínez, del PP, cuando gobernaba esta ciudad”.
“Y así consta en el acta de las actuaciones de retirada de documentación, material, depósito y precinto que oportunamente se levantó en su día”, aclara este concejal del PSOE, agregando que fue la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil quien, actuando en funciones de Policía Judicial, procedió a la recogida de documentación y material informático de las dependencias del CTI, “en cumplimiento de un mandato judicial”.
De este modo, “parte de esa documentación fue depositada por los agentes actuantes de la Guardia Civil en dependencias de la Jefatura de la Policía Local, concretamente en uno de los calabozos, procediéndose seguidamente a su precinto”, actuaciones que, según incide Rodríguez, fueron suscritas por los agentes actuantes y, entre otros, “por el representante del Ayuntamiento en tales intervenciones”, el exedil popular Ángel Martínez.
“Por tanto, a quien corresponde actuar es a la Guardia Civil siguiendo directrices de la juez que lleva este caso. Desde el Ayuntamiento estamos totalmente a disposición de la justicia y los requerimientos que haga. En consecuencia, ninguna actuación cabe por parte del Ayuntamiento en relación a los antecedentes objeto de depósito y precinto, por cuanto los mismos están a disposición de la fuerza actuante, la Guardia Civil, y lógicamente de la autoridad judicial”, indica el concejal de Presidencia, que reitera que la documentación se encuentra “en la misma situación” en la que lo dejó el anterior Gobierno local de PP y PA, “y el acta firmada por Martínez”.
Así las cosas, se recalca que el Ayuntamiento isleño “sólo está cumpliendo con su obligación de custodiar dicha documentación”, insistiendo en que se está “a disposición de la justicia”.
Por último, Conrado Rodríguez lamenta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz la “crítica oportunista” de la derecha y “sus intentos de empañar la gestión municipal intentando trasladar la responsabilidad de este asunto sobre la alcaldesa, Patricia Cavada, cuando lo que se está reprochando y poniendo en duda es la actuación de la Guardia Civil y la jueza, y no del Ayuntamiento y este equipo de Gobierno, que únicamente está dando cumplimiento a una orden judicial custodiando dicha documentación”.
