Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Fernando ha dado el visto bueno al nuevo pliego para la contratación del servicio privatizado de ayuda a domicilio, que estará vigente por un periodo de tres años prorrogables a dos más, y que “refleja sustanciales mejoras con respecto al existente hasta ahora”. El punto contó con el voto a favor de todos salvo la abstención de Sí se puede, que apuesta por la remunicipalización del servicio.
Este próximo contrato se licitará por 1,4 millones de euros anuales, habiéndose incrementado en más de 200.000 euros con respecto al anteriormente vigente. En total, 4,35 millones para los tres años, que pueden ascender hasta los 8,37 millones en el caso de prorrogarse durante dos años más.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Inclusión y Políticas Sociales, Jaime Armario, ha valorado este “gran paso en los asuntos sociales de la ciudad”.
Este edil socialista asegura que el “compromiso” del equipo de Gobierno se ha centrado en tener “plenas garantías a la hora de hacer realidad sus cláusulas, tanto para las personas usuarias como para el colectivo laboral, en su mayoría mujeres, ya que estamos hablando de un servicio que atiende las necesidades diarias de alrededor de 300 personas y más de un centenar de empleados”.
Asimismo, Armario, pensando en hacer campaña de cara a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, ha destacado el “papel crucial” que desempeña la Junta de Andalucía en la puesta en marcha de la ayuda a domicilio: “las políticas sociales del gobierno de Susana Díaz se han reflejado en la Ley de Dependencia y a su vez en los servicios sociales que prestamos otras administraciones como la local. En San Fernando es de justicia recordar que el 90% del mantenimiento económico del contrato de ayuda a domicilio lo subvenciona la Junta, en un ejemplo de cooperación institucional con el Ayuntamiento”.
Además, para el concejal responsable este pliego “es un logro de todos y el resultado de un esfuerzo de consenso, habiéndose incluido la mayoría de las reivindicaciones de las trabajadoras, con el objetivo común de prestar un mejor servicio que refrende las políticas sociales del gobierno municipal”.
Entre las prescripciones del pliego figura la contratación prevista de 135 trabajadores para que lleven a cabo la atención a las personas dependientes en el ámbito de la ayuda a domicilio. A lo largo de los tres años de vigencia del contrato, se prevé la contratación de una coordinadora, dos ayudantes de coordinadora, dos auxiliares de ayuda a domicilio y 132 auxiliares. Este personal conformará el grueso de una plantilla en la que, además, se subrogará el personal que en estos dos últimos años ha venido ejerciendo esta labor durante el tiempo de vigencia del contrato actual.
Este pliego de condiciones del servicio externalizado incorpora además novedades como la subida del precio/hora (de 13 pasará a 14,05 euros) para los trabajadores, “que viene a mejorar las condiciones laborales de un servicio muy personalizado y sensible”.
Este servicio de ayuda a domicilio es una prestación realizada preferentemente en la vivienda de las personas atendidas que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a quienes presenten dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual. Aún siendo de titularidad pública, “la prestación por parte de empresas especializadas permite realizar un servicio polivalente, global, integrador, preventivo y educativo entre otras acciones”, defendía Armario semanas atrás.
