El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando ha expresado “el más absoluto respeto desde el equipo de Gobierno municipal” al auto de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2, por el que ha resultado imputado el interventor y la tesorera municipal, dentro del caso del desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja municipal. La competencia para la incoación, en su caso, de un expediente disciplinario contra estos funcionarios corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no a la administración local.
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez, ha expresado “el más absoluto respeto desde el equipo de Gobierno municipal” al auto dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, por el que ha resultado imputado el interventor y la tesorera municipal, dentro del caso del desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja municipal, robo que se destapaba en abril de 2009.
La jueza considera que los reiterados fallos de control cometidos a lo largo de años pudieran incurrir en un delito de malversación por parte del interventor y de la tesorera, que han sido llamados a declarar en septiembre. El Tribunal de Cuentas ya les declaró como responsables subsidiarios y se les condenó a pagar 67.000 y 30.000 euros, respectivamente.
Nada más tenerse conocimiento del auto, fechado el 20 de julio de 2015, el nuevo Gobierno local PSOE-PA ha solicitado un informe jurídico con el objetivo de conocer las posibles repercusiones en el ámbito administrativo que puedan derivarse del auto judicial, así como las medidas que se puedan llevar a cabo.
El informe emitido desde la Secretaría General especifica claramente que la competencia para la incoación, en su caso, de un expediente disciplinario contra los funcionarios reseñados corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues se trataría de una falta tipificada en la normativa básica estatal. “No puede por tanto, ser de otra manera, ya que la legislación determina con claridad a qué administración corresponde cualquier actuación disciplinaria sobre el personal funcionario municipal con habilitación de carácter nacional, no siendo en este caso el Ayuntamiento”, aclara el edil socialista en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Los principales imputados hasta ahora en este caso del presunto robo de la Caja municipal, entre 2002 y 2008, eran los funcionarios Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas. A lo largo de la instrucción, también han sido imputadas por un delito de blanqueo de capitales tanto la esposa como la suegra de Ruiz, el único que de momento ha pasado por la cárcel.
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