La delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz continúa mostrando “nula voluntad” por reparar el daño causado al exdirector del IES Las Salinas, en San Fernando, según denuncian desde Ustea Cádiz, que amenaza con darle más visibilidad a esta “injusticia” difundiendo partes de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con valoraciones “contundentes y determinantes”.
En junio de 2017, una Inspectora de Educación, “sin objetividad ni motivación argumentada”, evaluaba negativamente al entonces director de este instituto público de La Isla, “apartándolo injustamente de la dirección”. Años después, tanto el Contencioso-Administrativo de Cádiz como el TSJA han dado la razón a este funcionario: “el informe emitido por la Inspectora era tendencioso, parcial y sin motivación para el suspenso, dictado en sentencia firme”.
Ustea incide en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz en que la Administración “debería haber actuado desde que la sentencia es firme. Debió haber tenido tiempo para ponerse en contacto con el afectado y pedirle disculpas en primer lugar, ya que es funcionario público, y en segundo lugar, hacer un informe objetivo sobre su desempeño en la función directiva, a efectos que su honorabilidad y profesionalidad quede fuera de estar en entredicho”.
Pero además, añade este sindicato, la actual delegada territorial responsable, Isabel Paredes, “debe solicitar las responsabilidades disciplinarias a la Inspectora de Educación que realizó ese informe negativo que ha sido totalmente desestimado por los jueces, truncando la trayectoria profesional de este funcionario”.
Y del mismo modo, esta política del PP “también debe garantizar que se depure las responsabilidades patrimoniales por los efectos perniciosos, no sólo económicos, sino morales, personales y de proyección profesional que este funcionario ha tenido todo este tiempo”.
“PEDIMOS QUE LA JUNTA CUMPLA CON SU OBLIGACIÓN, Y NO SIGA PONIENDO TRABAS A QUE SE HAGA JUSTICIA Y LEY”
Sin embargo, dos meses después que la sentencia del TSJA haya sido declarada firme, “sigue sin hacer nada”. “Aunque su secretaria general técnica nos convocó a una reunión, 48 horas antes la anuló argumentando que el asunto era complicado y que tenían que estudiarlo demorando el tiempo y obligando a este funcionario a interponer una demanda ejecutiva ante los tribunales para que se cumpla la sentencia”, apostilla Ustea.
En este punto, este sindicato espera que la Junta “asuma sus obligaciones desde hoy”, de lo contrario “nos veríamos obligados a realizar comunicados visibilizando la injusticia que ha supuesto este proceso mediante la publicación de las partes de la sentencia que son contundentes y determinantes, basadas en valoraciones de los propios jueces como la animadversión que la inspectora tenía hacia el funcionario o la intención previa de que el resultado fuese desfavorable”.
“Solicitamos que la administración que no es cualquiera, que es una administración pública, no es una empresa, cumpla con su obligación, y no siga poniendo trabas a que se haga justicia y ley”, se sentencia.
