El agua, un recurso básico fundamental, podría en San Fernando dejar de estar explotada por una empresa privada, para pasar a ser gestionada por una empresa mixta pública-privada.
El contrato de Hidralia (originalmente Aquagest) al frente de los servicios de abastecimiento y distribución de agua y alcantarillado en la ciudad finalizó en verano de 2019, tras 25 años de vigencia. Pero como para entonces no había ni un nuevo pliego listo para volver a licitar el servicio ni intenciones claras de municipalizarlo, el Gobierno local optó por prorrogar la concesión administrativa a la misma empresa durante cuatro años más, con la obligación de invertir en la renovación de la red de alcantarillado de la barriada Bazán.
Y ahora, cuando resta algo más de un año para que venza esa prórroga, desde el Ayuntamiento se anuncia que se quiere contar con una empresa mixta para gestionar el agua, y para ello el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos prepara llevar a pleno una propuesta para iniciar los trámites que permitan poner en marcha este nuevo modelo.
Este mes de marzo, el Consistorio dice haber recibido las conclusiones de la ‘Memoria de alternativas de gestión’ del nuevo servicio del ciclo integral del agua en la ciudad (es decir, no solo el abastecimiento, sino también la captación, el alcantarillado, la depuración de las aguas residuales o el propio de la regeneración o reutilización del agua depurada). Este documento ha sido elaborado “de forma concienzuda” por la consultora especializada PWACS, y contempla el análisis jurídico, económico-financiero, aspectos de gestión y repercusiones sociales de cada uno de los posibles modelos de gestión, presentando además una matriz DAFO y las conclusiones obtenidas de dicho análisis.
Según se señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este informe apunta aspectos “muy positivos” como el buen rendimiento en el sistema de abastecimiento municipal, que se encuentra en valores adecuados de eficiencia en la red, por encima de los valores medios nacionales (77%), y que aspira a poder situarse incluso valores del 88%.
Este diagnóstico, y “la buena situación económica del Ayuntamiento”, permiten que de cara a elegir un nuevo sistema de gestión del agua “se pueda optar por la fórmula más eficiente y adecuada, y elegir con la máxima libertad la opción más ventajosa para la ciudadanía”, que para el Ejecutivo liderado por Patricia Cavada pasa por la creación de esta empresa mixta “participada por el Ayuntamiento y un operador privado”, en la que el 51% del accionariado quedaría en manos municipales (sería similar a la empresa Apemsa en El Puerto -aunque en su caso pasó años atrás de ser totalmente municipal a semiprivatizarse-, y no como Aguas de Cádiz en la capital, operadora pública y cien por cien municipal).
“LO MEJOR DE LO PÚBLICO Y DE LO PRIVADO”
Afirma el Gobierno local que de este modo, la gestión política de un recurso público fundamental “gana peso, dentro de una apuesta social y medioambiental que permite al Consistorio garantizarse una mayor intervención en la ejecución del contrato, asegurando un mayor grado de control de la administración y su participación en la toma de decisiones de un servicio estratégico como es éste”.
Las conclusiones del análisis contratado a la consultora especializada son “claras” a la hora de apostar por esta fórmula que “es la más eficiente a la hora de gestionar un bien de consumo fundamental como es el agua”. “Se trata de un modelo de gestión que aúna lo mejor de lo público y de lo privado, y es una fórmula exitosa de colaboración entre administraciones y empresas”, venden desde el bipartito de socialistas y la franquicia naranja.
En esta tesitura, el Ayuntamiento trabaja ya en la propuesta que se va a llevar a pleno para iniciar los trámites que permitan “la gestión a futuro” del agua en la ciudad, con una visión a largo plazo que será estable y duradera, que permitirá una mayor capacidad de decisión y de control de este recurso y todo el ciclo integral asociado a él”. Una vez que se apruebe por el pleno (no habrá problemas, ya que el Gobierno local tiene mayoría), se deberá aprobar un plan de inversiones, realizar un estudio de viabilidad y elaborar el expediente para proceder a la licitación.
LAS “VENTAJAS”
Esa memoria especializada, según la información que difunde el propio Consistorio, arroja conclusiones desde el punto de vista económico como que la creación de una sociedad mixta para gestionar los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua “genera, en las mismas condiciones de partida, una mayor capacidad de inversión para la mejora de las infraestructuras que cualquiera de las otras posibles fórmulas que se pudieran elegir”.
Desde el punto de vista de gestión y organización, destacan que con la creación de una empresa mixta “se dispone de un operador que permite la gestión más flexible y ágil de los servicios”.
Desde el punto de vista social, se afirma que la administración “toma un papel determinante en la gestión diaria del servicio y por tanto en la toma de decisiones, mejorando la transparencia en todos los aspectos del servicio”.
Desde el punto de vista ambiental, se resalta que la presencia de un operador privado en el servicio aporta la integración e implementación de las últimas tecnologías en materia de protección ambiental que se complementan con la capacidad de decisión de la administración en la implementación de las políticas ambientales.
Además, otra de las ventajas que se subrayan de la apuesta por una empresa semi-pública es que hay mayores herramientas para garantizar que a lo largo de los años no habrá incrementos del IPC o incrementos fijos, “por lo que las fluctuaciones del mercado no afectarán a la factura”.
FACUA CUESTIONA QUE “NO SE RECUPERE” LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO
Ante el anuncio del Consistorio isleño, Facua Cádiz evidencia que su decisión “no supone la recuperación de la gestión pública de este servicio”, dado que, aunque la administración local disponga de la mayoría de las acciones de la futurible nueva empresa, “será la empresa privada, en su calidad de socio técnico, el que continuará llevando las riendas de la gestión, decidiendo, por ejemplo, las obras a ejecutar y a qué empresas son éstas encomendadas, o la atención a los usuarios”.
A juicio de esta asociación de consumidores, la fórmula de la empresa mixta “impide en la práctica que el Ayuntamiento tenga un control efectivo sobre la prestación del servicio”, pero, al mismo tiempo, “sí que le obliga a asumir cualquier consecuencia derivada de una mala gestión”. Por lo tanto, considera que el cambio de fórmula “coloca en una posición más cómoda a la empresa privada mientras que no reporta al Ayuntamiento isleño ningún beneficio considerable”.
Entre sus reproches, Facua también lamenta que el Gobierno municipal liderado por el PSOE “haya tenido en cuenta exclusivamente, a la hora de adoptar la decisión, el informe elaborado por una consultora privada”, sin que haya solicitado la opinión al respecto ni de esta organización ni de otros colectivos, como sindicatos o asociaciones vecinales.
