Una vez más es noticia el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz por sus penosas condiciones; se trata de la perrera competencia de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, en una parcela de Chiclana, que ‘sirve’ a los ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real, y cuyos servicios están adjudicados a la empresa Athisa.
Tras varias denuncias, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudían días atrás a dichas instalaciones y confirmaban un panorama “desolador” para los más de 160 perros que se encuentran en “condiciones miserables” actualmente en este centro público, procediendo a abrir un expediente a la empresa contratada por la Mancomunidad.
De los cuatro consistorios que costean esta perrera, el de San Fernando es de momento el único que ha expresado su indignación ante el trato “degradante, inmoral e irregular” que se está dando a los animales acogidos.
Del mismo modo, el Ayuntamiento isleño ha manifestado su contrariedad porque, siendo miembro de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, ha tenido que enterarse por la prensa de la apertura de dicho expediente, por lo que exige una reunión urgente de la Comisión de Salud del ente mancomunado “para que dé las explicaciones pertinentes y adopte medidas de manera inmediata que garanticen la correcta prestación del servicio y, sobre todo, el bienestar animal”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta, reitera que no es la primera vez que se producen denuncias relacionadas con la prestación de este servicio, tachando de “inadmisible” la situación y gestión de este servicio mancomunado de protección animal, “máxime teniendo en cuenta que es prácticamente la única tarea que tiene (la Mancomunidad), le cuesta el dinero a los ayuntamientos y, sin embargo, no la está cumpliendo”.
En este sentido, la edil del PSOE ha reprochado al nuevo presidente de la Mancomunidad, Millán Alegre (concejal del PP en el Ayuntamiento de El Puerto donde además asume entre sus competencias Medio Ambiente), que “no se avance” en la comprometida ampliación de los departamentos y espacios de estancia de los animales, y tampoco se están dando pasos de cara al centro definitivo que supuestamente se iba a habilitar en el término municipal de Puerto Real.
“EL MALTRATO ANIMAL NO PUEDE QUEDAR IMPUNE”
“El Ayuntamiento de San Fernando no tiene ninguna intención de seguir con este servicio de la mano de la Mancomunidad, ya que lo presta mal y no aporta ningún avance ni ninguna certeza de que se vayan a producir mejoras en lo que respecta a las condiciones laborales de la plantilla, la situación de las instalaciones o el trato dispensado a los propios animales”, ha advertido Foncubierta.
Por ello, insiste en pedir una reunión urgente de la Comisión de Salud de la Mancomunidad de Municipios para que “se nos traslade toda la información sobre la situación actual y se nos explique hacia dónde vamos de cara al futuro” en relación a este servicio público privatizado. A partir de ahí, asegura que el Consistorio “tomará las medidas que se estimen oportunas para poner fin a este incumplimiento flagrante de la Ley de Bienestar Animal del que la Mancomunidad es cómplice”.
“El maltrato animal no puede quedar impune y que no se den las mínimas condiciones en un centro público de protección es una situación inadmisible”, se sentencia desde el equipo de Gobierno liderado por Patricia Cavada.
ATHISA MANTIENE EL CONTRATO PESE A LAS DENUNCIAS
En otoño del pasado año la Mancomunidad volvía a adjudicar este servicio de protección animal a Athisa, la misma empresa que ya venía asumiendo este contrato (que incluye la recogida, transporte, albergue y adopción de animales), y pese a las críticas y denuncias recibidas; de hecho, CCOO celebraba protestas meses atrás para exponer “las deplorables condiciones laborales e higiénicas en las que se encuentran tanto los animales como los trabajadores”.
En su momento, se destacó que este nuevo contrato (adjudicado por más de 2,3 millones de euros) incluye un conjunto de mejoras respecto del anterior pliego, que fueron consensuadas entre los ayuntamientos que comparten el servicio, con la participación del voluntariado, protectoras y asociaciones, Pacma y delegados sindicales de los trabajadores del centro. Pero parece que poco de ello se va cumpliendo.
