El Ayuntamiento de Rota acaba de recibir la notificación oficial de que la Junta de Andalucía ha aprobado de manera definitiva la reedición de los planes de empleo, que tenía provisionalmente confirmados desde hacía ya unos meses.
Contando ya con la resolución definitiva, firmada por el director general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Consistorio anuncia que va a ponerse a trabajar “de inmediato” para poner en marcha estos planes y comenzar las contrataciones temporales de 119 parados.
Con todo, el portavoz del Gobierno roteño, Daniel Manrique, ha lamentado esta demora: “todas las excusas del PP han caído por su propio peso, ya que el único interés del nuevo Gobierno de la Junta era dilatar el inicio del plan de empleo hasta después de las elecciones, porque entendían que la puesta en marcha podía beneficiar a los partidos que estaban en gobiernos municipales”.
Fue el 3 de octubre de 2018 cuando el Ayuntamiento solicitó esta reedición del plan de empleo aprobado por el anterior Gobierno andaluz socialista en septiembre. Todos los trámites iniciales se habían desarrollado con total normalidad e incluso se tenía la resolución provisional de que Roa cumplía los requisitos para ser beneficiaria. “Tanto es así, que todo estaba previsto para que en enero se pudiera comenzar la ejecución del plan de empleo que permitiera las contrataciones”, asegura Manrique.
No obstante, el cambio del Gobierno de la Junta, y la llegada de PP y Cs con el aliento de la ultraderecha, “hizo que el seguimiento normal de este procedimiento se viera alterado”. De hecho, desde finales del mes de enero y hasta antes de las elecciones del 26-M, Manrique ha apuntado que este Ayuntamiento “solicitó a la Junta y al PP en varias ocasiones una explicación de por qué no llegaba la resolución definitiva para este plan tan esperado por tantas familias roteñas”.
“Las explicaciones del PP de Rota fueron de lo más variopintas”. Por ejemplo, en febrero, ante la moción del PSOE instando a la Junta la puesta en marcha de este plan, la respuesta “aludió a cuestiones administrativas que se iban a resolver”; en abril, “se nos dice que no se había podido aprobar porque teníamos deudas con la Junta, algo que era del todo falso como ya demostró el alcalde con el certificado positivo de la Junta de Andalucía de estar al corriente con esa entidad”; y en mayo, “nos dice que el Ayuntamiento no había justificado una subvención que estábamos desarrollando, algo que es una aberración porque las justificaciones de las subvenciones se realizan una vez finalizado el programa”, aclara el portavoz del Ejecutivo local.
“Hemos recibido la notificación por fin con la aprobación definitiva sin que por parte de la Junta se le haya requerido al Ayuntamiento ninguna documentación adicional desde que se nos mandó la resolución provisional”, añade Daniel Manrique.
EL PROBLEMA DE LA SUBIDA DEL SMI
Por otro lado, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, el teniente de alcalde anota que a pesar de haberse aprobado definitivamente el plan de empleo, la Junta no ha admitido la petición que le hizo el Ayuntamiento de contemplar la subida del salario mínimo (SMI) establecida por el Gobierno central en 2019.
Así, como ha ocurrido con el resto de consistorios beneficiarios de este programa, “a pesar de reclamar a la Junta que subiera la cuantía para que los planes de empleo estuvieran financiados al cien por cien, la Junta no ha accedido a aumentar la cantidad para llegar hasta el SMI”, por lo que las dos opciones que tenía el Ayuntamiento eran: “contratar a menos personas, o bien suplementar los 90.000 euros que la Junta no ha querido sumar a este plan de empleo”.
Rota ha decidido complementar el plan para contratar al número inicial de personas desempleadas, es decir, a 119.
Estas contrataciones, para las que la selección de personal se realizará a través del SAE en función de las solicitudes que el Ayuntamiento envíe, se llevarán a cabo distribuidas en distintas categorías profesionales y periodos de edad, por una duración de seis meses para que puedan beneficiarse de otras prestaciones con cargo a la Seguridad Social.
