IU llevará ante la Comisión Europea el conflicto de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota –en la negociación del convenio colectivo se han encontrado con que la empresa concesionaria quiere despedir a hasta 45 personas-, así como las reivindicaciones del personal laboral. La europarlamentaria izquierdista, Paloma López, se ha reunido con los dos comités de empresa y ha anunciado que solicitará oficialmente una visita a las instalaciones militares.
La europarlamentaria de IU, Paloma López, ha anunciado que llevará ante la Comisión Europea el conflicto de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota, así como las reivindicaciones del personal laboral.
Solicitará asimismo una visita a la Base militar con objeto de “mantener allí una reunión con los trabajadores, tal y como corresponde con cualquier trabajador”. El objetivo será el de articular “desde el ámbito local, provincial, de la comunidad, el Estado y Europa, la manera de que, desde todas las administraciones ejerzamos presión para que se reconozca un derecho fundamental como es el derecho a la negociación colectiva y sobre los derechos que se vulneran de manera sistemática”.
Esta eurodiputada, junto al coordinador provincial de IU, Fernando Macías, y el diputado provincial de IU, Antonio Alba –que elevaba el tema al reciente pleno de la Diputación de noviembre-, han mantenido un encuentro con el comité de empresa de los trabajadores del aeropuerto con objeto de recabar información sobre el conflicto en el que se ven inmersa la plantilla de la empresa Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS), adjudicataria de la gestión de los servicios aeroportuarios en la Base. López fue puesta al corriente de la situación de los trabajadores, que en el marco de la negociación del nuevo convenio se han encontrado con una amenaza de despido de 45 personas y una importante merma de las condiciones laborales, tales como reducción salarial, eliminación de pagas extraordinarias, reducción del 50% del complemento de antigüedad o eliminación del complemento de incapacidad temporal, entre otros.
El presidente del comité, Edgar Schmidt, recalcó que el problema viene una vez que la empresa se desmarcó de la negociación del convenio colectivo al indicar que “de la plantilla sobran 45 personas pero que están dispuestos a despedir sólo a 15, pero con una rebaja salarial importante para el resto” y añadió que “en la mesa de negociación de un convenio no cabe plantear despidos, eso es otra cosa”. La plantilla entiende que posibles despidos que quiera plantear la concesionaria deberá hacerlo mediante el correspondiente Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y no en el marco de una negociación de convenio.
Paloma López, por su parte, considera “sorpresivo” que se esté incumpliendo el convenio y “no haya claridad sobre lo que está sucediendo, cuando se ve bastante obvio la necesidad de negociación y la necesidad de respetar la normativa laboral que rige en España”, por lo que llevará ante la UE el “no reconocimiento de la negociación colectiva que se está produciendo”.
REIVINDICACIONES DEL PERSONAL LABORAL
Por otro lado, la eurodiputada izquierdista preguntará también ante la Unión Europea, la vulneración de derechos fundamentales a la que se están viendo sometidos trabajadores españoles en la Base compartida por España y EEUU ante la falta de capacidad negociadora de la plantilla laboral que trabaja para el Ministerio de Defensa en estas instalaciones.
El presidente del comité de empresa, Manuel Urbina, mostró en primer lugar el “total apoyo” de la plantilla laboral a los trabajadores del aeropuerto al considerar “salvaje” la propuesta que Louis Berger hace a la plantilla, en un momento en que está subiendo la fuerza de los EEUU en la Base”. Urbina aprovechó la visita de la europarlamentaria para trasladarle “la escasa capacidad de negociación que nos deja a los trabajadores Anejo 8 del convenio bilateral entre España y EEUU, que data de 1988”. Denunció además, que “en 10 años se han perdido 600 puestos de trabajo cuando entendemos que hay más americanos; el 70-30 no se está cumpliendo, esto es, 70% de españoles por 30% de civiles americanos, sabemos que no se está cumpliendo aunque no tenemos cifras fehacientes”.
López se ha comprometido a llevar esta falta de capacidad negociadora y la posible vulneración de derechos de la plantilla española igualmente ante la Comisión Europea.
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