El Ayuntamiento de Rota lo tiene claro: la desaparición de la vaqueriza cercana a la avenida de la Matea, que tantas críticas y quejas por molestias de olores viene ocasionando a los vecinos de la zona, “no tiene vuelta atrás”.
Son palabra del portavoz del Gobierno local, Daniel Manrique, quien ha confirmado que se ha dado un “ultimátum definitivo” a los propietarios, de manera que “si el ganadero no desmantela la explotación antes del 30 de noviembre, será el Ayuntamiento quien lo haga de manera subsidiaria, es decir con cargo al titular de la citada vaqueriza”.
Este plazo llega tras la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Cádiz, que avala la actuación municipal, y resuelve que el ganadero no puede seguir con la actividad y tiene que desalojar esta explotación, que debido a la expansión urbanística, ha quedado emplazada en una zona prácticamente urbanizada, causando constantes problemas de malos olores y salubridad a los residentes de esta zona.
El Consistorio, se señala en la información remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha tratado durante estos años llegar a un acuerdo con el dueño de la vaqueriza para encontrar una salida que facilitara el traslado de la explotación, “pero el incumplimiento por parte del propietario de los plazos, requerimientos y trámites acordados por ambas partes, y su pasividad, junto a la reciente sentencia”, han culminado en este “ultimátum”.
LA EXPLOTACIÓN CARECE ADEMÁS DE LICENCIA DE APERTURA
Manrique ha repasado la cronología de este “problema”, así como las gestiones que se ha realizado en el presente mandato para dar solución a esta situación “con el menor perjuicio para el ganadero”, teniendo en cuenta que esta explotación cuenta con más de 450 cabezas de ganado, y es la más importante de la Villa.
A raíz de que la vaqueriza, ubicada en zona rústica, quedase rodeada de casas debido al desarrollo urbanístico de la localidad, el Ayuntamiento dictó a finales del pasado mandato, en 2015, una orden para que el propietario cesara la actividad.
Cuando el actual bipartito de PSOE-IU llegó al poder, se reunió con el ganadero para «buscar un punto de equilibro que permitiera el desalojo de la vaqueriza y resultara lo menos gravoso posible para el empresario», con el que se habló de una posible indemnización, que tampoco se pudo llevar a cabo debido a que la explotación carecía de licencia de apertura.
Tras el recurso interpuesto por el ganadero pidiendo la paralización del desalojo como medida cautelar, y a la espera de la resolución, el Ayuntamiento continuó negociando un plan de evacuación para el traslado de la vaqueriza. Se comprometió a la Diputación para que fuera avalista en caso de necesidad, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir más alturas en las naves, e incluso se habló con la Base Naval ya que la nueva finca se encontraba en zona de servidumbre militar; pero el propietario “tan sólo presentó un proyecto básico, que no subsanó en base a los requerimientos de los técnicos municipales, y tampoco cumplió con los plazos del plan”.
Llegados a este punto, “y a pesar de que se trata del escenario menos deseado” por el Ejecutivo liderado por Javier Ruiz Arana, se sentencia que “la única alternativa” que tendría el ganadero si no desmantela la vaqueriza en el plazo indicado para evitar el desalojo forzoso, es iniciar las obras de construcción de una nueva vaqueriza en otra finca y terminarlas en el plazo de tres meses.
En cualquier caso, ya sea porque el propietario cumpla con el plazo para quitar la vaqueriza; porque inicie las obras en otra finca para trasladarla; o porque, si no se da ninguna de estas opciones, el Ayuntamiento tenga que desmantelar la explotación mediante un desalojo forzoso (contando con medios policiales), y dando cuenta a la Junta de Andalucía; la vaqueriza, y con ella el problema que causa a todos los vecinos, “tiene los meses contados”.
