El Ayuntamiento de Rota ha dado cuenta del último trámite llevado a cabo en relación al desalojo de la vaqueriza ubicada en las inmediaciones de la avenida de la Matea, y cuyo cese de actividad fue acordado en marzo de 2015, hace ya más de cinco años. Instalación que tantas quejas por molestias de olores viene ocasionando a los vecinos de la zona (de expansión de la localidad).
Desde junio de 2015, el Consistorio ha estado dándole plazos al ganadero para que traslade su explotación a otro lugar que no cause los problemas de salubridad pública que viene ocasionando, todo ello al mismo tiempo que el titular de la explotación iniciaba una batalla jurídica para intentar que dicha resolución municipal de marzo de 2015 se anulara. En septiembre de 2018 el Juzgado dictaba sentencia en contra del ganadero y mantenía que la resolución inicial debía ser ejecutada, máxime ante la voluntad del titular de la vaqueriza de no haberse trasladado a otro emplazamiento habiendo dispuesto de más de tres años para hacerlo.
Ya enn octubre de 2018, el Ayuntamiento inicia el expediente de ejecución subsidiaria, ordenando el traslado forzoso del ganado y cortando los suministros de luz y agua conforme determina la normativa urbanística. Dicha ejecución tuvo que ser paralizada como consecuencia de un nuevo recurso contencioso-administrativo que el ganadero interpuso ante la resolución de ejecución.
Actualmente ya se ha dictado sentencia en ese asunto, y lejos de decir que el desalojo de la vaqueriza no se pueda llevar a cabo, “como se ha expresado en algunos medios”, el juez ha determinado “con total rotundidad” que el acuerdo de cese de la actividad tiene que ser ejecutado.
En este sentido la sentencia dice literalmente: “se debe considerar que el cese de la explotación ganadera es una resolución firme que no se puede alterar por cuanto el acuerdo de Junta de Gobierno Local (de 2015) ha sido confirmado por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (en 2018) como por la sentencia de la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2019”.
Además, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, esta última sentencia desmonta algunos de los argumentos que se había venido esgrimiendo por el titular de la explotación cuando dice que “es cierto que la administración demandada ha otorgado un plazo suficiente para el cumplimiento de la resolución firme de cese de actividad sin que el recurrente haya cumplido en plazo, ante lo cual jurídicamente hablando la ejecución subsidiaria estaría justificada”.
SE ACORDARÁ EL PRECINTO DE LA INSTALACIÓN UNA VEZ QUE LO PERMITA EL CORONAVIRUS
Por tanto, la Justicia “deja claro que hay que seguir con el desalojo de la vaqueriza”, se remarca, indicándole al Consistorio roteño que adopte otras medidas de ejecución que no implique el sacrificio del ganado, “como podría ser el precinto de la actividad con apercibimiento al ganadero que de no cumplirlo podría estar incurriendo en un delito de desobediencia”.
En base a esta sentencia, la administración municipal avanza que seguirá las indicaciones judiciales, “como no puede ser de otra manera”. Por tal motivo, una vez se levante la suspensión de los plazos administrativos decretado por el vigente estado de alarma ante la crisis del coronavirus, se le requerirá al ganadero que desaloje la explotación y si no lo hiciera se acordará el precinto de la misma, no pudiendo realizar la actividad propia de la explotación que es la comercialización de la leche, sin perjuicio de la obligación del ganadero de mantener el ganado en las debidas condiciones, y todo ello con los apercibimientos legales que procedan.
“Entendemos que esta situación va a resultar más gravosa para el ganadero, que tendrá que seguir mantenido el ganado mientras lo traslada, sin obtener rendimientos de la explotación, pero esta es la solución a la que nos vemos abocados tal como han devenido los acontecimientos. Esperemos que con estas medidas avaladas judicialmente, se pueda resolver el problema de salud pública que tantos vecinos vienen denunciando desde hace años”, subrayan desde el Ayuntamiento.
Por otro lado, la autoridad judicial ha determinado que el Ayuntamiento actuó conforme a Derecho cuando acordó el corte de los suministros de luz y agua, y que por tanto no procede abonarle ninguna indemnización al ganadero.
LA JUNTA “SE DESENTIENDE”
Por otro lado, el Gobierno local del PSOE lamenta en este caso la “dejación de funciones” que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, ahora con gobierno de derechas, “que se quiere desentender de un problema que le toca de lleno, dejando abandonados a todos los vecinos que sufren los perjuicios de esa explotación”.
“Es inverosímil que no se cancele el código de explotación a una ganadería que todas las resoluciones judiciales dicen que es ilegal, y además que lo hagan cuando lo que está en juego es la salud pública de los ciudadanos, siendo la administración autonómica la responsable de preservar la salud de todos los andaluces”, se apostilla.
Esta situación de “inactividad” no le pasa por alto al Ayuntamiento que ya ha entablado también una reclamación judicial para que se le ordene a la Junta “a que actúe en defensa de los intereses generales de la ciudadanía”.
