El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, ha mantenido recientemente una reunión con representantes de la Asociación de Comerciantes (ACE), y la Asociación de Comerciantes de la barriada Río San Pedro. Un encuentro para abordar la controvertida tasa consorcial de basura (un asunto que también ha afectado a los municipios vecinos de San Fernando y de Chiclana).
Y es que el Servicio Provincial de Recaudación ha estado notificando en las últimas fechas el cobro de esta tasa para la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos. Un impuesto aprobado por el PP en 2014.
Romero, a quien acompañaron en esta reunión la responsable municipal de Hacienda y Deuda, Fátima Pontones, y de Coordinación, José Montilla, les ha relatado a los empresarios que el Ayuntamiento aprobó una tasa de tratamiento de residuos en el año 2012, aunque nunca se puso al cobro, y a partir de 2014 se sustituyó por la tasa consorcial, que tampoco se cobró a la ciudadanía.
Y en este punto ha hecho hincapié en su disconformidad con esta tasa, ya que se implanta de manera lineal y por peso recogido, independientemente de si la ciudadanía de ese municipio recicla o no. Además, no se tienen en cuenta a las personas más desfavorecidas económicamente, pues no tiene bonificaciones en este sentido.
Por eso, según el primer edil de Sí se puede, la solución pasaría por derogar la tasa consorcial, y que sea el Ayuntamiento quien regule la prestación de este servicio, en las condiciones y con los criterios específicos de la localidad, una propuesta que formulará en la reunión del consejo de administración del Consorcio Bahía de Cádiz que se celebra esta semana, y en el que se abordará este asunto.
Antonio Romero también ha detallado que “aunque no se haya cobrado a la ciudadanía, Puerto Real sí ha hecho frente a estos gastos, pues una de las primeras cuestiones que nos encontramos nada más llegar al Gobierno municipal fue afrontar un pago de 3 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 a la empresa que prestaba este servicio, lo que evidencia nuestra responsabilidad”.
Así, el bipartito ha aclarado a los representantes de los comerciantes puertorrealeños varios puntos en relación con este asunto: en primer lugar, que seguirá trabajando para lograr “el mejor servicio al menor coste posible”, y en cualquier caso, que este coste “se reparta de manera justa y equitativa”. En segundo lugar, que si esta tasa del Consorcio no se cobra en Chiclana o San Fernando tampoco se hará en Puerto Real. Y en tercer lugar, que contra la notificación de cobro recibida por los afectados, tanto particulares como empresarios, puede interponerse un recurso de reposición ante el Servicio Provincial de Recaudación, constándole al alcalde que efectivamente se está haciendo.
