El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) tiene previsto abordar este martes entre sus puntos la aprobación del inicio del expediente de expropiación de las casi 40 hectáreas del polígono industrial El Trocadero, en Puerto Real, y donde se incluyen los controvertidos suelos de Delphi (adquiridos por el Cádiz CF hace unas semanas), adscritos por orden ministerial al dominio público portuario (pocos días después de conocerse su venta).
Un trámite que la alcaldesa puertorrealeña Elena Amaya (y consejera en la APBC por su cargo) ha pedido retirar del orden del día, aunque en todo caso “no inicia el expediente expropiatorio, sino que su actuación se limita a instar a la administración competente a iniciar los trámites expropiatorios y solicitar su condición de beneficiaria, por causa de utilidad pública”, aclaran desde la Autoridad Portuaria en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz; incidiendo en que es “un acto administrativo de trámite sobre un expediente en el que la necesidad de ocupación ya ha sido reconocida con anterioridad”.
Ante este consejo de administración, la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, ofrecía una rueda de prensa urgente en la tarde del lunes para aclarar el posicionamiento de la entidad que preside en todo este asunto, en el que chocan los intereses públicos del Puerto gaditano con los privados del principal equipo de fútbol de la capital. Y para exponer la “rigurosa gestión realizada” para la adscripción de estos terrenos al dominio público portuario.
“El proyecto de la Autoridad Portuaria para los suelos de Delphi y aledaños es un proyecto de logística portuaria; nunca nadie ha dicho que esos suelos vayan a dedicarse a graneles, entre otras cosas, porque el uso viene definido en la propia Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP)”, ha querido remarcar esta veterana política del PP, ante la oposición del Ayuntamiento y de cierto movimiento ciudadano, contrarios a que esta parcela acabe dedicándose al almacenamiento de graneles, como complemento a la dársena de La Cabezuela.
En concreto, los usos aprobados son complementarios o auxiliares que, como recoge la Ley de Puertos, “incluye los relativos a las actividades logísticas y de almacenaje y los que correspondan a empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto”.
Sostiene Martínez que esos suelos están llamados a sumarse a Lógica (el reformulado proyecto de Las Aletas, que sigue siendo más teoría que una realidad), que “son el crecimiento natural de la logística portuaria y que traerán más empresas, más empleo y más inversión a Puerto Real”.
“DESDE SU INICIO 2017 ESTA TRAMITACIÓN NUNCA HA SIDO MOTIVO DE CONTROVERSIA”
Por otro lado, en esta comparecencia, la actual presidenta de la APBC ha subrayado al respecto que “no estamos hablando de un proyecto de Teófila Martínez, sino de la Autoridad Portuaria”, que se inició en junio de 2017, cuando en este ente todavía había un presidente colocado por el PSOE.
En ese momento la APBC ya mostró interés por esta parcela (como complemento de su actividad en La Cabezuela), y aprobaba por parte de su consejo de administración, principal órgano de gobierno junto a la presidencia, de la remisión a Puertos del Estado de la solicitud de autorización para la compra de la parcela. Ese mismo consejo autorizó también aquel día el inicio del expediente de modificación sustancial de la DEUP para incorporar esos suelos a la zona de servicio del puerto.
Teófila Martínez no estaba en aquel consejo, pero sí el entonces alcalde de Puerto Real (de Podemos), los dos representantes empresariales (uno de ellos el actual presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz), tres representantes estatales, el representante del Ayuntamiento de Cádiz, el de la Cámara de Comercio y un representante sindical, además del entonces presidente, director, capitán marítimo y secretario del consejo.
“Todos apoyaron la solicitud de autorización de compra del terreno a Puertos del Estado”, a excepción del representante de Puertos del Estado, que se abstuvo, al ser el propio organismo al que representaba el que tenía que autorizar la actuación.
Desde aquella primera gestión, el consejo de la Autoridad Portuaria ha incluido hasta en siete ocasiones puntos relacionados con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios referido a la incorporación de la parcela de Delphi y, según ha recordado la ahora presidenta con las actas sobre la mesa, “en ninguna ocasión estos puntos han sido motivo de controversia y siempre han sido apoyados de forma unánime”.
Concretamente, y estando ya la actual alcaldesa de Puerto Real del PSOE al frente del Ayuntamiento, que ante el interés del Cádiz CF por la parcela ahora se opone a la iniciativa de la APBC, “ha contado con el voto a favor de dicha institución”: en octubre de 2019, cuando se somete a aprobación el inicio del expediente de una nueva DEUP; en diciembre de 2019, cuando se somete a votación la aprobación inicial de la propuesta de la DEUP; y en junio de 2020, cuando se lleva a consejo la aprobación de la formulación definitiva de la modificación sustancial de la DEUP y la remisión del expediente a Puertos del Estado para continuar su tramitación con vistas a su aprobación definitiva, que se ha producido mediante orden ministerial en abril de este año. “En todas estas ocasiones se ha contado con la unanimidad del consejo de administración”, ha reiterado Martínez.
Y paralelamente, la APBC ha intentado comprar los suelos de la antigua factoría al administrador concursal: realizaba una primera oferta de compra en junio de 2017 por 2,8 millones de euros, que era el valor de mercado establecido por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, y que reiteraba en septiembre de 2019 y en octubre del mismo año. Pese a ello, Teófila Martínez ha mostrado su “asombro” de que la parcela haya sido vendida cinco años después al Cádiz CF “por un importe inferior al ofrecido por la Autoridad Portuaria”, unos 2,7 millones.
En este punto, la exalcaldesa de Cádiz ha defendido que “la APBC no reparte dividendos. Los beneficios de la gestión repercuten en el bien común y en la mejora de la competitividad del puerto y de las empresas que operan en él” y que son “una fuente de generación de empleo y riqueza como recientemente ha demostrado la Asociación Profesional de Empresas de Actividades Marítimas de la Provincia de Cádiz (Apemar)”, colectivo que además ha pedido “no criminalizar” la actividad de carga y descarga de graneles.
“EL MINISTERIO HA DESESTIMADO YA LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA DEUP”
Finalmente, Martínez ha incidido en que la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desestimado la petición de suspensión de Indaspo (ahora llamada Sport City Cádiz SL, los flamantes propietarios de los terrenos) contra la orden por la que se aprueba la DEUP del Trocadero, poniendo fin a la vía administrativa, “lo que legitima la continuidad administrativa del proyecto”.
Mientras, los dueños de estos suelos de Delphi que llevan 15 años abandonados a su suerte, aseguran haber presentado un recurso de reposición ante el antiguo Ministerio de Fomento contra esa orden ministerial; y “ante la falta de respuesta”, tienen pensado pedir amparo a la Audiencia Nacional. Sus abogados sostienen que la orden “no atiende a fines de utilidad pública”, frente a la idea del Cádiz CF que es “un proyecto estratégico para la Bahía”.
El proyecto presentado a finales de marzo por el club deportivo y presupuestado en un “montante global” de más de 100 millones de euros, enmarcado en lo que se ha llamado “industria blanca”, contempla una “ciudad digital energéticamente sostenible”, en la que se dibuja un hub tecnológico incorporando un vivero de empresas que retenga y atraiga talento, un centro de eventos “donde desarrollar espacios multitudinarios, un eje de generación de ingresos” y una nueva ciudad deportiva con la particularidad de que habrá también campos para la cantera en las cubiertas de las instalaciones.
Sport City Cádiz también ha instado a la APBC “a frenar la expropiación” presionando a la secretaria de su consejo de administración para que retire el punto del orden del día, y apuntando a la “dudosa legalidad” del expediente. Esta sociedad tiene como propietario al fondo de inversión Gades Sports Technology Industry FCRE, creado por la gestora Mar Océana para dirigir los “proyectos de crecimiento en infraestructuras” del club de fútbol de la capital.
