La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Real ha sacado adelante otro plan de ajuste, después de que fuera rechazado en el pleno extraordinario previo. Este plan es consecuencia directa de la obligación de devolver el anticipo de la PIE solicitada recientemente y cuyo objetivo era reducir el periodo medio de pago a proveedores. La concejala de Hacienda afea la postura de PA, IU y PSOE en dicho pleno, y recuerda que “si queríamos afrontar los pagos que nos habían dejado los demás y que el Ayuntamiento siguiera funcionando debíamos adherirnos a este Fondo de Ordenación”, que como condición del Ministerio de Hacienda obliga a estos nuevos recortes.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó el pasado 28 de abril otro plan de ajuste, después de que fuera rechazado en el pleno extraordinario celebrado previamente. Este plan es consecuencia directa de la obligación de devolver al Ministerio de Hacienda el anticipo de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) solicitada recientemente (la adhesión al llamado Fondo de Reordenación) y cuyo objetivo era reducir el periodo medio de pago a proveedores.
La concejala de Economía y Hacienda, Fátima Pontones, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, quiere explicar “ampliamente” los motivos que han llevado al Gobierno local a adoptar esta decisión, pues a su juicio “la postura de los partidos de la oposición puede conducir a error y no queremos que los ciudadanos sean engañados: ponemos las cuentas claras”.
“En primer lugar, el plan de ajuste viene básicamente a hacer frente a las facturas y gastos comprometidos y no pagados de la anterior corporación (con Gobierno del PA con mayoría absoluta). A pesar de que los gastos eran suyos, el grupo votó en contra de este plan –en el pleno-, mostrando así el compromiso que tienen con los puertorrealeños”, se queja Pontones.
Efectivamente, este año se comienzan a pagar los préstamos suscritos en 2012, 2013 y 2014, casi 60 millones de euros en total, que han sido refinanciados por el actual equipo de Gobierno “para evitar el colapso del Ayuntamiento, ya que las amortizaciones consumen un 20% de los recursos”.
Además, durante el período de gobierno de IU anteriores se formalizaron préstamos (actualmente vigentes) por valor de 27 millones de euros de importe inicial; esta formación también votaba en contra del este plan de ajuste, “lo que indica que tampoco tiene la voluntad de hacer frente actualmente a una deuda generada por ellos, es cuanto menos poco ético”, apostilla al edil de Hacienda.
“Y por si no fuera suficiente con todo esto –agrega-, PSOE y PP a nivel estatal pactan conjuntamente reformar el artículo 135 de la Constitución (no convocando el obligado referéndum) con este literal: todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria… los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de esos presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Esto implica, anota esta concejala de Sí se puede Puerto Real, “pagar las deudas antes que las nóminas, y/o la limpieza de los colegios, por ejemplo”. Por ello, también afea la abstención socialista en el pleno, “es una demostración de cinismo político al que nos tiene acostumbrados”.
AFRONTANDO LA ‘HERENCIA RECIBIDA’
Pontones subraya “que los ciudadanos sepan que si queríamos afrontar los pagos que nos habían dejado los demás y que el Ayuntamiento siguiera funcionando debíamos adherirnos al Fondo de Ordenación, un mecanismo creado para reordenar la deuda de los ayuntamientos, y para adherirnos a este fondo era necesario un nuevo plan de ajuste como medida obligada”.
“El motivo de nuestra adhesión al Fondo de Ordenación es porque las condiciones financieras son más favorables. Esta adhesión no es de nuestro agrado, pero evidentemente es necesaria para la viabilidad de Ayuntamiento, dado que ya éste se encuentra intervenido por el plan de ajuste previo aprobado por mayoría absoluta del PA, que no deja margen para acudir a otras vías, al menos institucionales”, insiste.
La concejala de Hacienda repite que desde el actual bipartito “siempre nos hemos posicionado en contra tanto de la modificación pactada por PP y PSOE del artículo 135 de la Constitución sin el preceptivo referéndum, como del modelo de financiación municipal, que en los últimos años se ha orientado a la privatización de los servicios públicos más rentables”. “La necesidad de gestionar esta situación no nos impide ver las injusticias generadas por un modelo económico que prima los intereses de las entidades financieras sobre las necesidades reales de los ciudadanos, con la connivencia de los responsables políticos al servicio de los intereses privados”, añade.
“Así pues, seguiremos trabajando en la concienciación social ligada a la movilización, en la coordinación con otros ayuntamientos y fuerzas del cambio y en iniciativas como el ‘Plan B’ impulsadas entre otros por el conocido economista Eric Toussaint”, concluye la delegada municipal de Hacienda, sin dar detalles de lo que implica este plan de ajuste que sale adelante obviando el ‘no’ de la oposición.
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