Todo estaba preparado, bien preparado, por este misterioso matrimonio de conveniencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, con Ciudadanos como celestina. En el que, utilizando un artículo inconcluso, confuso y muy manipulable 155 de la constitución de 78, retrotrae al actual Estado español, a las peores y más oscuras etapas de la historia, siempre negra y dictatorial de España.
Ya puedan intentar justificar la aplicación de artículo como quieran, refugiados en lo que quieran, agarrados a lo que deseen, pero bajo ningún concepto, podrán convencer a los demócratas, del verdadero Golpe de Estado a la democracia que acaban de cometer.
El Parlament de Catalunya, está compuesto por diputados, elegidos de forma democrática por el pueblo catalán en unas elecciones autonómicas legales y constitucionales, al amparo de la Constitución del 78 y, por tanto, es un Parlament legal y democrático. El mismo, y del mismo modo democrático y legal, eligió, con la mayoría parlamentaria necesaria a Carles Puigdemont como legítimo President de la Generalitat de Catalunya, del Govern de Catalunya, y eso en una democracia es, debe ser sagrado, ya que emana de la voluntad popular.
Esta voluntad popular no puede, bajo ningún concepto ser violada, ni violentada por ningún partido, o agrupación de partidos. Menos aún suspender un parlamento y un Gobierno. El menor intento de ello es, ante todo y sobre todo antidemocrático. Menos aún, cuando los partidos que provocan tal indecencia, son aquellos que menos respaldo democrático tienen en Catalunya. Que un Partido como el Popular, con menos del 8% de los votos catalanes, intente ahora gobernar desde Madrid, es repito, al menos, indecente. No se puede gobernar desde los despachos lo que no se gana en las urnas. Violentar la voluntad de un pueblo es y vuelvo a repetir, un intolerable Golpe de Estado a la voluntad popular.
La Política, lo que consagra la política, es el arte del diálogo, de la consecución de objetivos que mejoren la calidad de vida democrática social, y económica de las personas a las que se gobierna. Desde el uso de los votos que son confiados para ellos. El Gobierno de España lo es por la voluntad popular, esa misma voluntad con la que lo hace el Govern de Catalunya. La misma. Esa mutua legalidad es la que no se ha tenido en cuenta. No nos engañemos pues, el Gobierno de España, el Jefe del Estado español, tienen la obligación política, constitucional y moral, de encontrar una solución dentro de la política.
Ni el Gobierno de España, ni el Jefe del Estado, que desde mi opinión, ha dejado de lado su obligación constitucional de mediación, para ponerse al servicio de una parte, han entendido que el conflicto no emana por tanto, ni del Parlament, ni del Govern, ni de Puigdemont, Forcadell o Junqueras, ni de ningún otro político; sino que emana de la aspiraciones legítimas a su derecho a decidir de los Josep, Nuria, Toni, Pere, Eduardo, Cecs, Joan, Marta, Oriol… ciudadanos que se levantan a las seis de la mañana para ir a trabajar, y ganar un salario, nunca suficiente ni digno, con el que les pagan, a ustedes el salario que cobran todos los meses. Han fracasado en su labor de leer lo que un pueblo pide, y en vez de sentarse a escuchar a todo un pueblo, se enfrentan al mismo. Han fracasado como políticos, como Gobierno, y como Jefe de Estado.
Cuando un Gobierno fracasa desde la política, desde el diálogo y activa un artículo de la dimensión de 155, lo primero que tiene que hacer es dimitir en pleno y convocar al pueblo a elecciones generales por decencia personal, política y democrática. Pero es que el problema es aún más grave. El Jefe de Estado, ha fracasado también en su obligación constitucional de mediación, y por tanto, debiera abdicar por las mismas razones, pero ante dicha dificultad, que menos que enfrentarse al pueblo al que representa, y correr la misma suerte que el Gobierno en las urnas. Que el pueblo decida.
El Govern de Catalunya fue elegido con el mandato popular para realizar un referendo, en el que, a la vista de las continuas negativas de negociar techos competenciales autonómicos recogidos en la reforma paralizada, en el Constitucional por la ceguera política del Gobierno de Rajoy. Decidieran los ciudadanos, que relación o no, quería tener con el Estado español. Esta realidad innegable, nunca fue respetada ni entendida por el sordo y ahora ciego, Gobierno de Mariano Rajoy que no ya, desde este momento, Gobierno de España.
Para volver a instaurar la democracia secuestrada en España, lo primero es parar el 155. Pedir al Parlament de Catalunya que paralice la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), hasta que el pueblo español en su conjunto, elija a otro Gobierno, o bien ratifique al actual. Lo que decidan las urnas. Comenzar a tratar el conflicto desde cero, desde el inicio y buscar una solución democrática y política al problema que han buscado, desde la intolerancia que tanto identifica, desde siempre, a la mohosa y casposa derecha española.
Todo lo que no sea esto, es poner a todo el Estado español en una tesitura insoportable. Si no se para el 155, habrá DUI y entonces ¿qué? ¿Nos obligarán a ver las detenciones de cargos electos, o cómo se interviene un Parlament mientras la ciudadanía sale a las calles y es reprimida con la misma violencia, o más que la vista el 1 de octubre? ¿Y si lo consiguen, llaman a elecciones en Catalunya y el 80% de la población no participa, si a las misma no se presentan los partidos nacionalistas? Que tendrá Catalunya ¿un gobierno elegido por el 20% de la población mientras millones de personas se manifiestan en las calles?
A lo mejor es lo que buscan, para de ese modo dar otra vuelta al tornillo de la dictadura y aplicar un estado de emergencia nacional y recortar aún más las libertades. Provocar, incitar al resto de demócratas a salir a las calles, y entonces ante el caos producido suspender, todas las libertades en España.
Ese es el verdadero riesgo del 155, de que ya nadie duda, que se sabe cómo se entra, pero no como se sale. Ese es el peligro del 155, quizás buscado por este partidismo PP- PSOE-Cs para perpetuarse el poder y entonces sí, y es mi humilde y personal opinión, con la que se puede estar de acuerdo no, considerada como quieran considerarla, están en su pleno derecho, tapar todos los casos de corrupción de PP y PSOE, sacar a los corruptos de las cárceles y sustituirlo por los demócratas que no estén conforme con la línea impuesta por PP y PSOE. Porque a Ciudadanos, una vez usado, lo tiraran como a una colilla al asfalto, para que la primera lluvia lo arrastre a la alcantarilla del olvido.
Es por todo ello, que concluyo y afirmo desde mi libertad de opinión y expresión, que me ampara en la Constitución española a la que tanto defienden y usan para sus intereses. Que la aplicación del 155, es el primer paso para un verdadero golpe de estado, a la voluntad ciudadana en Catalunya y a continuación la española. DIARIO Bahía de Cádiz
