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El rótulo de ‘Casas Consistoriales’ debe desaparecer del Ayuntamiento

La delegación territorial de Cultura de la Junta, a partir de un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ha ordenado al Ayuntamiento de San Fernando la retirada del extemporáneo rótulo de ‘Casas Consistoriales’ colocado en la fachada del Consistorio durante la última fase de su rehabilitación; actuación ya controvertida en su momento en la que se gastaron casi 10.000 euros.

Tras un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de finales de enero, la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía ha ordenado al Ayuntamiento de San Fernando (que acaba de conocer el mismo) la retirada del extemporáneo rótulo de ‘Casas Consistoriales’ colocado en la fachada del Consistorio durante la última fase de su rehabilitación, en el lugar dejado por el azulejo del Sagrado Corazón de Jesús (añadido tras la Guerra Civil, en los primeros años de la dictadura franquista y retirado pese a los nostálgicos).

La colocación de este moderno letrero en un Bien de Interés Cultural (BIC) cogió por sorpresa a todos (teniendo en cuenta que con la demandada y necesaria obra se busca devolver al edificio su imagen original); se decidió al final de la obra y se incluyó sin darle publicidad en el último modificado de alrededor de 200.000 euros más de la misma aprobado en pleno en verano. En concreto, se gastaron unos 9.500 euros en este detalle, tan rebatido por partidos de la oposición en su momento.

El partido político local 3R, alumbrado años atrás del movimiento antitranvía y sin representación municipal, se ha congratulado ya de la decisión que ha tomado la delegación territorial de Cultura, y asegura que fue quien trasladó el asunto a la Junta “con objeto de determinar si era acorde al marco normativo sectorial, en materia de patrimonio histórico y cultural y si se tenía aprobación expresa para ello, y sino fuera así se tomaran las medidas que dieren a lugar”.

Para esta formación, según apunta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “ya hoy es publico y notorio la resolución adoptada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y donde se restablecerá el orden histórico y cultural de esa fachada, y la dejaremos indemnes de ocurrencias, frivolidades y nadería política”.

Desde Cultura también se exige al Ayuntamiento (que promueve estos trabajos, en los que la Junta finalmente ha aceptado costear el 50% -con fondos europeos-, como se convenió a principios de siglo) a que proceda a restablecer la línea de imposta que existía originalmente en la fachada, antes de que se colocara en 1940 el azulejo religioso, incompatible con un edificio civil, que se ha cedido y recolocado hace meses en la Iglesia de San Francisco.

Desde el Gobierno local de PSOE y Cs se asume lo dictado de Cultura y se actuará en consecuencia, pero se asegura que se reclamará a la delegación territorial competente el informe detallado en el que se basan las razones por las que se ordena esta retirada, ya que entiende que se argumentó y justificó la colocación del letrero.

Este monumental edificio del Ayuntamiento es una de las primeras construcciones ligadas directamente a la creación de San Fernando como ciudad, y el edificio más representantivo del periodo neoclásico en la Bahía de Cádiz. Declarado BIC en la categoría de Monumento en julio de 2007, fue diseñado por Torcuato Cayón, quien dirigió hasta 1783 las obras, iniciadas en septiembre de 1778. A Cayón le sucedió Pedro Ángel Albisu. Las obras se pararon largo tiempo y en 1888 las retoma Amadeo Rodríguez. De esta forma, la segunda planta se finalizó un siglo. La construcción se dio por acabada en 1894, aunque posteriormente se acometieron más actuaciones, la mayor parte para redistribuir los espacios.

La obra de rehabilitación en sí comenzaba en la primavera de 2016 (a esas altura se cumplía ya una década con el edificio cerrado y deteriorándose), y a finales de 2017 se confiaba en que pudiera estar rematada antes del verano de 2018… avanzado ese año se dijo que tras el verano; y en octubre, se aplazó esta terminación a principios de 2019. Pasaron las elecciones municipales, y finalmente la última fecha para su reapertura es esta primavera. La obra está lista, a falta de la dotación de mobiliario y la reurbanización ya en marcha de las calles que rodean el Consistorio. Los trabajos se los adjudicó Vías y Construcciones por casi 8 millones de euros, aunque finalmente la actuación global rondará los 13 millones.

Y el próximo paso natural debe ser la reforma de la plaza del Rey, frente al Ayuntamiento: en los presupuestos municipales para 2020, por aprobarse, se contempla una partida de más de un millón de euros para estos trabajos que implicarán que al fin se haga realidad la moción aprobada en pleno hace ya unos años: la retirada del monumento ecuestre de Varela, en cumplimiento de la ley de memoria histórica.

EL PP QUIERE QUE “PAGUE QUIEN LO AUTORIZÓ Y DIO LA ORDEN”

“Queremos saber tanto quién ordenó poner ese añadido, así como la persona que autorizó su colocación en la portada del Ayuntamiento”, ha apuntado a colación de esta incidencia el portavoz municipal del PP, José Loaiza. Además, pide una respuesta al Gobierno local a la pregunta de por qué se colocó ese rótulo sin contar con autorización, “la misma que se le exige a cualquier ciudadano o persona”.

A decir de esta formación de derechas, “Cavada eliminó el Sagrado Corazón de la fachada bajo el pretexto de que no era un elemento original del edificio, y en su lugar impone unas letras corpóreas de acero inoxidable. No puede gobernar lo público desde la prepotencia. Sus decisiones, como las del resto de ciudadanos, encuentran amparo y límite en la ley. No pueden saltarse las normas a su antojo y mucho menos haciendo uso del dinero de todos”.

Es precisamente por ello que los conservadores quieren conocer quién va a asumir los casi 10.000 euros que se gastó en colocar el rótulo de ‘Casas Consistoriales’, así como el coste de su retirada. “Vamos a pedir que el Ayuntamiento inicie un expediente de responsabilidad patrimonial de las autoridades y empleados públicos, para que se dirima esa responsabilidad y al final paguen los responsables de sus propios bolsillos y no con fondos públicos”, amenaza Loaiza.

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