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El Consistorio isleño apela a la Mesa del Congreso para que interceda y se frene “cualquier actuación injusta e irreversible en La Casería”

Tratando de buscar “salidas consensuadas” al conflicto que afecta a la playa de La Casería en San Fernando, cuyas singulares casetas e instalaciones están bajo amenaza de derribo al estar sin autorización alguna en zona de DPMT, la alcaldesa ha pedido ayuda a la Mesa del Congreso de los Diputados: le ha enviado un escrito en el que le da traslado de la situación. “Existen motivos suficientes para paralizar el expediente”, repite Cavada, insistiendo en la solicitud de Declaración de Interés Público, que promueve el Ayuntamiento.

Pensando en cómo frenar el derribo por parte de la Demarcación de Costas que amenaza la “singularidad” de la playa de La Casería, en San Fernando, la alcaldesa Patricia Cavada ha enviado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados en el que le da traslado de la situación con la intención de reclamar su colaboración para la búsqueda de soluciones “satisfactorias y coherentes, siempre bajo el prisma del consenso y la participación ciudadana”.

Semanas atrás se daba por hecho que el controvertido proceso administrativo iniciado en el último trimestre de 2020 estaba ya en su recta final, culminando el pretendido desalojo y demolición de las instalaciones en zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT), ante un futuro desarrollo del proyecto de recuperación y regeneración del entorno que lleva años en un cajón; eso sí, reclamado a Costas por los sucesivos gobiernos locales (del PA, del PP y del PSOE).

Las pintorescas casetas y otras ocupaciones de este singular rincón de La Isla pueden desaparecer en fechas próximas. Sólo quedaría en pie El Bartolo, señero establecimiento hostelero que ha podido demostrar que cuenta con una concesión de Medio Ambiente. Desde el Ayuntamiento se quiere parar este proceso a partir de la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicadas en este entorno, mediante la Declaración de Interés Público; expediente del que no se sabe mucho más.

“Existen motivos más que suficientes para la paralización del actual expediente y su reconducción a la vía del diálogo para, a partir de ahí, establecer el desarrollo de un procedimiento que, permitiendo la mejora de nuestro litoral, atienda también a una identidad propia de esta parte de la costa y a los legítimos intereses de quienes durante generaciones han mantenido en este pequeño rincón la pesca tradicional y la gastronomía de la zona con productos únicos. Y será en ese momento en el que deba, además, sopesarse la vía legal establecida en nuestra normativa respecto a la Declaración de Interés Público”, argumenta la primera edil socialista en esa misiva.

“EXHAUSTIVO REPASO HISTÓRICO” DE LA CUESTIÓN

En la carta remitida por la primera edil socialista, se requiere a la Mesa del Congreso –presidida por la socialista Meritxell Batet-, en su labor de fiscalización y control a la actividad del Gobierno de España, que traslade a la comisión u órgano que estime oportuno la comunicación de esa solicitud de Declaración de Interés Público “para que se emita la resolución que legalmente corresponda para detener cualquier actuación injusta e irreversible en La Casería, y así poder reconducir la actual acción de la Dirección General de Costas al diálogo, consenso y al estudio y resolución de esa declaración”, y a la que aún no se ha dado respuesta.

El escrito recuerda que el procedimiento municipal de iniciar expediente de solicitud para la legalización mediante Declaración de Interés Público de los negocios de hostelería y restantes instalaciones vinculadas a la pesca tradicional se ha iniciado por la forma de proceder de Costas, “alejada del consenso”, y fue acordado por unanimidad en el pleno del pasado noviembre. Conforme al procedimiento establecido para dicha declaración, se ha recabado informe a la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Costas.

En esta misiva, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se hace un “exhaustivo repaso histórico” de este asunto, del que resalta que compete al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y se explica la peculiaridad de esta playa que se encuentra un asentamiento pesquero situado dentro del DPMT del cual se tiene referencia desde el año 1956 a través de ortofotos obtenidas a través de la web del Ministerio.

Recuerda la alcaldesa que desde mediados de los años 90 del siglo pasado ya se viene reclamando en la ciudad una necesaria inversión en esta parte del litoral para su regeneración y puesta en valor, llegando a redactarse en torno a 2003 un proyecto para la zona que nunca llegó a ejecutarse.

Entretanto, con el paso de los años, este lugar que “ya resultaba llamativo y lleno de encanto”, ha ido adquiriendo cada vez “una mayor trascendencia por su singularidad y atractivo”, convirtiéndose en uno de los paisajes más reconocibles de la Bahía de Cádiz y en un lugar que atrae a numerosos visitantes durante todo el año, siendo además escenario de rodajes de películas, documentales, vídeos musicales promocionales, set fotográfico, etc.

Del mismo modo, la actividad de pesca tradicional desarrollada por más de una veintena de pescadores que salen a faenar en la Bahía, y que mantienen este arte de pesca que se remonta a sus antepasados y que es singular y único en la zona, así como la actividad hostelera desarrollada por dos establecimientos de prestigio por la calidad del producto que cocinan y sirven, “generan un número muy importante de empleos que ha de ser tenido en consideración”, defiende la regidora.

“EN ESTA CASO SE HA OLVIDADO A LA CIUDADANÍA Y AL AYUNTAMIENTO”

El escrito enviado a la Mesa del Congreso recoge la información sobre el inicio del expediente de recuperación del dominio público por parte de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, y se especifica que se encuentra actualmente sometido a recursos por parte de los interesados. Además, como se recalca en la carta, “aunque el inicio de este expediente de recuperación responde supuestamente a un interés de llevar a cabo el proyecto de regeneración de la zona, hoy en día no existen proyecto o financiación comprometida para su ejecución”.

En esta situación, la alcaldesa vuelve a reiterar en la comunicación enviada que, en lo relativo a este conflicto, “es importante no avanzar en procedimientos irreversibles como la demolición de estos establecimientos e instalaciones, algo que no se entendería, máxime cuando se está instando un procedimiento por el Ayuntamiento que no se ha resuelto, cuando los interesados están recurriendo el mismo y cuando se está instando el consenso y la participación de la ciudadanía en este asunto”.

“No ha existido otro interés por parte de este Ayuntamiento, su gobierno y los interesados más que el de iniciar una vía de diálogo, consenso y participación. Principios que han de regir la gestión pública y el desarrollo de nuestras ciudades. Para afrontar con éxito los retos es necesaria la implicación de todos los actores y, en este caso, se han olvidado de dos de ellos: la ciudadanía y la administración local”, interpreta la alcaldesa.

Por su lado, Unidas Podemos anunciaba a mediados de marzo -en paralelo a la manifestación de protesta- que había registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta urgente al Ministerio de Transición Ecológica para pedirle explicaciones acerca del “derribo inmediato” de las casetas de La Casería y si tiene intención de paralizar la operación “atendiendo a la solicitud aprobada por el Ayuntamiento de declaración de interés público”. No ha trascendido si ha habido ya alguna respuesta.

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