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La UCA teme las consecuencias del “tijeretazo” de la Junta

CCOO y UGT, asociaciones estudiantiles y partidos se han concentrado frente al Edificio Hospital Real de la Universidad de Cádiz, en la capital gaditana, para protestar (como en el resto de provincias andaluzas) contra “el injusto tijeretazo” de 135 millones perpetrado por la Junta a las universidades públicas andaluzas y el “gran impacto” que puede tener sobre la UCA y el normal funcionamiento de los diferentes campus. Los rectores exigen la revisión de los recortes (derivados a un fondo social ante el coronavirus) “de forma negociada”.

Representantes sindicales de CCOO y UGT (tras la pancarta ‘Por una universidad pública. Contra la privatización’), asociaciones estudiantiles y varios partidos políticos se han concentrado este miércoles a mediodía frente al Edificio Hospital Real de la Universidad de Cádiz, en la capital gaditana, para protestar (como en el resto de provincias andaluzas) contra “el injusto tijeretazo” perpetrado por la Junta, ahora con gobierno de derechas, a las universidades públicas andaluzas y el “gran impacto” que puede tener sobre la UCA y el normal funcionamiento de los diferentes campus de la provincia, como ya ha alertado días atrás su rector, Francisco Piniella.

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó a mediados de mayo instar al consejero de Hacienda a iniciar las actuaciones necesarias para la dotación de un fondo de emergencia social y económica ante el coronavirus por valor de 700 millones de euros. En dicho acuerdo se decidió que las universidades públicas aportarán a ese fondo 135 millones procedentes de su presupuesto nominativo destinado a la cobertura de gastos corrientes.

Para compensar este “ajuste financiero” se ha autorizado a las universidades a recurrir a sus remanentes de tesorería no afectados y se han acordado otras medidas complementarias: pago de la deuda contraída por la Junta desde el año 2015 y autorización de inversiones con cargo al resto de sus remanentes por valor de 125 millones de euros.

Ante ello, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas, “desde la más absoluta lealtad institucional”, han firmado un manifiesto conjunto en el que reiterando su disposición a que las universidades contribuyan con ese fondo, no comparten “la forma y medida en que se ha hecho”.

“El ajuste propuesto no solo comporta una reducción patrimonial neta para las universidades, sino que genera incertidumbre sobre el futuro al tener que afrontar el mismo, si se aplica la solución propuesta, con un fondo de contingencia que se verá reducido de manera considerable”, se subraya. Además, “en términos plurianuales, el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes supone una reducción de la financiación del conjunto del sistema universitario público andaluz, algo que ya ocurrió en 2019. Así, por tanto, siendo cierto que la capacidad de ejecución del presupuesto de las universidades para este ejercicio económico 2020 no se resiente, la capacidad financiera de las universidades en términos plurianuales se reduce en 135 millones”. Y se repite que esos remanentes de tesorería “suponen una salvaguarda para la estabilidad de las universidades frente a contingencias”.

Es más, como alternativa a esos recortes directos, se entiende que una posibles soluciones podría consistir “en mantener el aplazamiento del pago de la deuda, de manera que esos 126,9 millones sean los que se destinen al fondo, autorizando en paralelo el uso de solo 135 millones de remanentes para su uso en inversiones, lo que además tendría igualmente el efecto de ayudar a reactivar la economía andaluza después de los efectos muy negativos de esta crisis del Covid-19”.

Por todas estas razones, los rectores y rectoras solicitan al bipartito de PP y Cs, alentado por la ultraderecha (que en boca de su consejero de Economía, Rogelio Velasco, habla de “la apuesta incuestionable de este gobierno por la educación superior y la investigación”), la revisión de los recortes, “de forma negociada”, buscando “un consenso que permita a las universidades demostrar su corresponsabilidad con la situación actual, pero sin poner en riesgo el desarrollo digno de sus funciones y su estabilidad futura”.

“El futuro de Andalucía –sentencia el escrito conjunto de los rectores- necesita unas universidades viables, con un modelo de financiación estable y sostenible. No podemos seguir sujetos a vaivenes que pongan en peligro el desarrollo de la universidad y, con él, el de la sociedad andaluza”.

“EL COMIENZO DEL DESMANTELAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS”

“Las universidades públicas son conscientes y responsables con la situación derivada por la pandemia que aún estamos padeciendo, pero es tremendamente desproporcionado que aportemos un 20% al fondo de emergencia social y económica previsto por el gobierno autonómico cuando nuestra financiación representa apenas un 3,5% del presupuesto de la Junta, Una cantidad que supone un tijeretazo del 10% a las cuentas de nuestras universidades”, reiteran a su vez CCOO y UGT, convocantes de la protesta de este miércoles.

Esta medida, añaden ambos sindicatos, “además de demostrar una absoluta falta de sensibilidad política con el papel que juega y que está llamada a jugar la universidad pública, viene a poner en riesgo el desarrollo de los proyectos estratégicos de las universidades para la mejora de la educación superior, y que, en los últimos años, no han podido desarrollar dentro del marco presupuestario, en gran medida por la necesidad de cumplir con los límites de gasto público establecidos dentro de los objetivos de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera”. Un contexto en donde las universidades públicas andaluzas “han demostrado su responsabilidad y han ejecutado sus presupuestos con una rigurosa observación en el cumplimiento de estas medidas de contención”.

UGT y CCOO advierten de que continuarán con las movilizaciones “mientras tanto no se reviertan estos injustos recortes que supondría el comienzo del desmantelamiento de las universidades públicas para conducirlas a manos privadas”.

Y desde IU en Cádiz se abunda que esta decisión de la Junta “no es más que un nuevo ataque a la educación pública, vamos a estar siempre del lado de la comunidad educativa, de los sindicatos y de las asociaciones de estudiantes, para que se apueste por la educación pública y se deje de primar a la privada y concertada”.

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