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Educación, sanidad y hostelería protagonizan un 12-N de ‘luchas’

Jornada de movilizaciones en Cádiz en pleno semi-confinamiento frente al coronavirus. Este jueves han coincidido las protestas de sanitarios frente a la orden del Gobierno andaluz que “recorta derechos” a los trabajadores del SAS; de la comunidad educativa, en una huelga frente a una Junta “que sólo busca mantener una política de desmantelamiento de la educación pública” y sus protocolos anti-Covid; y de los hosteleros, en manifestación exigiendo ayudas que permitan la “supervivencia” de los empleos y las empresas, afectados directamente por las restricciones para contener la expansión del virus.

Jornada de movilizaciones en Cádiz, y el resto de capitales andaluzas, en pleno semi-confinamiento frente a la pandemia del coronavirus. Así, este jueves han coincidido por la mañana las protestas de sanitarios frente a la orden del Gobierno andaluz que “recorta derechos” a los trabajadores del SAS; de la comunidad educativa, en una huelga frente a una Junta “que sólo busca mantener una política de desmantelamiento de la educación pública” y sus protocolos anti-Covid; y de los hosteleros, en manifestación exigiendo medidas y ayudas que permitan la “supervivencia” de los empleos y las empresas, afectados directamente por las últimas restricciones para contener la expansión del Covid-19.

La marcha del sector de la hostelería, que se ha repetido en otros puntos del país, en la capital gaditana sumando más de mil personas ha recorrido tras la pancarta ‘Sin ayudas nos arruinan’ parte de la avenida principal, desde la altura de la plaza Asdrúbal hasta desembocar en la zona de Puerta de Tierra, respetando las distancias de seguridad. Ya sin permiso (la convocatoria terminaba formalmente ahí), un grupo ha continuado hasta las puertas del Ayuntamiento, y generado momentos de tensión con algunos bares y restaurantes abiertos.

La manifestación estaba promovida por la patronal de hostelería, Horeca, que ha hecho llegar a la Subdelegación del Gobierno sus reivindicaciones, comunes con la patronal a nivel estatal: “un plan de apoyo con medidas reales (contando incluso con fondos europeos) que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de la hostelería”.

El sector, que da de comer a unas 40.000 familias en la provincia gaditana, dice estar ahogado con las restricciones impuestas por las distintas administraciones; la Junta de Andalucía tiene decretado hoy día el cierre a las seis de la tarde, ha limitado más los aforos y no permite el reparto a domicilio más allá de las diez de la noche. Por otro lado, lamentan que se señale a la hostelería como culpable del avance de la pandemia, cuando las cifras lo desmienten. Básicamente, las empresas demandan ayudas, y sus empleados poder trabajar.

Por su lado, el Gobierno local gaditano ha vuelto ha mostrar este jueves su apoyo a la hostelería y a exigir a la Junta “un plan de ayudas concretas y directas al sector”. La concejala de Comercio y el de Fomento, Monte Mures y Carlos Paradas, respectivamente, y el Jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, han recibido en el Ayuntamiento a varios de los manifestantes para escuchar sus reivindicaciones y se les ha avanzado que se estudiarán posibles medidas desde la administración local “para paliar la situación de desamparo en la que se siente la hostelería tras las últimas medidas de la Junta”.

FRENTE AL RECORTE DERECHOS A LOS TRABAJADORES DEL SAS

En otro punto de la capital, en la fachada principal del Hospital Puerta del Mar, a medio día se volvían a concentrar representantes sindicales de CCOO, UGT, CSIF Satse y Sindicato Médico Andaluz (SMA) para denunciar el “ataque contra los derechos consolidados” del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Concentrados en el Puerta del Mar

Y es que la consejería de Salud, con la excusa de la pandemia, ha anunciado hace unos días que pretende arrasar “todos los derechos” de los trabajadores de la sanidad pública mediante una orden con la que “se anulan las vacaciones, licencias y permisos, las excedencias por cuidados de familiares e hijos, la reducción de jornada, la jornada mínima de trabajo, los periodos mínimos de descanso entre jornadas, hacen obligatoria la movilidad en los centros y entre distintos centros y localidades”. Además se podrá obligar a realizar funciones distintas a las de su categoría profesional y suspender la exención de hacer guardia a los mayores de 55 años.

Todo esto, se asegura, “lo pueden hacer los gerentes de los centros como y cuando quieran y además contratar sin ningún control a quien quiera, como quieran y el tiempo que quieran”.

La protesta, que se ha repetido en todas las capitales andaluzas, ha servido para demostrar la indignación de los profesionales del SAS ante “este absoluto atropello a sus derechos”. “Llevamos ocho meses trabajando a destajo para paliar los efectos de la pandemia, no merecemos este ninguneo y este maltrato por parte de los responsables del SAS”, señalan desde CSIF en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

Todos los sindicatos implicados exigen al Gobierno andaluz de derechas que retire dicha orden, una “imposición unilateral” sin dialogar con nadie, “de forma inmediata”.

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL, DE CALIDAD Y SEGURA

Por otro lado, la educación andaluza ha vivido este jueves una nueva jornada de huelga, con un seguimiento testimonial, según los datos ofrecidos por la consejería de Educación: un 1,2% del profesorado de niveles no universitarios ha secundado el paro en la provincia gaditana (en toda la comunidad andaluza, el porcentaje baja al 0,4%).

La marcha ante la delegación territorial de Educación / FOTO: Eulogio García

En la ciudad de Cádiz (y en otras de la provincia) se ha desarrollado además una marcha por el centro histórico que partía de la plaza de Mina sobre las 12 horas. Una jornada respaldada por la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, Marea Verde, así como los sindicatos de enseñanza CNT, SADI, SAT y Docentes por la Pública, Escuelas de Calor, AMPAS en pie, Grupo Activo Vuelta al Cole Segura de Puerto Real y colectivos estudiantiles como Juventudes Libertarias, la Federación Estudiantil Libertaria y la Unión Sindical Estudiantil. Adelante Cádiz y Adelante Andalucía han arropado a los manifestantes.

Los convocantes entienden que dos meses después del inicio de este curso marcado por el coronavirus, “todo sigue igual, nada ha cambiado”. En este sentido, se insiste en reclamar “educación presencial, pero con seguridad”.

Las soluciones son claras para la Marea Verde: la contratación de un número significativo de docentes que permita reducir la ratio en las aulas “para impartir una educación 100% presencial, 100% segura y 100% de calidad”; garantizar las sustituciones inmediatas del personal confinado; la contratación pública de más personal no docente; el aumento de los recursos en los centros educativos para atender al conjunto del alumnado y en especial al alumnado NEAE; la necesidad de adecuación y preparación de infraestructura existente para uso escolar seguro; la presencia de enfermeros escolares; la dotación de recursos específicos para los protocolos Covid y su elaboración conjunta con expertos sanitarios; bajas para el personal vulnerable al que se está obligando a ir a trabajar en aulas repletas… “En definitiva, la solución es la inversión en la educación pública”, se subraya.

Por otro lado, se denuncia que se está utilizando la situación de crisis sanitaria “para dar un nuevo impulso a la educación privada”. Primero, la administración concede fondos para la concertada, contratando a más de 1.000 profesores, un acuerdo alcanzado con la patronal educativa a nivel andaluz. Después, aprobando una normativa para permitir los conciertos de las enseñanzas de Bachillerato y FP, “que va a degradar aún más la educación pública y el empleo del profesorado”. Y ahora “se nos viene de forma inminente un decreto mediante el cual se busca establecer que la atención y el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales ejercida por Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y la Interpretación de Lengua de Signos Española (ILSE) sean servicios complementarios de la educación, lo que abre la puerta a su privatización”.

“Si a todo esto sumamos el bloqueo de las bolsas de empleo en la pública, nos encontramos de nuevo una situación de trasvase de unos fondos económicos, que son imprescindibles para la educación pública, a la educación privada que busca que unos pocos saquen beneficios”, se subraya.

En definitiva, se exige tanto al Gobierno central como al Gobierno autonómico “una inversión suficiente en educación pública que permita desarrollar una educación pública 100% presencial, 100% de calidad y 100% segura”.

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