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El Gobierno portuense de derechas liquida la Oficina de Intermediación sobre Desahucios puesta en marcha el pasado mandato

La Oficina de Intermediación sobre Desahucios del Ayuntamiento de El Puerto, puesta en marcha durante el pasado mandato por el entonces Gobierno local de izquierdas, y que ha vivido diferentes momentos de incertidumbre por los impagos de la subvención municipal, ha terminado echando el cierre. El ahora Ejecutivo de PP y Cs no quiere mantener este servicio que ha atendido en cuatro años a cerca de 800 familias.

La Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID) del Ayuntamiento de El Puerto, un servicio puesto en marcha durante el pasado mandato por el entonces Gobierno local tripartito (de PSOE, IU y Levantemos), y que ha vivido diferentes momentos de incertidumbre e incluso parones en su actividad por los impagos de la subvención municipal convenida, ha terminado echando el cierre.

El nuevo Ejecutivo de derechas, de PP y Cs, ha decidido no seguir financiando este proyecto y sin comunicación pública que valga, a finales de diciembre confirmaba a los responsables (que ya se lo temían) este cierre, y la concejalía de Asuntos Sociales trasladaba a las dos trabajadoras que debían desalojar el despacho en la calle Nevería.

La OID nacía como un servicio social gratuito para la ciudadanía atendido por dos profesionales: una abogada y una trabajadora social con la misión de asesorar, informar y apoyar a todas las familias en referencia a cláusulas abusivas de los bancos, riesgo de perder su vivienda por impago de hipoteca, procedimientos de desahucios por alquiler, situaciones de infravivienda u otras problemáticas relacionadas con el derecho a una vivienda digna. Ha estado gestionado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en colaboración con el Ayuntamiento.

En estos años operativo, este servicio ha atendido casi a 800 familias y que ha paralizado “cientos” de desahucios en la ciudad. En concreto, según el reciente balance de la OID, ha alcanzado 14 acuerdos extrajudiciales con los bancos para las devoluciones de cláusulas suelo; han logrado paralizaciones de desalojos en caso de ocupación que han beneficiado a 59 familias; y ha conseguido periodos de carencia en otros 20 casos.

En este 2019, la oficina ha estado cerrada entre abril y septiembre para no seguir acumulando deudas con la Seguridad Social y las trabajadoras, ante el retraso del pago de la subvención municipal anual. En ese periodo, según la PAH, fueron muchas las personas que acudieron con problemáticas de vivienda a la concejalía de Bienestar Social a preguntar por este servicio, sin que se les pudiera atender. Se vuelve a esa situación.

“POLÍTICAS, Y POLÍTICOS, IRRESPONSABLES”

“Puede haber diferentes explicaciones para esta resolución (falta de recursos, ser una propuesta de otros partidos, despreocupación por la situación de la vivienda, especialmente de las familias más vulnerables, entre otras), pero ninguna justifica realmente el cese de un servicio reconocido como ‘útil y necesario’ por el propio gobierno, una semana antes de cancelarlo”, lamenta al respecto el Grupo de Estudios Antropológicos ‘La Corrala’.

A colación, esta entidad recuerda que en su investigación ‘Infravivienda y vulnerabilidad residencial en El Puerto de Santa María’, de 2018, pudo comprobar “la precaria situación en la que subsisten muchas de las familias, especialmente aquellas más vulneradas, demandantes de vivienda pública”. A diferencia de otras ciudades, “el proceso especulativo de la vivienda no se da en un contexto de renovación urbana, sino en unos barrios en avanzado proceso de deterioro, donde las viviendas no cumplen con unos mínimos de habitabilidad”. Y a pesar del alto volumen de infravivienda, no solo física sino también social y administrativa, “apenas ha habido respuesta desde las instituciones, y menos una respuesta eficaz y sensible ante una cruda realidad que reconocen los mismos políticos”.

“Precisamente, uno de los proyectos que, dentro de sus limitaciones, ha podido defender los intereses de esta población vulnerada, ahora ve cerradas sus puertas”, denuncia este colectivo, que afea “la continuación de políticas (y políticos) irresponsables, en este caso en materia de vivienda, que atentan ya no solo contra la calidad de vida de las personas sino contra la propia existencia de muchas familias que continúan pagando los desmadres y la corrupción de aquellos que han mercantilizado lo que debería ser un derecho fundamental e incuestionable”.

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