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“Puede que estemos ante la cuarta anulación del PGOU chiclanero; no ante el cuarto Plan, siempre es el mismo, no quieren rectificar”


Los ecologistas cumplieron su amenaza y presentaron un recurso ante el TSJA contra la aprobación del nuevo Plan General de Chiclana, en vigor desde el último día de 2016. Ya ha sido admitido a trámite. Se basa en dos “claros incumplimientos legales”: la carencia de una Evaluación Ambiental Estratégica y el diseño de crecimientos urbanísticos “injustificados”. Se culpa de la nueva posible suspensión del PGOU, y sería ya la cuarta, “a sus responsables municipales y a la Junta por pretender una aprobación que no se atiene a las normas”. El Gobierno local se muestra tranquilo.

Los ecologistas cumplieron su amenaza y presentaron un recurso ante la Justicia contra la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana, en vigor desde el último día de 2016 y que se vende como que permitirá desarrollar las previsiones de infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la regularización de más de 15.000 viviendas ilegales, a partir de unas ordenanzas específicas. Dicho recurso ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al respecto, Ecologistas en Acción (donde desde hace unos días se integra la asociación medioambiental local Toniza) culpa de la nueva posible suspensión del PGOU “a sus responsables municipales y a la Junta de Andalucía por pretender una aprobación que no se atiene a las normas”.

Estos colectivos recuerdan en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que han participado “continuamente en todas las ocasiones posibles”, aportando soluciones y propuestas constructivas a este Plan General: han presentado todo tipo de alegaciones (unas 300), sugerencias, escritos e intervenciones en los plenos, “en gran parte desoídas”, “quedándonos sólo el recurso de los tribunales dada la tozudez del Ayuntamiento y de la Junta”, se apostilla.

El recurso de Ecologistas en Acción sobre el flamante documento urbanístico presentado ante el TSJA (Agaden ha presentado otro paralelo y espera su admisión) se basa en dos “claros incumplimientos legales”: la carencia de una Evaluación Ambiental Estratégica y el diseño de crecimientos urbanísticos “injustificados”.

“Lamentamos que el Ayuntamiento, con la complicidad de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, haya seguido con un procedimiento fraudulento de evaluación ambiental del PGOU que ha anulado ya numerosas veces el Tribunal Supremo”, se insiste, agregando que “la justificación de que el PGOU está avalado por informes jurídicos es una falacia, ya que dichos informes se han realizado sobre la normativa de evaluación ambiental andaluza, la misma que el Supremo viene considerando de forma reiterada que no se adapta a la normativa estatal y de la UE sobre evaluación de planes y programas.

De este modo, para los ecologistas, “se ha incumplido en el proceso de evaluación ambiental del PGOU de Chiclana la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006 relativas a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente”.

Respecto a los crecimientos injustificados “basta decir que mientras que el crecimiento demográfico de la localidad se está estabilizando y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) son hacia una disminución de la población en medio plazo, se proyectan construir 17.190 nuevas viviendas, lo que supondrían un aumento de población de 41.256 habitantes (un 49,8% de la actual), a lo que habría que unir la legalización de otras 12.859 viviendas”. En este Plan General se recalifican un total de 28.647.604 metros cuadrados de suelos actualmente no urbanizables a urbanos o urbanizables, lo que supone un aumento de 139,4%: “no se justifican estos crecimientos desmesurados en el PGOU como es preceptivo”.

“Puede ser que estemos ante la cuarta anulación del PGOU de Chiclana, no ante el cuarto PGOU; siempre es el mismo, el que el Ayuntamiento no quiere rectificar”, insiste Ecologistas en Acción, que vuelve a sentenciar que “los responsables de una nueva posible anulación no son los denunciantes sino los que diseñan y permiten las cosas mal hechas. Nosotros pretendemos un diseño de ciudad que dé seguridad jurídica a los ciudadanos, que sea ambiental y económicamente sostenible, no especulativo y basado en necesidades reales de los chiclaneros”.

Hasta la entrada en vigor del actual Plan General, de nuevo bajo amenaza de ser tumbado, el planeamiento general de este municipio gaditano estaba constituido por las Normas Subsidiarias de 1987, las cuales son las que se han estado aplicando tras la anulación del anterior PGOU de 2003 por parte del TSJA y el Tribunal Supremo. Además, desde el año 2013, en determinados ámbitos, fueron de aplicación las Normas Sustantivas aprobadas por la Junta, hasta el pasado verano, en la que caducaron. La Chiclana de hoy poco se parece a la de hace 30 años.

AGADEN TAMBIÉN RECURRIRÁ

Por su lado, la asociación para la defensa y estudio de la naturaleza, Agaden, ha iniciado la tramitación de la documentación correspondiente al TSJA con el objetivo de recurrir igualmente el Plan General.

Agaden, junto a Toniza y Ecologistas en Acción ya había presentado alegaciones al documento debido a la falta de Evaluación Ambiental Estratégica, el crecimiento urbanístico desmedido “que contempla la construcción de mas de 17.000 viviendas en una localidad que a día de hoy pierde población y además cuenta con aproximadamente 3.000 viviendas vacías”. “Es precisamente este crecimiento urbanístico injustificado uno de los elementos clave que puede situar el PGOU de Chiclana fuera de la legalidad”, entiende este colectivo verde.

También alegó contra la Ronda Oeste, infraestructura que finalmente fue desestimada por la Dirección General de Costas y contra el proyecto de nuevo hospital en el Pinar del Hierro. Y otro aspecto importante de las alegaciones fue la recuperación de la red de cañadas y vías pecuarias en diferentes puntos junto con medidas correctoras y sancionadoras encaminadas a acabar con el desarrollo urbanístico ilegal.

EL GOBIERNO CHICLANERO, “TRANQUILO”

Mientras, ante estos recursos, la concejala de Urbanismo, Ana González, muestra tranquilidad “puesto que todos los informes que tenemos sobre la declaración ambiental estratégica y los crecimientos urbanísticos son favorables”.

“Afortunadamente vivimos en un Estado de derecho que funciona, puesto que hay unos ciudadanos que entienden que sus intereses no son los que estimaban y proponen el recurso, que la Justicia tendrá que responder. Sin embargo, la admisibilidad del recurso únicamente atañe a que éste se ha presentado en tiempo y forma, es decir, dentro de los meses de plazo que hay para ello, sin entrar en el fondo de la cuestión”, apostilla la edil socialista.

Y avanza que “por lo que nos han trasladado, sí sabemos que se han presentado cuatro recursos administrativos y de uno en el Contencioso”. “No obstante, en relación al recurso ante el TSJA, insistir en que simplemente se ha presentado y admitido a trámite, nada más”, ha incidido.

En cuanto a los dos motivos que esgrimen desde los grupos ecologistas para recurrir, es decir, la evaluación ambiental estratégica y los crecimientos urbanísticos, González ha recalcado que “todos los informes que tiene el Plan General son favorables, tanto para un tema como para otro. Así, Chiclana cuenta con una declaración ambiental estratégica y también cumple la Norma 45 del POTA sobre la incidencia territorial en los crecimientos urbanísticos”. “En ambos casos tenemos informes favorables, al igual que el resto de informes en el Plan General”, ha comentado la delegada de Urbanismo, quien ha añadido que, “en ese sentido, estamos tranquilos, porque no hay informe desfavorable que nos haga vislumbrar que tenga que ser de otra forma”.

“Además –llega a interpretar esta concejala del PSOE- parece cuanto menos singular que los argumentos de ecologistas y de los grandes propietarios de Chiclana tengan una postura común; mientras los ecologistas muestran un bloqueo a que desde este Gobierno se orqueste instrumentos para dotar de servicios básicos a los ciudadanos, los grandes propietarios siempre quieren más”. “Así, esta confluencia da pie a que lo estamos haciendo bien, puesto que estamos en un punto equilibrado e intermedio entre los intereses de unos y otros”, entiende.


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