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Se barajan acciones legales contra el cierre de la Institución

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cádiz estudia emprender acciones legales ante el anuncio realizado por la Diputación sobre el cierre del colegio público Institución Provincial Gaditana. Traslada el apoyo municipal a los padres y asegura que hará de “mediador” entre la Junta, la Diputación y la comunidad escolar. La Flampa y la Coordinadora de la Escuela Pública solicitan la convocatoria urgente de la Mesa Local De Educación.

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cádiz está estudiando emprender acciones legales ante el anuncio realizado por la Diputación sobre el cierre del colegio público Institución Provincial Gaditana.

La edil responsable, Ana Fernández, ha mostrado todo el apoyo municipal a la comunidad escolar y al AMPA del centro después de que se enteraran el pasado viernes de la clausura de la Institución ante “la reclamación del suelo por parte de la Fundación Aramburu Moreno de Mora, propietaria del mismo y que tenía cedido hasta ahora para uso educativo”. Una fundación, por cierto, del Obispado de Cádiz y Ceuta.

“De materializarse el cierre de la Institución no habrá ni un solo colegio público desde el Campo del Sur hasta el Carola Ribed, lo que limita la opciones y perjudica la decisión de los padres residentes en esta zona de optar por la escuela pública, algo que es inaceptable”, subraya esta concejala de Adelante Cádiz.

A decir de Fernández, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “la Junta de Andalucía y la Diputación han realizando una dejación de funciones aprovechando el limbo legal sobre las competencias de uno y otros sobre este centro” y como ejemplo se ha referido “a la falta de inversiones en mantenimiento o el cierre progresivo de líneas”.

Siguiendo las criticas también de la AMPA y de sindicatos, cuestiona que pese que hace meses que la Diputación recibiera la notificación de la Fundación Aramburu de revocar el convenio que tenían firmado desde 1963, “no se nos haya comunicado ni nos hayan atendido pese a las reiteradas peticiones de reunión por parte de este Ayuntamiento al responsable de Educación en la Diputación provincial, Daniel Moreno”. Quizás, señala Fernández, “si nos lo hubieran comunicado podríamos haber hecho presión para mantener el único colegio público que hay en la zona de la barriada de España”.

De este modo, desde el Consistorio, se reitera, “estamos estudiando emprender acciones legales para evitar a toda costa el cierre del colegio”, a la vez que se exige tanto a la Junta como a la Diputación que cumplan con los compromisos adquiridos y construyan el nuevo centro que la comunidad escolar lleva esperando desde 2017 “tal y como avanzó el entonces delegado territorial de Educación, Juan Belizón”.

“Ahora más que nunca hay que posicionarse y sumar fuerzas para evitar que se cierre un colegio que ha sido referente y que da respuesta a las más de 60 familias que tienen matriculados a sus hijos e hijas en la Institución”, sentencia la concejala morada.

SE PIDE LA CONVOCATORIA DE LA MESA LOCAL DE EDUCACIÓN

Desde la Flampa Gades y la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz se entiende a su vez que este cierre anunciado de otro colegio en la capital es “un fracaso institucional colectivo”; “lamentamos que quienes deben velar por la defensa y mantenimiento de los recursos públicos decidan, unilateralmente y al calor de los despachos administrativos, privar a nuestra ciudad de una parte muy importante de su patrimonio público educativo”.

Así, se muestra un “absoluto rechazo” a la “poco transparente decisión” tomada por la Diputación y la consejería de Educación, y, sobre todo, “trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las familias, al claustro y a la dirección de la Institución Provincial Gaditana. El cariño y la fuerza de toda la comunidad educativa está hoy, más que nunca, con esos niños que en septiembre no podrán volver a su cole, con la fractura emocional que ello implica”.

La Coordinadora de la Escuela Pública y la Flampa manifiestan su “perplejidad” tanto por el momento escogido para anunciar este cierre (en pleno estado de alarma, y haciéndolo además coincidir con el proceso de admisión y escolarización, ya iniciado) como por las formas empleadas.

En este análisis, se añade, “no se nos escapa que, por segundo año consecutivo, se pervierte el proceso de escolarización con el cierre de plazas públicas, boicoteando de nuevo la libre elección de centro de las familias. El curso pasado, unidades en el CEIP La Inmaculada y el IES Columela. Este, un colegio entero”.

Pero para la Flampa y la Coordinadora, el cierre de la Institución “no sólo afecta directamente al barrio y a las familias cuyos hijos han hecho de este cole su segunda casa. Nos preocupa que además provoque un efecto dominó sobre sus institutos de referencia, el IES Columela (al que está adscrito) y el IES San Severiano”. Además, su desaparición deja esta zona de extramuros con uno único centro público, el CEIP Carola Ribed, “cercenando así la libertad de elección a la que tanto alude la consejería como seña de identidad de sus políticas”. Sin la Institución, “se elimina de un plumazo ese derecho, que parece sólo reservado y blindado para quienes optan por la privada concertada”.

También parece del “todo irresponsable”, prescindir de un centro educativo “justo cuando en el seno de la comunidad educativa se está debatiendo sobre la necesidad de contar con más espacios e infraestructuras para poder volver con seguridad a las aulas en un septiembre marcado aún por la incertidumbre del Covid-19 y las medidas de distanciamiento social”.

Por todo ello, la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Flampa Gades avanza que esta misma semana solicitará una solicitud formal para que se convoque de urgencia la Mesa Local de Educación, de la que forman parte como entidades impulsoras junto al Ayuntamiento y la delegación territorial de Educación: “vamos a exigir que no se pierda ninguna plaza más en la red pública de nuestra ciudad. Y en especial, en extramuros, completamente invadida por centros privados con un ideario religioso que complica a muchas familias gaditanas el ejercicio del derecho constitucional a una educación pública y laica”.

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